(13 de octubre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Según el informe presentado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, asegura que en el país pero específicamente en Baja California, las instituciones de seguridad del Estado (militares, y cuerpos federales, estatales y municipales de policía) han cometido crímenes graves, en particular torturas y desapariciones forzadas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y por realizarse como parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones definidos y el carácter organizado de las actuaciones.
Asimismo, se explica que se trata de actuaciones que no son esporádicas ni aleatorias, sino planificadas, que siguen un patrón específico y que se realizan como parte de una pauta de conducta encaminada a llevar a cabo estos actos en aras de asegurar la legitimidad de una política de Estado que se revela, entre otros, por los recursos utilizados, en particular de instalaciones militares y de policía, con métodos de tortura comunes, es por ello que ese tipo de hechos se consideran constituyen crímenes de lesa humanidad.
El contenido de dicha “Comunicación”, presenta un panorama de la situación en la entidad, para enfocarse así al caso de los 4 jóvenes detenidos en Rosarito, y por los cuales la ONU emitió una condena por tortura contra el Estado mexicano. Resolución que al conocerla Reyna Martínez, madre de Rodrigo y Raúl, le pareció increíble, debido a todo el “suplicio” que asegura vivió todos estos años.
Ella recuerda y narra a Revolución TRESPUNTOCERO que, “Rodrigo y Ramiro, junto a otros amigos fueron detenidos por una decena de militares, cuando se encontraban en un condominio, los hombres iban encapuchados y vestidos de negro, ellos comenzaron a torturarlos poniendo bolsas de plástico en sus cabezas y parándose encima de ellos para después patearlos. Todo esto pasaba, mientras que afuera del edificio se encontraban medios de comunicación que habían sido llamados para que conocieran de la detención de los que llamaron ‘cuatro secuestradores’.
Mucha gente sacó fotos del operativos y así fue como se identificaron que los vehículos pertenecían a Sedena. Se dijo que los militares fueron directamente contra ellos porque habían recibido una llamada anónima que los inculpaba como secuestradores, sin embargo no llevaban orden de aprehensión, por eso fue una detención arbitraria. Tristemente yo me enteré por medio de las noticias, pasé a comer a un restaurante, después de una cita médica, porque mi salud no estaba en buenas condiciones, cuando en la televisión del lugar pasó un corte informativo donde mis hijos fueron presentados como criminales, casi me provocaron un infarto”.
A partir de ahí, Reyna asegura que inició una travesía de investigación para saber que había detrás de la detención de sus hijos, ya que sabía que las autoridades nunca lo iban hacer por ella. “Dos de las situaciones que me llamaron más la atención fue que, le pedí en un primer momento a la administradora que me ayudara prestándome los videos que habían quedado grabados en sus cámaras de seguridad, donde se veía la detención de mis hijos, pero me dijo que ya no los tenía, que los militares le hicieron preguntas acerca del condominio y al darse cuenta de las cámaras ellos borraron los registros y le dijeron a ella que, ‘ahí no había pasado nada’.
Tuve la esperanza de obtener alguna otra prueba yendo al C4, a quienes pedí que me proporcionaran la grabación de la llamada que se hizo donde supuestamente acusaba a mis hijos y a los jóvenes de secuestradores, sin embargo me dijeron que esa evidencia se había borrado, que ellos no mantenía ningún tipo de archivo sobre las llamadas que recibían, lo cual se me hizo muy raro pero no me dieron mayor explicación”.
Nancy López, directora del área de defensa de la CMDPDH declara a Revolución TRESPUNTOCERO que “el caso mantenía una grave falta de investigación por parte del ministerio público, una constante recriminación y revictimización hacia las personas, además de la negativa por parte de los jueces de excluir evidencia exhibida, en definitiva un proceso penal lleno de irregularidades, por las cuales las personas se encuentran desde hace cinco años en prisión preventiva sin una sentencia, por eso recurrimos a la ONU en busca de acceso la justicia, esperando que un tribunal internacional sí reconociera lo que se estaba negando a nivel interno.
El proceso duró alrededor de tres años ante ONU, en el cual nosotros probamos que a través de las inconsistencias del parte informativo, de los documentos oficiales en donde daban otra versión sobre cómo ocurrieron los hechos, la tortura y los exámenes médicos físicos y psicológicos que se le practicaron a los jóvenes y que determinaron que habían consecuencias físicas y psicológicas que formaban parte de los actos de tortura, se logró que se tomara en cuenta el caso, todo un proceso difícil pero se llegó incluso pese a la negativa constante del Estado mexicano de aceptar que el país comente tortura generalizada”.
López asegura que en reiteradas ocasiones se ha intentado cerrar la averiguación previa, y en incontables ocasiones se dio a conocer que los únicos peritajes válidos para efectos de una investigación son los que realizan las mismas autoridades de la PGR “que como sabemos el 90 % de los casos resulta negativa la situación de tortura, porque se realizan mal, porque no toman en cuenta todas las pruebas y sobretodo porque las analizan en poco tiempo sin tener un método efectivo para la investigación de actos de tortura.
