(21 de octubre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este martes 20 de octubre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -designado para coadyuvar en las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa- presentó el informe que da cuenta de los resultados obtenidos a seis meses de su llegada a México.
Con la presencia de representantes de los familiares de las víctimas así como de funcionarios del gobierno mexicano, el GIEI explicó los hallazgos más importantes que ha obtenido sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, entre ellos, que el incendio en el basurero de Cocula, tal y como lo plantea la versión oficial, no es posible. De igual forma no quitó el “dedo del renglón” y reiteró la importancia de entrevistar a los elementos castrenses del 27 batallón de Iguala.
En la audiencia se dio a conocer la disposición de todas las partes involucradas de extender el mandato del GIEI para que sus labores continúen seis meses más. Asimismo, informaron de una serie de acuerdos que el gobierno mexicano y los integrantes del GIEI firmaron y que esperan cumplir en este nuevo mandato.
Entre los acuerdos firmados se destaca sacar la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de forma inmediata y trasladarla a un nuevo equipo en la Subprocuraduría de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR). También se contempla integrar el informe del GIEI a la investigación oficial y a partir de los hallazgos de los expertos trazar nuevas rutas de investigación.
Al tomar la palabra, Carlos Beristaín, integrante del GIEI, reiteró a la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, y a los diversos comisionados, que en el caso del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, diversas autoridades estatales y federales están relacionadas con los hechos. De igual forma recordó que en el ataque no sólo se debe investigar el delito de desaparición forzada, sino otros como: homicidio, tortura, lesiones, uso excesivo de la fuerza, atentados contra la vida y amenazas, así como encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.
“El ‘Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa’ puso de manifiesto que los jóvenes no iban a boicotear ningún acto político; que no hay ninguna evidencia de que los normalistas formasen parte o estuvieran infiltrados por algún grupo del crimen organizado como se ha manifestado en distintos momentos. El grupo quiere señalar la importancia de respetar la dignidad de los normalitas víctimas, así como el necesario contraste de la información antes de difundirla.
“(El informe ha puesto de manifiesto) que la llegada a Iguala fue circunstancial y no tenían pensado llegar al centro de la ciudad y que los normalistas no llevaban armas; que la acción que produjo 180 víctimas directas y varios cientos más de familiares se dio en nueve escenarios diferentes, con participación directa de dos policías municipales: de Iguala y Cocula, pero también con diferentes autoridades que tenían información de lo que estaba sucediendo incluyendo la policía estatal, ministerial, federal y el Ejército que estuvieron presentes en diferentes momentos de esa noche”, señaló Beristaín.
Por otro lado, expresó la preocupación del GIEI ante la difusión de una quinta versión sobre los hechos. Llamó a las autoridades a evitar difundir nuevas hipótesis sin ser lo suficientemente contrastadas.
De igual forma pidió “no se vuelva atrás en los hechos ya esclarecidos”, refiriéndose a la intención de realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula. Pidió que “dichos hechos no vuelvan a convertirse en una más de las varias versiones difundidas públicamente y que el Estado muestre voluntad en abordar en profundidad y con seriedad los siguientes pasos estableciendo una estrategia clara de investigación y búsqueda”.
Entrevistas al ejército.
Sin salir del discurso que afirma que las instituciones mexicanas están comprometidas con el esclarecimiento de los hechos y coadyuvarán en lo necesario con el GIEI para encontrar la verdad, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, y Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de derechos humanos, participaron en la audiencia como representantes del Estado mexicano.
En su intervención, Betanzos Torres repitió a cada momento que la investigación, ahora a su cargo, se realizará cumpliendo con los compromisos firmados con el GIEI. De igual forma, así como se ha repetido, afirmó que “la PGR reitera su compromiso puntual de dar cumplimiento al compromiso de coadyuvancia técnica que brinda el GIEI a la PGR”, y que no se cerrará el caso hasta consignar al ultimo responsable.
Ambos funcionarios del gobierno peñista fueron cuestionados sobre circunstancias que se han presentado y develado desde la llegada del GIEI. En particular, James L. Cavallaro, comisionado de la CIDH y relator para México, preguntó a los representantes sobre la posición del Estado mexicano ante las declaraciones de funcionarios, como Tomas Zerón de Lucio, que no dan por valido el informe del GIEI e insisten en la versión del basurero de Cocula. Además cuestionó sobre los señalamientos de tortura en los detenidos por el caso.
