Por: Zazil Carreras
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El día de ayer las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologísta de México (PVEM) y del Trabajo (PT) presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, así como el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, que fue turnado a las comisiones unidas de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativo para su análisis y dictamen correspondiente.
Previo a la presentación del dictamen, los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa; Miguel Barbosa Huerta, del PRD; Manuel Bartlett Díaz, del PT y senadores de las diversas fracciones parlamentarias, recibieron de los activistas Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Libertad; María Elena Morera, titular de la Organización Causa en Común y Alejandro Martí, presidente de México SOS, la iniciativa de ley antes mencionada, propuestas que fueron incluidas en el dictamen.
Sicilia recalcó que no son las reformas de Peña Nieto, ni las del PRI, ni de las Javier Sicilia, sino las reformas de una nación desgarrada, de un Estado que no ha sabido cumplir con su responsabilidad.
El poeta lamentó las ausencias de “quienes irresponsablemente no han querido estar, no con el presidente que decidió promulgar la ley, sino con el dolor de tantas víctimas”, ello en alusión clara al coordinador del PAN, Ernesto Cordero, quien rechazó estar presente en ese encuentro, al que acudieron los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública, Derechos Humanos, y de Gobernación, Omar Fayad, Angélica de la Peña y Cristina Díaz.
En su oportunidad, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa Patrón calificó la presentación de dicha iniciativa como “un acto de justicia, de nobleza hacia las víctimas que desgraciadamente han caído en el país”.
Los senadores, dijo, “tenemos un compromiso con las víctimas y con sus familiares y aseguró que la Ley General de Víctimas será un avance, “el inicio de una evolución — de una ley –que tendrá un enorme apoyo y consenso de los legisladores, de la mayoría de los legisladores en la Cámara de Senadores y estoy seguro, con el respeto absoluto que le tengo a la Cámara de Diputados, que tendrá el apoyo de la gran mayoría para que salga a la brevedad”.
El poeta morelense, Javier Sicilia, aclaró que la Ley de Víctimas entregada al Senado de la República no es “la Ley y las reformas de Peña Nieto, la Ley y las reformas del PRI, la Ley y las reformas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; la Ley y las reformas de Sicilia; la Ley y las reformas de Calderón o del Senado.”
“No son tampoco la Ley y las reformas, perdónenme la expresión, de una chingada; son la Ley y las reformas de las víctimas de una nación desgarrada, la Ley y las reformas de la dignidad frente al agravio y profunda tragedia humanitaria que vive la nación; la Ley y las reformas de la responsabilidad de un Estado que no ha sabido cumplir con su vocación fundamental, la de salvaguardar y garantizar la justicia, son la Ley y las reformas de un Estado que a través de ellas, se compromete a repararlas”.
La propuesta, que reformará la Ley promulgada por el Gobierno Federal en enero de este año, agrega el concepto de víctimas directas, que son personas físicas y que sufre daño o menoscabo de manera inmediata; incluye también el concepto de víctimas potenciales, establece un catálogo claro de la compensación a cargo del Estado, establece los entes que determinan los monos y términos para compensar.
Acota, además, los supuestos de la obligación subsidiaria del Estado, para que no se trate de todos los delitos ni en todos los casos; se determinan las atribuciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; reduce dicho sistema de más de 3 mil a 110 personas; determina las funciones y facultades de la Comisión Ejecutiva, reduce el número de comisionados de 9 a 7, clarifica la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno y las diversas instancias públicas, establece un porcentaje del gasto programable (0.014 por ciento), que será destinado al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y establece la facultad del Estado para repetir en contra de los victimarios.
