Algún significado habrán de tener frases como las siguientes: “en Cocula, nada es cierto”; “la PGR ha cometido toda clase de anomalías y ocultamientos”; “tenemos confianza en ustedes porque el gobierno no puede hacer nada”; “solicitamos que se queden hasta que se esclarezcan los hechos y aparezcan nuestros hijos, además de que ayuden a que se castigue a los culpables”. Todas ellas fueron pronunciadas por los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos y expuestas a través de un video dentro de la reunión que sostuvieran autoridades mexicanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Washington.
La comparecencia pública puso de relevancia nuevamente la grave crisis de derechos humanos en México, que fue destacada en el análisis de cada uno de los temas: el caso Acteal; el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa; la revisión de las políticas de drogas y derechos humanos; y sobre todo en el análisis del tema de las ejecuciones extrajudiciales, en donde se ha llegado a extremos inaceptables en las consecuencias de la lucha contra los cárteles de las drogas.
Mientras los activistas defensores de derechos humanos del país insistieron en que la guerra contra las drogas y la militarización asociada a ella se reconocen como el detonante de la violencia que se vive en muchas regiones de la República, y que las ejecuciones extrajudiciales son la representación de las consecuencias de estas políticas en un Estado impune, los representantes de la administración de Enrique Peña Nieto respondieron que todos los casos denunciados están siendo investigados, insistieron en que “vamos por el camino correcto”, y justificaron el uso de las fuerzas armadas contra las organizaciones criminales por la capacidad de fuego que han alcanzado.
A pesar de que Roberto Campa Cifrian, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, insistió en que hay un compromiso del gobierno mexicano con la independencia, transparencia y efectividad de las investigaciones en curso, poco pudieron argumentar los funcionarios mexicanos ante las evidencias que se incluyeron en el informe del caso Ayotzinapa, que fue presentado ante el pleno de la CIDH, en el que se retrataron las fallas del sistema de justicia en México y también en el caso Acteal, donde fueron asesinados 45 indígenas por grupos paramilitares, que representan la impunidad en la que habitualmente quedan las masacres en este país.
La audiencia se llevó a cabo apenas una semana después de la visita in situ de integrantes de la CIDH en México, en la que se constató la grave crisis de derechos humanos que se resiente en el país, que se caracteriza por una situación de extrema inseguridad y violencia, reflejada hasta en las mediciones oficiales del Inegi; las graves violaciones a derechos humanos, en particular desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; la profunda impunidad y la atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.
VERDADES AL ROSTRO
Dada la rudeza de las expresiones dichas por los familiares de los normalistas mismas que revelan la nula investigación de los hechos, Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, no tuvo más remedio que mostrarse humilde y aceptar que los expertos del GEI se queden, se tomen en consideración cada una de sus recomendaciones, que se sigan las investigaciones, y dio una serie de posiciones que hablan más del burocratismo y de la lentitud con la que se manejan en las instituciones de legalidad e impartición de justicia que de las intenciones serias de llegar al fondo de este asunto que al ser de exhibición internacional deben prestarle atención.
Se dedicó una y otra vez a reconocer “de manera puntual” el trabajo realizado por el grupo de expertos y reconoció que ello se debió a la intervención de los familiares que así lo motivaron. Dijo, como si se tratara de canonjías, que “el gobierno ha permitido que se llevan a cabo todas las acciones que, debo reconocer, han sido fundamentales para el avance de la investigación”. Habrá que ser muy claros y señalar que tales “avances” están en lo oscurito porque hasta ahora los familiares de las víctimas han denunciado una y otra vez que no hay absolutamente nada. De nuevo y como si se tratara de un hecho en el cual están condescendiendo, señaló que “las PGR reconoce la legitimidad del reclamo de justicia por los hechos acontecidos y afirma que la investigación de los delitos se encuentra abierta y no cerrará hasta que sea castigado el último responsable de lo sucedido el 26 de septiembre”.
Dijo también que, como si no hubiese transcurrido ya más de un año, habrá un replanteamiento de la investigación con supervisión internacional y señaló la participación de un área dentro de la fiscalía de personas desaparecidas para hacerse cargo de las denuncias de personas no pertenecientes al grupo de los 43 y que tampoco aparecen y han sido denunciadas. Hubo, porque no hay otro remedio, una aceptación a la permanencia y a los informes e investigaciones a cargo del Grupo, mismas que, dijo, se integrarán al expediente ya existente. Para ahondar en esa vergüenza ajena que ya parece sello para muchos ciudadanos mexicanos, el funcionario señaló que van a usar tecnología de acuerdo las sugerencias recibidas. O sea que todo lo que han hecho ha sido artesanal y suponemos que estarán ciertos de que el pensamiento de millones y millones es igual y por lo tanto susceptible a creerlo todo, hasta esa fantasiosa incineración.
Hubo otras denuncias en las que se habla de malos tratos y torturas y al respecto señalaron que los que están detenidos por supuesta participación en los hechos de Ayotzinapa, tienen la oportunidad de que se les practique el Protocolo de Estambul, de nueva cuenta como si se trata de una consideración, de una canonjía, de mostrar que el gobierno mexicano es “buena onda”. Y, de nuevo dando muestras de que sus avances serios, formales, legales, son nulos, Betanzos sostuvo que lo que les ha señalado el GEI les ayuda a trazar nuevas líneas de investigación relacionados con otras responsabilidad a partir del desahogo de diligencias ministeriales.
Habrá, dijo, investigación de responsables señalados por expertos, o sea de nuevo a partir de una nada, de puntos en los cuales han estado enredados merced a todas las mentiras y alteraciones que han pretendido tanto de la zona en la que desaparecieron los normalistas como en los lugares en donde se dijo se encontraron después hasta quedar reducidos a cenizas o ser arrojados a unas aguas de las cuales no lograron obtener las pruebas suficientes para determinar que lo que dijeron era la más estricta verdad. Se habló también de la participación de expertos en la unidad de análisis financiero para cruzar información. ¿Financiero en hechos de esta naturaleza? Solamente que en ello quieran de nueva cuenta sacar a relucir la participación del narco en complicidad con autoridades y admitir que hubo camiones en los cuales se pretendió trasladar droga.
Nuevas líneas de investigación es lo que prometieron para el futuro y en ello lo que hay es tiempo… para que concluya el sexenio.
MILITARES SOLO ANTE EL MP
En el medular tema de la petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de entrevistar a los militares del 27 Batallón de Infantería, sólo se logró acordar con los representantes del Estado mexicano que únicamente el Ministerio Público podrá entrevistarlos. Desde el mes de agosto se tomó la declaración de 16 militares que fueron señalados por el grupo de haber estado presentes en los hechos, pero los expertos no han recibido las declaraciones. El acuerdo alcanzado en la CIDH establece la verificación y realización de solicitudes de entrevistas, que se consideran vitales para la búsqueda de los normalistas.
A pesar de que en la audiencia en Washington representantes de la Organización Civil Las Abejas y diversos centros de derechos humanos señalaron que la masacre de Acteal, donde fueron asesinados 45 indígenas, incluidos niños y mujeres embarazadas, en diciembre de 1997, fue consecuencia de una “estrategia contrainsurgente” del gobierno federal en contra de los zapatistas, los funcionarios mexicanos también rechazaron cualquier responsabilidad del Estado mexicano en dicha masacre, con el argumento de que no hay ningún informe o recomendaciones que acredite alguna responsabilidad de agentes del Estado.
