(10 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- A cien días del multihomicidio de la colonia Narvarte-donde fueron asesinados el fotoperiodista, Rubén Espinosa, la activista, Nadia Vera, así como Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín- y aún sin tener claridad en lo que sucedió aquel 31 de julio en el departamento 401, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) pretende dar carpetazo al tema, insistir en que los hoy detenidos son los responsables y enterrar por completo las líneas que apuntan al gobierno de Veracruz.
Lo anterior fue denunciado por los abogados que representan a los familiares de las víctimas, quienes además subrayaron que la actuación de las autoridades capitalinas en estos más de tres meses ha sido omisa, negando así el acceso a la verdad y la justicia.
En conferencia de prensa, en donde lanzaron de manera oficial la plataforma de observación y seguimiento del Caso de la Narvarte, los juristas que acompañan el caso y coadyuvan en la investigación, demandaron que la PGJDF no sólo no ha podido comprobar el móvil del crimen, sino que se ha negado a realizar diligencias “fundamentales” para el desarrollo de la investigación.
En primera instancia, David Peña, abogado de los familiares de Nadia Vera, explicó que la PGJDF informó a la defensa, la semana pasada, que cerraría el caso, ya que “para la procuraduría ya se agotó todo y lo que hoy ha ‘encontrado’ es suficiente para cerrar le investigación”. El jurista demandó que el discurso de Miguel Ángel Mancera, así como del procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, en donde aseguran que el crimen no quedará impune, está muy alejado de la realidad.
“La PGJDF pretende dar carpetazo a la investigación, pretende dar cierre solamente con esta construcción que ha hecho de las personas que ha detenido (y el móvil del robo), aún con todas estas inconsistencias vacías, y esta falta de claridad que ha caracterizado la investigación en estos cien días (…) “La PGJDF nos dijo a inicios de la semana pasada que ya estaba por cerrar el caso, que estaba esperando una información y que estaba ya por cerrarlo. No dice cuándo, pero podría ser en cualquier momento”, dijo.
Añadió que la PGJDF ha desestimado la petición que los abogados coadyuvantes de la investigación realizaron, en donde solicitan al Ministerio Público el desarrollo de una serie de diligencias consideradas como importantes por los juristas. Dijo que con esta negativa se perfila el cierre del caso.
“Lo más reciente y es la que detona esta preocupación en un grado mayor es la negativa de desahogar una serie de diligencias, promovidas desde la coadyuvanza, que a nosotros nos parecen indispensables para desahogar, para profundizar en la investigación. El MP, hace dos semanas, nos niega las diligencias que estábamos promoviendo y con ello perfila el cierre de la investigación, sin haber construido un móvil claro, sin tener clara la película de lo que paso, sin tener la certeza de cómo sucedieron los hechos, la PGJDF está perfilando el cierre de la investigación”, reiteró.
En lo referente dio a conocer que una de las diligencias solicitadas se centra en confrontar una muestra de ADN que fue hallada en uno de los instrumentos que fue utilizado para asfixiar a una de las víctimas. Señaló que esta no pertenece a ninguno de los tres detenidos, sin embargo, la PGJDF se niega a investigar sobre el hecho.
“Una de las diligencias que promovimos es hacer un rastreo y una confronta de un ADN que aparece de un individuo, en uno de los instrumentos que utilizaron para asfixiar a una de las víctimas, que no es de ningún de los tres detenidos y que no corresponde a Rubén. La Procuraduría pretende cerrar la investigación aun con eso pendiente y solamente quedándose con esta construcción de sólo fueron estas tres personas sin ayuda y sin participación de nadie más (…)
“La PGJDF dice que no puede determinar. Tenemos el perfil de ADN pero no hay con quien compararlo, entonces lo que nosotros insistimos es en decir que si hay un perfil de ADN no puede cerrar la investigación hasta que no encuentre una persona que se pueda hacer una confronta con ese perfil de ADN”, señaló.
Nos negaron 50 diligencias
De acuerdo a Leopoldo Maldonado, abogado de los familiares de Rubén Espinosa, el día 10 de septiembre los representantes legales que coadyuvan en la investigación solicitaron la realización de 50 diligencias, esto sin tener una respuesta positiva. Calificó como “cuestiones básicas” las diligencias solicitadas, mismas, dijo, que no se encuentran en la investigación de la PGJDF.
“Solicitábamos entrevistar a los vecinos, cuestión básica que se tuvo que haber hecho desde el primer momento y no obra en el expediente. Solicitábamos una revisión integral de los videos, no sólo de las horas en que sucedieron los hechos, sino previamente, entradas y salidas del edificio donde ocurrió el multihomicidio. Solicitábamos la ampliación de declaración del Secretario de Seguridad Pública y de la presidenta y secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, todos ellos del estado de Veracruz, porque vimos que las primeras declaraciones que rindieron eran muy a modo, en el sentido que incluso puntos y comas eran idénticos en el caso de las integrantes de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas de Veracruz”, dijo.
Aunado a lo anterior, manifestó que también se solicitó ampliar la declaración de “testigos claves”, además de hacer peritajes en el lugar del crimen para poder establecer una mecánica de los hechos, pues hasta hoy esta no existe.
“Hasta la fecha no conocemos cómo fue en términos de secuencia, de cronología, y de modos que se perpetraron estos crímenes al interior; no se ha hecho ni un estudio criminalística, ni criminológico, esto es a raíz de la evidencia científica que ya se encontró, establecer hipótesis, evidentemente fortalecidas en el propio expediente sobre cómo se dieron los hechos.
