spot_img

Los grupos de autodefensa, reflejo de la incapacidad del estado: Ombudsman

- Anuncio -

Por: Záyin Dáleth Villavicencio

tw: @zayindaleth3_0

En Michoacán la proliferación de grupos de autodefensa, “son reflejo de la falta de capacidad del estado para brindar seguridad a la población”, consideró el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano, tras discrepar sobre la postura de su homónimo nacional Raúl Plasencia Villanueva, respecto a la legitimidad de esta medida adquirida cada vez por más comunidades en Michoacán y en distintas entidades de la república.

Esto, luego de que Plascencia Villanueva advirtiera que no se debe tolerar que se sigan extendiendo los grupos de “autodefensa” en el país  ya que ponen en riesgo la gobernabilidad; “lo que no podemos tolerar es que estas prácticas de hacerse justicia por propia mano se estén extendiendo, pues constituye una situación peligrosa para la gobernabilidad”, aseguró el ombudsman nacional.

Cuestionado respecto a este y reiterados  posicionamientos de la CNDH en contra de las guardias comunitarias, el presidente de la CEDH en Michoacán, considero, “estamos en algunas cosas deacuerdo y en algunas no”, ya que aunque es un asunto muy delicado en primera cuenta “parece que se ha olvidado o dejado de lado la responsabilidad del Estado y me refiero a las autoridades federales, estatales y municipales de brindar protección”.

 Además, indicó que en el caso de las guardias comunitarias los procesos de cada comunidad son distintos y se deben analizar por separado, ya que responden a la necesidad de protegerse y de ahí que los habitantes hacen un esfuerzo común, pues por lo que toca a los casos de la Meseta Purépecha, se reconoce que es una zona en la que la seguridad ha sido muy “endeble”.

Y aunque evitó prejuzgar, la legitimación o no de estas formas tradicionales de autoprotección a la que recurren cada vez más comunidades en Michoacán, el Ombudsman recalco que sea cual sea el motivo, lo esencial es que a través de estas figuras no se avale la violación a los derechos humanos de terceros, aunque en la entidad no se ha presentado ninguna queja ante este organismo por abusos de las guardias comunitarias.

Sin embargo, “lo que si queremos dejar en claro la responsabilidad es del gobiernos, ya que si las personas se sienten seguras, no recurren a la necesidad de formar policías comunitarias”, por lo que hiso un llamado a las autoridades de todos los órganos a garantizar la seguridad a estas comunidades.

La procuraduría por erradicar estas prácticas

En contra parte, el subprocurador Regional de Morelia, Marco Vinicio Aguilera Garibay, advirtió la ilegalidad de las medidas de autodefensa que han emprendido además cerca de 16 comunidades en el municipio de Salvador Escalante, luego de considerar “no es a través de que la gente se arme como se va a dar una solución a estos problemas”.

En entrevista, el funcionario aseguró que la seguridad en lo que a Salvador Escalante se refiere, está garantizada por medio de los operativos interinstitucionales, es decir las bases de operaciones mixtas “que  no han dejado de operar”.

Y respecto a la legitimidad que confiere la Procuraduría General de Justicia en el Estado a las formas de organización de las comunidades originarias, Aguilera Garibay, indicó: “Ya se ha señalado que vivimos en un Estado democrático y de derecho, todos los ciudadanos tenemos que constreñirnos al mismo. En Paramuen, donde se han tenido negociaciones con la Secretaria de Gobierno, ya se están erradicando estas prácticas”.

Además, llamó a la corresponsabilidad de las comunidades que dijo, “se tiene que sumar a través de la denuncia y de confiar en la autoridad con la finalidad que se pueda investigar los delitos, que colaboren en las investigaciones y  que se sumen a los cuerpos de seguridad a través de las convocatorias que se ha hecho para la Policía Municipal y así cumplan con los requisitos establecidos por ley”.

Esto, tras asegurar que para la procuraduría  cualquier persona que tenga un arma prohibida, incurre en un delito federal y será detenida, aunque descartó que los esfuerzos de las comunidades tengan que ver en Michoacán con meros grupos armados.

- Anuncio -spot_img

MÁS RECIENTE

NO DEJES DE LEER