(03 de noviembre, 2015 Revolución TRESPUNTOCERO).- Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa Gómez, (el último de 14 años en 2012), son tres hermanos que el 18 de enero de aquel año fueron detenidos por la Policía Ministerial de la Fiscalía Zona Norte del Estado, de Ciudad Juárez Chihuahua.
Las detenciones sucedieron en lugares distintos, entre una y siete de la tarde, sin orden de aprehensión o cateo y de forma violenta fueron sustraídos, el primero de ellos en la calle y el resto en sus domicilios, permaneciendo incomunicados por más de 36 horas.
Tuvieron que pasar dos días, antes que sus familiares tuvieran conocimiento que se encontraban a disposición de la Fiscalía General del Estado Zona Norte y esto pasó porque los muchachos fueron exhibidos en medios de comunicación como una supuesta banda de extorsionadores.
Los medios replicaron que la Fiscalía General del Estado detuvo en flagrancia a una banda que se dedicaba a extorsionar negocios, quienes tenían en su poder una lista de 40 negocios, puntualizando que en el grupo había un menor de edad estudiante de secundaria.
Se aseguró que elementos de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, detuvieron a los cuatro jóvenes que “cometieron” extorsión a más de 30 empresarios y comerciantes de la localidad, se agregó que los hechos ocurrieron en repetidas ocasiones durante seis meses.
Los elementos aseguraron que los jóvenes durante el interrogatorio declararon que “acababan de iniciar su recorrido para cobrar la cuota y/o derecho de piso, esto en los diversos comercios que ya tenían amenazados”.
Según el testimonio que Luis Adrián contó a Amnistía Internacional, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, a él le vendaron los ojos, lo esposaron y golpearon repetidamente en la espalda y el estómago. Los agentes preguntaron: “¿A qué banda perteneces?” y “¿por qué andan extorsionando?”. Iban a bordo de una camioneta que se detuvo en otras casas, donde los agentes detuvieron y golpearon a más personas, entre ellas a una adolescente a la que agredieron sexualmente y luego dejaron en libertad. La policía aseguró más tarde que Luis Adrián, sus hermanos y otro joven habían sido detenidos juntos en otro lugar de Ciudad Juárez a raíz de una denuncia presentada por una comerciante que había sufrido extorsión.
A las víctimas un policía los amenazó con torturarlos aún más si informaban del trato recibido a un médico. Ellos fueron obligados a firmar una confesión de haber cometido extorsión y fueron condenados.
Sin embargo gracias a un examen médico independiente, se reveló indicios de tortura. La condena fue anulada y obtuvieron, en distintas fechas, la libertad, gracias a la defensa y acompañamiento del caso por parte del Centro de Derechos Humanos Paso Norte. Aunque los jóvenes denunciaron la tortura, las demandas fueron rechazadas y el castigo de los agentes se redujo a una amonestación verbal por practicar una detención sin orden judicial.
Aun cuando ellos ya se encuentran en libertad, desde la detención, hasta el día de hoy, las víctimas y sus familiares han sido hostigados por parte de Agentes Ministeriales de la Fiscalía Zona Norte. Dichos hostigamientos han sido amenazas, vigilancia constante en sus domicilios y persecuciones, según ha dado a conocer el Centro del Paso Norte.
Según información obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO, uno de los principales hostigamientos se perpetró el 20 de julio pasado, cuando Juan Antonio Figueroa Gómez se encontraba en una gasolinera, donde labora, aproximadamente a las tres de la tarde, casi antes de finalizar su jornada de trabajo, una camioneta plateada con dos Agentes Ministeriales, se acercaron a él y pretendiendo que iban a cargar gasolina, el piloto abrió la puerta y amenazó a Juan Antonio.
El hombre le dijo “te tenemos ubicado, síguele y te vamos a quebrar” (sic). Después de esto, cerraron la puerta y dejaron el lugar. El joven solamente dejó de ir a trabajar, pero prefirió callar la amenaza por miedo. En días posteriores y hasta el día de hoy, la víctima ha observado que frente a su domicilio, se han estacionado constantemente camionetas de ministeriales quienes vigilan sus entradas y salidas.
El 2 de septiembre pasado, después de las seis de la mañana, el joven salió de su domicilio, había dado algunos pasos cuando un vehículo de ministeriales color negro, lo comenzó a seguir, de pronto se detuvieron y parecía que todo había terminado, pero segundos después, otros agentes ministeriales a bordo de otra camioneta blanca, le salieron al paso en actitud de intimidación, lo que provocó el miedo de la víctima, que entró en una tienda de autoservicio y permaneció “durante un buen rato”, en el sitio, en espera que los elementos se fueran del lugar.
Días después, el 8 de septiembre, Juan Antonio encontrándose nuevamente en la vía pública, fue interceptado por dos camionetas, una de color negra y otra gris, lo perseguían lentamente, lo cual le causo temor, caminó lo más rápido que pudo y abordó el trasporte público, logrando alejarse de los elementos ministeriales.
Los anteriores son los ataques más recientes, sin embargo, los hostigamientos y amenazas hacia él y su familia han sido constantes desde su puesta en libertad, hace un par de años, lo cual según el Centro de Derechos Humanos del Paso Norte, se debe a la participación activa en la denuncia de su caso (la tortura). Aunque ya en numerosas ocasiones se ha solicitado a las autoridades correspondientes medidas de protección, nunca se ha ejercido medidas de seguridad que resguarden la integridad de la familia Figueroa Gómez.
Alejandra de Navarro, abogada y defensora de los Derechos Humanos y colaboradora de la Organización Mundial Contra la Tortura asegura a Revolución TRESPUNTOCERO que “este tipo de casos evidencian la incapacidad de las autoridades para controlar a sus propios elementos o el libertinaje para permitirles hagan lo que deseen a fin de sembrar el terror de Estado que ha funcionado para romper el tejido social de un México moribundo”.
También afirma que existe una grave preocupación porque las fuentes probadamente fidedignas, que demuestran los constantes actos de hostigamiento e intimidación, dan a conocer las mismas acciones perpetradas por la policía ministerial y otros casos, en otros estados, en todo el territorio nacional, “el método es el mismo, las historias siempre coinciden, ellos con la violencia psicológica y física provocan que las víctimas se callen, las prácticas abusivas nunca han cambiado, el sistema sigue siendo el mismo. A esto hay que sumarle la negativa constante de la Comisión de Derechos Humanos, pareciera que su cometido es proteger torturadores y no es una crítica es una evidente acción, que ya lo vimos en el caso de Los 4 de Rosarito, de no actuar ONU, ellos seguirían ‘conformando’ la queja y sin emitir ninguna recomendación”.
La activista asegura que vivir en México resulta ser una de circunstancia mortal, “porque nadie que no simpatice con el gobierno puede sentirse seguro por las calles, nadie que no tenga un ‘amigo’ o ‘familiar’ de verdadero peso en el poder político (de derecha) podrá asegurar que no será secuestrado, torturado o desaparecido por cualquiera de las fuerzas de seguridad de su estado.
La tortura ha aumentado en un 600 % según Amnistía Internacional, esto es producto de la permisibilidad de un Estado tirano que ha implementado un reino de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales para amedrentar y mantener controlado a un país que no duerme ante el incesante ruido de balazos, explosiones y enfrentamientos, donde pasaron de víctimas a enemigos si se atreven alzar la voz”.
