(02 de Noviembre, 2015).- Corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reconocieron que los “códigos de ética y protocolos de seguridad no fueron suficientes” para la designación del candidato a alcalde en el municipio de Cocula, Guerrero.
El nuevo munícipe Erick Ulises Ramírez Crespo fue capturado la semana pasada con el presunto líder del cártel de los “Guerreros Unidos”, Adán Zenén Casarrubias Salgado.
“Nosotros hemos aprobado códigos de ética y protocolos, pero son insuficientes porque no tenemos los instrumentos para investigar a cada persona. Nosotros le pedimos a la PGR que investigara y ellos dicen que no es su atribución ¿entonces de quién es?” se cuestionó Vladimir Aguilar García, integrante de la corriente Foro Nuevo Sol.
El representante del PRD reconoció que ningún partido político tiene la capacidad de indagar exhaustivamente a cada uno de los candidatos, y el único que cuenta con base de datos es el gobierno federal para la investigación de cada persona.
Agregó que ni la SEIDO, Cisen, la Procuraduría General de la República (PGR) o Hacienda investigan la relación de la delincuencia con candidatos y funcionarios públicos.
Alejandro Sánchez Camacho, dirigente de Izquierda Democrática Nacional (IDN), pidió a la dirigencia nacional del PRD aplicar reformas necesarias para evitar que sucedan incidentes similares.
“Apoyamos reformar las directrices instituidas de manera formal e informal en todas las instancias del PRD, que prevengan y eviten que personas como el caso de (José Luis) Abarca sean afiliados al partido y se evite sean postulados a cargos de dirección o de elección” mencionó el representante de dicha corriente política.
“Que nadie se lave las manos. Debe ser una acción integral para cerrar las filas a la infiltración de malas amistades de los candidatos, donde deben actuar los partidos y las estructuras de gobierno en todos sus niveles” refirió el ex diputado federal.
Para el perredista, la vinculación del alcalde con el crimen organizado se dio después de su postulación, por lo que debe investigarse a cada uno de los funcionarios elegidos.
El alcalde sigue retenido en las instalaciones de la SEIDO para que rinda declaraciones sobre su vínculo con el cártel de crimen organizado.
