(21 de octubre, 2015).- Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, se amparó el viernes pasado en contra de las acciones legales denunciadas por los líderes de la asociación civil Sonora Transparente, al notificar a la Procuraduría General de la República (PGR) que el rancho “Pozo Nuevo” del funcionario, de tener un valor de 10 millones de pesos en 2009, para 2014 incrementó a 89 millones, un aumento de casi el 900 por ciento.
El amparo fue solicitado debido a la ausencia de respuesta al escrito presentado el 9 de octubre en la cual por omisión de Arely Gómez, procuradora de la República, provocó que se pudiera ejecutar la acción legal a favor de Padrés.
Padrés y su familia ya tenían antecedente legales con esta propiedad, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) los multaron con 4.5 millones de pesos al violar la Ley de Aguas Nacionales, por construir dentro de su rancho 3 represos con una capacidad 1.7 millones de metros cúbicos, lo que representaba la mitad del vital líquido requerido en un mes por lo 800 mil habitantes de la capital sonorense.
