(10 de octubre, 2015 Revolución TRESPUNTOCERO).- En junio de 2009, Ramiro Ramírez Martínez (de 24 años), Rodrigo Ramírez Martínez (de 26 años), Orlando Santaolaya Villareal (de 23 años) y Ramiro López Vásquez (25 años), fueron convertidos por el Ejército en integrantes del crimen organizado. Frente a más de una veintena de medios de comunicación, se les condenó al desprecio social, asegurando que les fueron decomisados un considerable arsenal en rifles de alto poder y más de 14 mil proyectiles.
Sedena aseguró que a los “secuestradores” se les incautó 17 rifles entre AK-47 conocidos como “Cuerno de Chivo” y AR-15 calibre 223, tres pistolas escuadras 9 milímetros, 278 cargadores, 14 mil 662 tiros útiles, 27 chalecos antibalas, algunos de ellos con camuflaje tipo militar, así como 14 cascos “Kevlar”; dos esclavas de oro una de ellas con el apellido “Ramírez”, 271 dólares en efectivo, 13 placas antibalas, una vagoneta Land Rover, un pick up Ford y un automóvil Mitsubishi, todos ellos de modelo reciente que utilizaban para “delinquir” en el municipio de Playas de Rosarito y Tijuana. Para finalmente, hablar de delitos imputados como la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, robo de vehículos, posesión de armas y delitos contra la salud.
Hoy, en una circunstancia inédita e histórica en México, se da a conocer la determinación tomada por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, la cual condena a México por las torturas cometidas contra cuatro jóvenes por parte de elementos del Ejército en Baja California en aquel año.
Esta es la primer decisión sobre un caso individual contra México que emite este órgano, siendo Baja California una entidad con uno de los más altos números de denuncias por tortura en contra de las fuerzas armadas, dicha sentencia es una resolución emblemática, que nuevamente vienen a respaldar lo aseverado por el Relator Especial de la ONU, Juan Méndez, quien aseguró que en el país la tortura y otros tratos crueles son generalizados, así también se reafirma el informe del grupo de expertos del la CIDH que habla de una grave crisis de derechos humanos, que el Estado mexicano sigue tratando de fingir no reconocer.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CCDH), Amnistía Internacional y actualmente la Organización de las Naciones Unidas tiene una versión completamente distinta del caso de estos cuatro jóvenes. El hecho nombrado los 4 de Rosarito, es una situación de tortura llevada a cabo por elementos del Ejército mexicano en contra de los jóvenes mencionados. La mañana del 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal y Rodrigo Ramírez Martínez, fueron detenidos por soldados en el conjunto habitacional Oceana de Playas de Rosarito, Baja California, sin mediar una orden de detención o presentación, fue ahí donde comenzaron las primeras horas de tortura, por medio de golpizas, asfixia con bolsa de plástico y descargas eléctricas en los genitales.
En el caso de Ramiro, fue detenido en las inmediaciones de un puente peatonal en la carretera libre de Tijuana-Rosarito mientras se encontraba en las horas de descanso de su jornada laboral. En el receso, se encontraba hablando con su pareja por celular, cuando el convoy se detuvo y lo acusó de ser halcón del crimen organizado. Los cuatro detenidos fueron trasladados a dos casas particulares, a bordo de vehículos no oficiales. En el trayecto, así como durante su permanencia en dichas casas, fueron sometidos a actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, demostrados por medio del protocolo de Estambul.
Continuaron siendo objeto de golpes, descargas eléctricas y asfixia. Además, fueron víctimas de tortura psicológica, ya que amenazaban con matarlos, poniéndoles una pistola en la cabeza, si no se declaraban culpables de un secuestro. Ellos contrario a lo legal, no fueron trasladados al Ministerio Público, sino a la II Zona Militar, en el denominado “Cuartel Morelos”, en donde fueron presentados ante los medios de comunicación como una “banda de secuestradores”, quienes hasta la fecha en su mayoría los siguen catalogando como ‘delincuentes’. A los jóvenes se les acusó de cometer varios delitos federales en flagrancia, aunque se ha comprobado que no fueron detenidos en el lugar en el que los militares señalaron en su parte informativo, porque éste ni siquiera existe.