“Otro elemento fundamental que a cien días no obra en el expediente son las sabanas de llamadas de las víctimas, a quienes les sustrajeron sus celulares, ni de Mile ni de Nadia ni de Rubén y esto es fundamental para hacer un análisis de inteligencia, un análisis informática, y también para geo localizar esos aparatos que fueron sustraídos. Hasta la fecha esos elementos fundamentales no obran en el expediente”, dijo.
Detalló que ante la negativa de la PGJDF de realizar las diligencias, se interpusieron amparos “para la protección de los derechos constitucionales de las victimas porque no es posible que sin la mínima fundamentación, sin la mínima justificación nos respondan de esta manera”.
Por su parte, Héctor Pérez, de la clínica de interés público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), subrayó que en estos cien días la PGJDF no ha concentrado sus esfuerzos en determinar por qué sucedió el crimen. Afirmó que las autoridades capitalinas sólo “se han concretado a acreditar elementos muy generales del tipo penal y ha dejado afuera lo que para las familias es muy importante en el tema de derecho a la verdad: ¿por qué sucedieron los hechos?”.
“No se han agotado ninguna línea específica en establecer el móvil, y han quedado líneas fuera la participación del gobierno de Veracruz u otras líneas que pudieran esclarecer la presencia de estas tres personas en el lugar de los hechos. Es decir la PGJDF se ha centrado en decir: ‘estas personas estuvieron ahí y cometieron estos hechos’, pero hoy en día, y eso lo podemos afirmar contundentemente, no hay ningún indicio del por qué y esto resulta fundamental para las familias.
“El derecho a la verdad, es lo que argumentamos en los amparos que interpusimos, además de establecer que la obligación de la PGJDF es agotar todas las diligencias necesarias para satisfacer este derecho de las familias (…) No vamos a aflojar el paso en cuanto a la exigencia de justicia, y por eso es importante el acompañamiento hasta tener respuestas contundentes”, manifestó.
Investigación estancada
En palabras del abogado David Peña hoy en día la PGJDF ha establecido un dique que no permite avanzar la investigación. Detalló que la argumentación de las autoridades del DF para negar el desarrollo de las 50 diligencias no tiene nada que ver con cuestiones técnicas, sino falta de voluntad.
“La argumentación ni siquiera es técnica. Ellos dicen: ‘el yo tengo la facultad de investigar, yo tengo la facultad de decir qué se investiga y qué no se investiga y lo que tú me estas proponiendo investigar, en este momento yo no lo considero para investigar. Si en algún momento considero tus diligencias las podemos hacer’. Nosotros, por ejemplo, fijamos un cuestionario al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, enseñándole fotos, momentos de operación de policías de Veracruz, policías vestidos de civil siguiendo personas, deteniendo periodistas, y nosotros le dijimos a la PGJDF que le preguntara sobre eso, y la PGJDF se ha negado a investigar”, expuso.
Detalló que aun siguiendo las hipótesis planteadas por la PGJDF sobre el caso, faltarían diligencias para corroborar las versiones de las autoridades capitalinas.
“Incluso siguiendo la hipótesis que tiene la PGJDF del posible narcotráfico, narcomenudeo, hay diligencias que se tienen que realizar para saber, por ejemplo, si Mile tenía antecedentes, tenía otras cuentas, tenía casas, tenía manejo de recursos, los amigos que lo digan, y lo que hemos constatado en el expediente es que no se ha entrevistado a amigos, ni a nadie que pueda corroborar estas versiones. La PGJDF dice que había une relación de conocimiento entre una de las víctimas y uno de los perpetradores, tampoco lo tenemos probado, porque sólo utiliza un par de mensajes, un par de llamadas para acreditarlo”, explicó.
Añadió que los tres sujetos detenidos recibieron llamadas el día de los hechos. Sin embargo, apuntó, las PGJDF no ha solicitado el registro de las llamadas para determinar con quiénes mantuvieron contacto los presuntos responsables.
“La otra es que estos tres sujetos, cuando menos minutos antes, durante y después de la hora en que dicen que estuvieron en el departamento, recibieron más de 30 llamada, de otros teléfonos, algunas de esas llamadas eran incluso de teléfonos desechables y irrastreables, sin localización, sin sabanas, sin dueño. Entonces eso le decíamos a la Procuraduría y nos parece preocupante que estos tres sujetos que dicen que participaron en el asesinato, pues hayan recibido llamadas de teléfonos irrasteables, tampoco ha querido hacer este cruce la PGJDF y justo la preocupación es que la semana pasada nos dijo que estaba por cerrar el expediente porque para la procuraduría se ha agotado todo, y es suficiente para cerrar la investigación”, detalló.
Sobre la línea de investigación que apunta a las amenazas de las que fueron víctimas en Veracruz tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera, el abogado detalló que se han ofrecido elementos para que la PGJDF ahonde en el tema.
“Hemos ofrecido elementos en estas 50 diligencia. Hemos ofrecido testimonios de periodistas de Veracruz que han sido amenazados para acreditar un posible modus operandi y la PGJDF se ha negado a recibir los testimonios. Ese es el punto clave donde la PGJDF se ha negado a avanzar. Nosotros decimos: hay muchas dudas, la investigación debe seguir, el tema es que hasta hoy nos han puesto este dique, por eso el acompañamiento civil de la plataforma, permitirá, esperamos, tender este puente de comunicación, y reconducir las investigaciones y evitar que nos quedemos estancados en la investigación”, dijo.
