(31 de octubre, 2015.Revolución TRESPUNTO CERO ).- Luego de seis años de una insistente lucha por parte de los familiares de cuatro jóvenes, a quienes elementos del Ejército detuvieron en forma arbitraria, para después ejercer varias horas de tortura que los dejó con daños físicos irreparables, además de psicológicos, cuyo caso fue nombrado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Los 4 de Rosarito, Baja California, finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido su recomendación, la cual lejos de ser celebrada, ha sido cuestionada por familiares y defensores de las víctimas, debido a los varios años que tardó en proporcionarla.
“El hecho que la recomendación de la CNDH se emitiera casi a la par de la presentada jurídicamente por el Comité Contra la Tortura de la ONU, deja mucho que decir, si bien nosotros consideramos, en la lectura del documento, que es un buen instrumento recomendatorio que ayuda a reforzar muchas de las cosas que habían sido probadas tanto por parte de la ONU, lo cierto es que tanto para las víctimas, como para sus familiares y sus representantes jurídicos, siempre quedará en la mente que fue emitido muchos años después que se presentó la queja ante la CNDH.
Si bien reconocemos la importancia del instrumento resolutivo y la importancia que ha tenido para respaldar que existió una detención arbitraria, tortura y otras violaciones a derechos humanos por parte de integrantes del ejército, ésta llega mucho tiempo después y es claramente reprochable que esta misma recomendación de haber sido otorgada en un tiempo razonable, es decir poco tiempo después que se presentó la queja, hubiera servido de mucho más para efectos que las víctimas no hubieran permanecido tantos años sin un reconocimiento de lo que había ocurrido, y con ello prolongado su estancia en la cárcel”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, la abogada Nancy López, Directora del área de Defensa de la (CMDPDH).
A su vez asegura que después de que por fin se haya aceptado las evidentes detenciones de manera “tan arbitraria y de manera tan injustificada” como lo han vivido los jóvenes, “estamos a la expectativa en las respuestas que vaya tener la Secretaría de la Defensa Nacional y también la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las recomendaciones de la ONU y la CNDH que vienen a sumarse y respaldar más las denuncias de violaciones a Derechos Humanos, y que ambas tengan efecto en su decisión y que con ello haya una reparación integral de las víctimas en las que se incluyen obviamente, su puesta en libertad y una reparación integral que incluya la rehabilitación para los jóvenes víctimas de tortura, que en este momento se ha aceptado que lo son”, puntualiza López.
Quien comenta que la aceptación de los daños contra los cuatro jóvenes por parte de elementos de la SEDENA, era una circunstancia inevitable, dando a conocer que 15 días son los que tendrán las dependencias para señalar si aceptan o no la recomendación. “Lo que creemos es que ya estas alturas sería insostenible que las autoridades no aceptaran la recomendación, cuando ya tienen una sentencia.
Por parte del Comité contra la tortura de la ONU y también cuando ellos mismos, la SEDENA, previamente había reconocido ya la calidad de víctimas a los cuatro detenidos, incluso antes que se emitiera el instrumento recomendatorio de la CNDH, aún si su respuesta fuera la no aceptación, seguiría siendo una decisión insostenible, porque las evidencias y pruebas es imposible que se puedan refutar”, afirma López.
Mayra López, hermana de Ramiro López, uno de los cuatro jóvenes torturados y acusados, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que la recomendación de la CNDH no debe ser celebrada ni reconocida como un logro, ya que la cantidad de años que se negó habla de una Comisión que no quería proteger a las víctimas, puesto que al dar a conocer el mecanismo se pudo encontrar que sin duda CNDH tuvo desde hace varios años los elementos suficientes para emitir el resolutivo y no lo hizo.
“La realidad es que CNDH realizó esta acción presionada por la decisión emitida por la ONU, de no haber sido por esa decisión ellos no hubieran hecho nada y si solamente los familiares de las víctimas hubiéramos recurrido a ellos, posiblemente los muchachos seguirían sin ayuda.
Nosotros confiamos en que los cuatro jóvenes estén más cerca de su libertad, esto porque el gobierno debe acatar la decisión que tomó el Comité contra la tortura. El cumplimiento a esta recomendación podría provocar que los muchachos estén teniendo respuestas satisfactorias (su libertad), a más tardar el 24 de diciembre”, dice Mayra López.
A su vez, tanto ella como las demás familias esperan que aquellos elementos de las Fuerzas Armadas que atacaron a los cuatro jóvenes tengan un castigo, siendo éste uno de los puntos resolutivos de la decisión, que sean procesados y juzgados por los delitos cometidos en contra de los jóvenes.
El caso de los 4 de Rosarito, acontecido el 16 de junio de 2009, cuando estos jóvenes de nombres Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal, Rodrigo Ramírez Martínez y Ramiro López Vázquez fueron detenidos sin orden de aprehensión al ser acusados de cometer un supuesto secuestro y, trasladados el mismo día a las instalaciones militares del 28º Batallón de Infantería, ubicadas en la ciudad de Tijuana.
A través de testimonios, documentos oficiales, declaraciones y diligencias de visita en los lugares de los hechos, la CNDH pudo constatar diversas inconsistencias entre los hechos informados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las circunstancias en las que se llevó a cabo la detención, retención, y arraigo de las 4 personas, así como las investigaciones del caso, hechos que obtuvo desde hacía varios años, pero que no usó para emitir la recomendación rápidamente.
Las inconsistencias, según detalla la resolución, se presentan desde el momento de la detención. De acuerdo a la información presentada por SEDENA, los 4 jóvenes fueron detenidos al mismo tiempo y en el lugar donde supuestamente se encontraba la víctima del secuestro que les fue atribuido. Sin embargo, únicamente 3 de ellos fueron detenidos juntos, en un domicilio diferente al que reportaron los militares, quienes entraron sin orden de cateo ni aprehensión; el cuarto de ellos, Ramiro López, fue detenido en la vía pública cuando tomaba su descanso laboral. Mientras que la víctima del secuestro se encontraba en un domicilio diferente. Con lo que la CNDH concluye que los cuatro jóvenes fueron llevados al domicilio donde se encontraba una víctima de secuestro con el objetivo de acreditar (falsamente) el delito en flagrancia y de esa forma justificar la detención sin contar con una orden de aprehensión.