Ellos permanecieron detenidos en instalaciones de la Segunda Zona Militar en Tijuana, Baja California, del 16 al 20 de junio, días durante los cuales persistieron los malos tratos, ya que los mantenían amarrados de pies y manos antes de dormir y amordazados con cinta adhesiva. No les permitían ingerir alimentos ni agua, ni realizar sus necesidades fisiológicas. Durante estos días sus familias desconocían su paradero, ya que ni en la Procuraduría General de la República ni en el cuartel Militar les proporcionaban información al respecto.
Mayra López, hermana de Ramiro López, explica en exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO: “nosotros nos enteramos de la detención por los medios de comunicación, cuando los exhibieron como delincuentes, como ya era tarde ese día, fue hasta el siguiente que me presenté en la Procuraduría General de la República (PGR), para conocer la situación legal, ahí hablé con el Ministerio Público, quien me dijo que Ramiro estaba detenido en las instalaciones de la zona militar y que no podíamos verlo por las investigaciones que estaban haciendo, como abogada estuve insistiendo, para que me otorgara un permiso, porque ni siquiera tenían derecho a un abogado particular.
Fue hasta varios días después que él se pudo comunicar conmigo por medio del celular del ministerio público fue muy pequeña la comunicación que tuvimos, me dijo que estaba detenido y que se encontraba aún en la zona militar, fue cuando se cortó la llamada porque él tenía prohibido decir su ubicación, ya que se suponía debió de haber estado en las instalaciones de la PGR”.
Mayra siguió insistiendo en que le permitieran ver como abogada el expediente de su hermano para conocer su situación jurídica, sin embargo el ministerio público se negó, la excusa que le dio fue que se encontraba disposición del personal militar y no podía ‘rebasar’ la autoridad del ejército, ella comenta que “hubo momento en que accedió a ayudarme de manera extraoficial y me proporcionó el parte informativo, me dijo que mi hermano no tenía prueba que fuera culpable, pero que su obligación era enviarlo con los otros tres detenidos, ‘aunque sabemos que no tiene responsabilidad’, aseguró. Finalmente me dio la autorización para que lo pudiera ver, pero me advirtió que quienes fueran a verlo lo encontrarían golpeado Y en un mal estado físico, pero que no podían hacer ningún escándalo con referencia al hecho porque de hacerlo al marcharse lo podían volver a castigar”.
La familia de Mayra ya no lo encontró en el 28 batallón de infantería y se trasladó a otra zona militar, “mi madre y su en aquel momento su esposa lo encontraron muy golpeado, todavía con sangre en los oídos, amoratado del rostro, le arrancaron las uñas de los pies y no podía caminar porque había sido golpeado severamente las rodillas, también presentó daños en su dentadura, y principalmente el daño psicológico que tenía encima porque no podía decirles absolutamente nada a quienes lo vieron porque estaba custodiado todo el tiempo por militares. Las visitas siempre fueron controladas de esa manera durante todo el arraigo. Aunque el ministerio público también aceptó que mi hermano había sido víctima de tortura”, explica Mayra.
