Durante la actual administración federal el ejercicio de la partidocracia y los acuerdos cupulares en el Congreso lograron trasquilar la Constitución Política del país y aprobar las denominadas reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, que en los hechos culminaron un largo proceso neoliberalizador iniciado en la gestión de Miguel de la Madrid por Carlos Salinas de Gortari. La finalidad de dicho proceso en palabras simples es quitar al pueblo de México sus recursos, naturales y de infraestructura productiva, adelgazar al Estado, y dejar esta inmensa riqueza en manos de una cuantas famitas aliadas con el poder político.
Para ello, en los primeros tres años de gobierno contaron con la complacencia y complicidad de los partidos de “oposición”, PAN y PRD, que se sumaron a esos esfuerzos al firmar el llamado “Pacto por México”, que le arrebató al Congreso la facultad de decidir sobre los recursos patrimoniales del país. La Cámara de Diputados en la pasada legislatura actuó como simple oficialía de partes. Las reformas ya se concretaron y sólo faltan detalles legislativos para consolidarlas, las cuales no tendrán ningún problema dado que la Cámara de Diputados, como ha quedado demostrado, quedó nuevamente bajo control del PRI y sus aliados, con una oposición disminuida y salpicada de la dosis de impunidad y corrupción que se requieren.
El pueblo, en el Poder Legislativo, perdió poder para hacer leyes, facultad que implica la posibilidad de regular en su nombre los derechos y obligaciones de sus habitantes en consonancia con las disposiciones constitucionales, que ya fueron totalmente invertidas. Con el ejercicio de la partidocracia se ha corrompido la función legislativa propiamente dicha, así como la de ser órgano de control, que presuntamente consiste en vigilar la acción del poder ejecutivo y la conducta de los funcionarios del mismo, y del poder judicial que estén sujetos a juicio político.