De igual forma, Cavallaro cuestionó a los funcionarios sobre las declaraciones del General Salvador Cienfuegos, quien aseguró que no iba a permitir que se interrogara a sus soldados; “Quisiera preguntar ¿cuál es la posición del Estado?, ¿El secretario puede decidir quién sí o quién no puede colaborar con la investigación?”, preguntó el comisionado.
Ante esto, Betanzos Torres se limitó a contestar las dos primeras preguntas, dejando la responsabilidad del tema relacionado al Ejército al subsecretario Campa. “La postura sobre el basurero, precisamente es un punto fundamental, y a partir del peritaje realizado por el GIEI lleva a la necesidad de realizar este tercer estudio que se realizará de la mano del GIEI. La evidencia científica es la que fijará una postura”, dijo Betanzos.
Por su parte, Campa no pudo contestar explícitamente el cuestionamiento del comisionado sobre lo dicho por Salvador Cienfuegos. Dudoso, entre pausas largas, y con dificultad para hilar sus ideas, el subsecretario dijo: “La respuesta puntual a la pregunta del comisionado Cavallaro es que en México el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. El tema vinculado con la declaración de los miembros del batallón, que me parece importante destacar para identificar cuáles son las preocupaciones principales con respecto a la investigación, por lo que hace a la intervención formal de la Comisión con el grupo de expertos, no forman parte de los puntos que fueron convenidos el día de ayer y me parece muy relevante destacarlo”.
“Hasta el momento han declarado casi 50 integrantes de este batallón y reiteramos la plena disposición para que atendiendo lo que define el marco legal que corresponde puedan ampliarse estas declaraciones, a partir de sugerencias o recomendaciones hechas por el grupo de expertos”.
Ante la falta de claridad en su respuesta, la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, retomó el cuestionamiento y preguntó a Campa directamente: “¿si van a poder ser entrevistados los militares por el grupo de expertos? Estoy intentando entender, no sé si la respuesta es que sí podrán ser entrevistados por parte del GIEI, ¿esa es la respuesta?”.
Campa con la intención de salir del momento complicado, respondió sin precisar: “Los puntos que ha manifestado el GIEI para esta segunda etapa están contenidos en el acuerdo firmado el día de ayer, hay diez puntos, y habremos de sujetarnos escrupulosamente a lo que está consignado en esos diez punto”.
Seguiremos insistiendo
Luego de la intervención de Campa, Ángela Buitrago, integrante del GIEI, recordó a los presentes que desde marzo pasado este Grupo de Expertos ha solicitado en más de cinco ocasiones poder entrevistarse con los elementos del ejército. Señaló que la continuación del trabajo del GIEI lleva implícito la solicitud de integrar directamente a las fuerzas castrenses.
“Se han hecho seis peticiones a la PGR sobre la necesidad de interrogar a los miembros del batallón. Nunca nos han contestado categóricamente, pero sabemos que a partir del mes agosto se recibieron 16 declaraciones más de las personas que nosotros entregamos los nombres y que estuvieron presentes en los hechos y que ni siquiera nos comentaron que se hizo esa declaración”.
“El punto fundamental es que nosotros entendemos que en la continuación del mandato está precisamente la verificación de las solicitudes que hemos hecho dentro de la misma investigación y que están sin resolverse para el grupo”, dijo.
Calificó como fundamental que el GIEI se entrevista con integrantes del Batallón 27 de Iguala. Además reprocho que a cada solicitud de entrevista con militares, las autoridades han tenido respuestas evasivas.
“Lo que no entendemos como Grupo es por qué en el caso concreto del batallón siempre hay una respuesta evasiva frente a la necesidad que tenemos nosotros de recibir las declaraciones. El tema de la declaración no es un juicio de responsabilidad, es la necesidad de verificar una serie de información que nosotros le pusimos presente en la PGR. Seguimos insistiendo con el mayor de los respetos que se puedan dar las entrevistas. Son declaraciones que hemos considerado vitales sobre todo para el tema de búsqueda”, apuntó.