Quien denuncia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sido defensora de las víctimas sino de la Sedena, ya que cuando se interpuso una primera queja, pasó un año para tener una resolución, la cual fue negativa, ya que se les avisó que quedaba sin materia porque no habían los elementos que demostraran tortura, solamente existían faltas administrativas, sin embargo, ante la insistencia de las familias se reabrió la queja en 2010, pero de aquel año a la fecha, se ha llegado al punto en que ya casi se va a emitir una sentencia a los jóvenes y la comisión no ha podido integrar una queja, “han puesto muchas excusas para no hacerlo, se les ha dado lo que han pedido, todas las pruebas y documentaciones las hemos aportado pero no hemos tenido resultados lo único que nos dijeron es que nos darían acompañamiento para ir hablar al cuartel militar y así llegar a un acuerdo con la Sedena para que nos otorgará cierta cantidad, lo cual parece ser una trampa porque nunca se comprometieron a emitir una recomendación, por eso nosotros como familias de las víctimas no vamos a aceptar dicha sugerencia hasta que emita un documento la CNDH que respalde a las víctimas y no defienda a los militares, porque eso parece que está haciendo”, asegura Mayra.
Durante la conferencia “México es condenado por tortura en decisión histórica de la ONU: una gran victoria para las víctimas”, Javier Enríquez Sam, Coordinador General del Colectivo Contra la Tortura explica “no se puede ser juez y parte en un mismo hecho, porque es así como se perpetran los casos de impunidad en delitos de torturas, también es preocupante que los médicos se sigan manejando con incumplimiento de la ética profesional, ya que realizan estudios donde niegan que la víctima haya padecido tortura, como en este caso.
La CNDH realizó un estudio médico, el cual tiene tantas deficiencias que por eso no termina de integrar un informe y una recomendación porque el médico dice que sí encuentran lesiones y pueden ser relacionadas con tortura, pero el psicólogo dice que no encuentra nada que puede estar relacionado con la tortura, entonces encuentras un estudio en donde ambas partes se contradicen y no sirve para nada. La aplicación del protocolo de Estambul también fue realizada por la PGR y resultó que no existía tortura, pero nosotros intervenimos con todas las evidencias que logramos encontrar resultados médicos que muestran cómo van evolucionando las lesiones, las cuales corresponden muy bien a los tiempos en que fueron detenidos y afectados”.
Por su parte Madeleine Penman, Investigadora para México de Amnistía Internacional aseguró que el caso de tortura de los 4 jóvenes no es nada excepcional, por el contrario casos como ese son totalmente normales en México. “Es normal en México que las personas sean detenidas sin orden de aprehensión, también que las confesiones sean tomadas después de haber aplicado tortura y tratos inhumanos, durante horas, es normal que los ministerios públicos en este país nieguen la tortura. En este caso ante un juez los cuatro jóvenes denunciaron haber sido torturados pese a eso nunca se investigó el hecho e incluso se negó que ellos hubieran declarado tal cosa”.
Asegura que durante su informe de 2014 encontraron distintos casos sobre la tortura en México y puntualmente Baja California, figuró con más casos a nivel nacional. “Este caso es una representación de lo que sucede todos los días en México, ellos tenían menos de 30 años cuando fueron detenidos, eso habla que las vidas de cuatro jóvenes en plena juventud fueron rotas, porque la tortura no es un hecho que desaparece fácilmente, es una huella que queda permanente”, dice Penman, quien asegura que ya con la resolución de la ONU, México tiene la oportunidad de hacer un cambio, ya que ante el fallo de orden internacional se tiene 90 días para responder, “a ello nosotros esperamos que el Estado mexicano demuestre su voluntad para hacer algo en este caso, porque desafortunadamente hemos comprobado que en este país aunque existan muchos casos la investigación es casi nula, desde 1991 han habido apenas siete sentencias lo que significa que la impunidad es absoluta para este flagelo.
En el país la tortura va en aumento, depende nada más el Estado mexicano que quiera erradicar esta tendencia, este fallo internacional tiene que ser tomado en cuenta porque es histórico y muy importante esperamos que el Estado mexicano pueda comenzar a resolver esos casos en su propio país y no tener que cruzar el Atlántico ir a Ginebra para traer justicias a personas de Baja California”, sentencia Penman. Quien asegura que de 2003 a 2014 las quejas por tortura en contra de las fuerzas armadas de México aumentaron hasta un 600 %.