La condena que ONU emitió en contra de México por tortura en este caso demuestra nuevamente que estamos en una situación crítica en cuanto a este tema, por lo mismo es urgente y necesario que se erradique del país esta práctica que han adoptado las Fuerzas Armadas. Estamos viendo un Estado que solapa y por lo tanto genera impunidad, que al mismo tiempo da como resultado la repetición de los actos de tortura; cuando se dice que esta práctica en México no se tolera es una mentira, ya que no se sanciona a los responsables, por lo tanto hablamos de un Estado que incumple e impulsa la comisión de tortura, en definitiva hablamos de un Estado cómplice en tanto no investigue y sancione todos los casos en donde se denunció este delito”, sentencia López.
Actualmente, los 4 de Rosarito aún padecen las secuelas de la tortura. Orlando Santaolaya aún tiene dislocada la mandíbula producto de los golpes; Rodrigo Ramírez tiene un hematoma en el cuello que ha requerido intervenciones quirúrgicas; Ramiro Ramírez tiene una lesión en la columna vertebral; y Ramiro López perdió un oído a causa de los golpes recibidos en la cabeza.
Mayra López, hermana de Ramiro López afirma a Revolución TRESPUNTOCERO que “si México respeta los tratados internacionales que ha firmado, próximamente podría estar viendo a mi hermano en libertad. Para nosotros esta determinación que ha tomado el Comité de la ONU es un logro no sólo para este caso, sino para todos los que hoy esperan una respuesta porque nos da una esperanza de solución, teniendo confianza en que el gobierno respete la determinación.
Porque es injusto y vergonzoso que las familias que viven casos donde las fuerzas armadas detuvieron en forma ilegal a sus seres queridos y los torturaron, tenga que ir a buscar justicia a organismos internacionales, porque el gobierno solapa las acciones que sus elementos de seguridad; ninguna persona debería recurrir a un organismo de otro país para pedir respeto y justicia”.
Reyna declara, “cuando me entero de la resolución de la ONU por medio de la CMDPDH que ha dado acompañamiento al caso, nuevamente llegó la esperanza seguida de una emoción pensando en las posibilidades de libertad de mis hijos, sólo espero que el gobierno federal se dé cuenta de todas las anomalías y las violaciones a derechos humanos que han perpetrados los militares y asuma su responsabilidad de resarcir el daño.
Lo cual sería gracias a la CMDPDH, porque las organizaciones que nada tienen que ver con el gobierno son las que ayudan al pueblo, porque todas las dependencias incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) provocan por medio de sus malos tratos o su falta de trabajo, la desesperación de los familiares de las víctimas para que se arrepientan de estar ahí y abandonen los casos y sus familiares. Dos de las peores experiencias fueron, cuando el ministerio público no me tomó declaraciones sobre la tortura hacia mis hijos y me obligaban a ir a dar mis testimonios al ministerio público militar justo con quienes habían cometido la tortura y también al recurrir a la CNDH que nos ha dado largas, se ha puesto de parte del ejército y nos ha querido meter en el batallón para ‘negociar’ una cantidad de dinero, en eso sí han estado muy pendientes e insistentes, pero cuando exigimos la recomendación, para eso sí hay muchos pretextos”.
Reyna asegura que ella también padeció violaciones a derechos humanos por parte de los militares, quienes a partir de la detención de sus hijos y de las denuncias que se realizaron en contra del Ejército, los soldados llegaron constantemente a su casa a hacer cateos diciendo que buscaban droga, “lo peor fue que nos tuvimos que cambiar tres veces de domicilio en busca de paz y alejarnos del acoso de los soldados, sin embargo, en esas tres ocasiones nos encontraron e hicieron lo mismo finalmente nos dijeron que deberíamos de ir al batallón donde torturaron por primera vez a mis hijos, para que negociáramos una cantidad de dinero a cambio de nuestro silencio. Esto como estrategia nueva, después que no les funcionó a la intimidación y persecución que han ejercido contra nosotros durante todos estos años”.
La madre de Raúl y Rodrigo comenta que después de haber padecido desprecio y tanta violencia, pese a la resolución de la ONU sigue temiendo por su vida y las de sus hijos, ya que asegura no le tiene confianza al gobierno Federal “al contrario le tengo miedo también al ejército, porque si nuestros jóvenes lograr salir el ejército les podría querer hacer algo por represalias, por eso vivimos en un pánico constante. El Ejército es una institución con mucho poder por eso son intocables, incluso para el gobierno federal que al mismo tiempo ha sido uno de los más corruptos y de los que más ha violado los derechos humanos, de todos los tiempos”.
Durante la conferencia de prensa que dio a conocer la resolución de ONU sobre este caso, Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional, asegura que pese a que PGR tiene informes que demuestran que en 2014 se duplicó el número de denuncias que se tuvo en 2013, no tienen registrados en qué estados se perpetraron estos actos, si son hombres o mujeres, pero se puede observar que todas las Fuerzas Armadas se encuentran involucradas en estas situaciones, hechos preocupantes en este país donde se pretende erradicar la delincuencia.
Recientemente el gobierno mexicano informó que atendería la condena por los hechos cometidos por militares en 2009, en agravio de cuatro hombres en Baja California. La Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores aún analizan los pasos para atender la resolución del comité de la ONU, que demanda la liberación inmediata de quienes fueron torturados por elementos del Ejército, así como la reparación del daño a las víctimas.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaró a medios de comunicación que ha girado la orden de otorgar atención medica inmediata a los jóvenes (luego de seis años) y aseguró que cumplirán con las obligaciones derivadas de la resolución.
