(05 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 3 de noviembre pasado, seis indígenas Zoques de la tercera edad, pertenecientes al ejido Chicoasén, se declararon en huelga de hambre en las afueras de la casa ejidal en el mismo municipio, de Chiapas. Los motivos son distintos; actualmente existen amenazas de desplazamiento forzado, ejecución de órdenes de aprehensión en contra de quienes han promovido la defensa de su territorio, los ejidatarios han sido criminalizados por la construcción del megaproyecto Chicoasén II a pesar de que tienen a su favor la suspensión provisional. Además aseveran que su representante legal Arturo Ortega Luna se encuentra privado arbitrariamente de su libertad.
Claudia Rubí Solís Hernández, una de las ejidatarias a quien también le giraron una orden de aprehensión, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, que las ejidatarias y ejidatarios básicos en huelga de hambre son: Enrique López Solís de 89 Años, Bonifacio Gutiérrez Hernández de 86 años hipertenso, Juliana López Pérez de 81 años, Humberto López Mejía, de 52 años, Celín González Estrada de 71 años quien padece de presión alta y Avisaín Solís López de 65 años (padre de quien declara), con secuelas de afectación en la defensa del territorio y por el desplazamiento forzado provocado por la construcción de la presa Chicoasén I.
Su huelga inició después de enterarse que a su abogado le dictaron auto de formal prisión, hace un par de días a la una de la madrugada, “eso impulsó a dicha acción, porque como él era nuestro abogado defensor hubo represalias por parte de Velasco Coello y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sabiendo que él era el único que nos asesoraba y de quien dependíamos para realizar distintos movimientos jurídicos, se confabularon para afectarlo y así afectarnos a nosotros.
Los participantes de la huelga, no van a comer hasta que el gobierno nos dé soluciones, primero que deje en libertad a nuestro abogado defensor y después inmediatamente debe Velasco Coello y CFE acatar la suspensión de actividades de la construcción de la hidroeléctrica (ya promulgada a favor de los ejidatarios), de no ser así nuestros compañeros ejidatarios, han dicho que “de irse a la cárcel, como lo promete gobierno estatal de no obedecer sus normas, prefieren morirse de hambre”, afirma Solís Hernández.
Lo anterior se basa, en que asegura que es la encomienda que tiene el gobierno, “Velasco Coello no quiere que se detenga la obra, porque dice que es de suma importancia para él y para Peña Nieto, y que quien se oponga lo va mandar a la cárcel.
Somos un pueblo amenazado y hostigado, todos los ejidatarios que nos encontramos luchando para que el gobierno estatal respete nuestras tierras y que la hidroeléctrica se detenga, hemos quedado vetados de los programas sociales, muchas veces se han iniciado los trámites pero nos los detienen a manera de represalia, así es imposible vivir, nos están atacando por todos lados”, comenta Solís Hernández.
Por su parte el Centro de Derechos Humanos Frayba, quien da acompañamiento al caso, considera que la huelga de hambre es una protesta legítima en respuesta a la criminalización y judicialización, que los gobiernos de Manuel Velasco Coello y Enrique Peña Nieto están perpetrando en contra del Comité Ejidal de Chicoasén y de su defensa legal.
A su vez los activistas hacen mención de las inminentes violaciones a los derechos humanos a las cuales se suma la obstaculización para asistir a las audiencias constitucionales que permitan continuar la promoción de 52 amparos personales y uno colectivo, ya que existe el temor fundado de los ejidatarios de ser privados arbitrariamente de su libertad, y de ser reprimidas mediante un desplazamiento forzado al existir amenazas de ello.
La ejidataria asegura que se sienten humillados, porque pese a que el gobernador y distintas autoridades tienen un número telefónico para que se pueda dar un acercamiento con los ejidatarios, nunca se han intentado comunicar con ellos, “porque no es algo que le interese al gobierno de Velasco Coello, a él nunca le van a importar que se mueran de hambre, nuestros compañeros ejidatarios de la tercera edad.
Eso lo sabemos desde hace mucho, ya que en las pláticas de las minutas que se habían firmado para llegar a un acuerdo, según decía la gente del gobernador que estaban para coadyuvar, pero lo que hicieron fue meter a la cárcel al licenciado y repartir órdenes de aprehensión sobre ejidatarios que se encuentran luchando por las tierras, eso no es más que criminalización por parte de Velasco Coello”.
Claudia Rubí afirma que su pueblo sigue soportando humillaciones en distintas formas, ya que en la averiguación previa promovida por CFE en contra de los ejidatarios, firmaron las mimas autoridades (comisariado, tesorero y ex tesorero y familiar del ex comisariado), esto porque asegura se encuentran de lado del gobierno y la Comisión, ya que “los han comprado, como lo hace el gobierno cuando quiere algo”.
Esas mismas personas, asegura, también fueron “sobornadas” para crear un acta de asamblea en la que se diera permiso para la construcción de la hidroeléctrica, esto sin que se les preguntara a los ejidatarios, y por el contrario, para juntar el número de firmas requerido falsificaron las firmas de personas ya fallecidas, es por ello que al descubrirse el hecho, el acta quedó suspendida y se dio paso a una orden jurídica que detenía la construcción de la presa, sin embargo CFE no la acató en ningún momento.
“En estos días la comisión les hice llegar una invitación, a unos cuantos ejidatarios (que están a su favor) para que asistan hoy miércoles, a las instalaciones donde se está construyendo la presa y tengan una reunión en donde se discuta la expropiación de tierras, cuando debería de ser por medio de una asamblea abierta con todos los ejidatarios y no a conveniencia, pero la Comisión hace las cosas a su antojo y como el gobierno estatal, ni la Procuraduría dicen nada en contra, se sienten protegidos”, declara la ejidataria.
Para los ejidatarios que se encuentran en contra del proyecto hidroeléctrico Chicoasén ll, su mayor preocupación es que no saben qué cantidad de hectáreas va tomar CFE para la construcción de la hidroeléctrica. Sin embargo, saben que las que sean, es un hecho que quienes van a ser los principalmente afectados, al grado de tener altas posibilidades de morir, son los pobladores que viven a orillas de los ríos.
Es por ello que no se explican cómo Conagua fue capaz de emitir permisos, cuando conocen las circunstancias y los riesgos, “si la gente del gobierno federal viniera o el mismo Peña Nieto y observara la zona se daría cuenta que esa gente va quedar desprotegida, porque cuando se cierren las compuertas de la presa va a subir el embalse y morirán ahogados. Si en 2007 que no existía presa hubo una inundación y dejo varios muertos, además de muchos damnificados, ahora el riesgo será inminente y las posibilidades de muerte altísimas”, puntualiza Solís Hernández.
