Por: Zazil Carreras
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Las radios comunitarias son indispensables para la difusión de derechos humanos. Muchas de ellas se localizan en zonas de alta marginalidad o incluso en zonas de conflicto y, paradójicamente, esta misma situación las coloca en una situación de vulnerabilidad ya que son perseguidas y amenazadas por grupos delictivos y en la mayoría de los casos, la persecución proviene del Estado.
Uno de los ejemplos sobre el asunto lo tenemos recientemente en Latinoamérica. El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) denunció que se ha ordenado el cierre de una radio comunitaria y retirado materiales de información turística que configuran un grave atentado contra la libertad de prensa y la libre expresión de las ideas en ese país.
Señalaron en un comunicado remitido a Uruguayaldia que “en el departamento de Tacuarembó, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (URSEC) ordenó el cierre de Radio Comunitaria La Kandela FM 94.5 alegando, aparentemente, que la difusión de un teléfono celular para recibir donaciones de apoyo indicaría que no es un emprendimiento sin fines de lucro sino una actividad comercial. La ley no prohíbe a las radios comunitarias pasar publicidad, siempre y cuando no se persigan fines de lucro. La ley busca que esas radios sean “comunitarias” y no proyectos mini empresariales disfrazados”
Agregan que “la Kandela es una radio comunitaria reconocida por los más diversos sectores de la sociedad de Tacuarembó y es afiliada a ECOS, la Federación de Radios Comunitarias del Uruguay. Entre los temas que integran la prédica de esta radio se encuentran la defensa de la libertad y diversidad sexual, la denuncia de violaciones a los derechos humanos en las cárceles locales, la defensa de la libertad de prensa y los derechos sindicales de los obreros de la construcción y las trabajadoras domésticas. En el local de La Kandela funciona una biblioteca popular, se desarrollan actividades culturales y se reúnen diversas organizaciones sociales. Esta radio fue ganadora del Fondo Para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el interior del país 2010 del Ministerio de Educación y Cultura. Por último, La Kandela es integrante de la Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua que se encuentra recogiendo firmas para la realización de un plebiscito que prohíba la megaminería metalífera a cielo abierto en todo el departamento”
Asimismo el comunicado hace referencia a que paralelamente, “en la costa oceánica, funcionarios de la Dirección de Turismo de Rocha ordenaron el retiro de los puestos de información turística de la Guía Verde de La Pedrera, junto con el resto de la folletería que expresa su desacuerdo con los megaproyectos de puertos en esa zona. Al recibir la protesta de varios emprendimientos divulgados en la Guía Verde, una funcionaria ordenó pegar con cola las páginas donde se informa sobre los megaproyectos para impedir su lectura, anulando también la hoja de Buenas Prácticas recomendada por la Organización para la Conservación de Cetáceos (OCC), que promueve los avistajes de la ballena franca”
Este tipo de acciones no solo ocurren en Uruguay. En México, no solamente se acosa a las estaciones de radio comunitarias para lograr el cierre de las mismas, a estas violaciones a los Derechos Humanos se suma el inicio de procedimientos penales en contra de los integrantes de las radios, según el informe “Situación de las radios comunitarias en México”, elaborado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (AMARC).
Las estaciones de radio perseguidas y que están en la mira de los “enemigos de la libertad de información”, como los ha calificado Reporteros sin Fronteras en diversas ocasiones, son estaciones que cumplen con un papel informativo valioso, mientras los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo un papel informativo preferente y que, como se comprueba en muchos países, han sido ocupados por grupos políticos y del poder para transmitir información o contenidos puntuales y veraces que sea de utilidad para los sectores sociales.
RSF ha reportado un creciente número de periodistas de la radio que son detenidos e incluso asesinados, la mayoría pertenecientes a radios comunitarias. En México la situación de las radios comunitarias no dista de lo que sucede en otras latitudes, toda vez que AMARC señala que los agentes del Estado son sus principales agresores.
En su informe, que abarca de 2011 a julio de 2012, AMARC detalla que además a los servidores públicos y los agentes que actúan con el aval del Estado, se ha sumado el crimen organizado que mediante extorsiones o amenazas obstaculiza la labor de las radios y su cobertura informativa, lo que las obliga a la autocensura como forma de autoprotección.
Según la información de AMARC, el Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Secretaría de Gobernación (Segob), y la Procuraduría General de la República (PGR), ha enviado operativos a cargo de la Policía Federal con más de 100 elementos para cerrar estaciones que operan sin permiso.
A esos operativos se suma el inicio de procedimientos penales por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que según AMARC actúa a instancia de los concesionarios locales y los grandes medios. También se integran averiguaciones previas infundadas y se emiten órdenes de aprehensión contra el personal de esas emisoras.
Las acciones penales cobran relevancia porque en México la Ley Federal de Radio y Televisión estipula una sanción administrativa a quienes utilicen una frecuencia sin permiso, pero las autoridades han optado por una “política persecutoria y de criminalización”.
AMARC indicó que entre 2010 y 2011 se presentaron agresiones contra las radios comunitarias, tales como declaraciones de desprestigio por parte de funcionarios; extorsiones del crimen organizado; amenazas por correo electrónico; hostigamiento sexual a las trabajadoras, y allanamiento de instalaciones.
