(12 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Armando Humberto del Bosque Villarreal fue sacado de su automóvil por miembros de la Marina y subido a un vehículo militar ante varios testigos y en presencia de dos policías municipales. Minutos después, su padre acudió a la base de los marinos y fue informado por un oficial naval que lo tenían detenido y que más tarde le darían más información.
Una hora después, el padre de Armando del Bosque fue informado que no lo tenían detenido y que los marinos no lo habían arrestado. El padre presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) con cuatro testigos. Los policías municipales han constatado en un oficio que a Armando del Bosque lo detuvieron los marinos. Sin embargo, hasta la fecha no hay evidencia de una investigación efectiva de los hechos y el paradero de Armando del Bosque sigue sin conocerse.
Con frecuencia se escuchan ráfagas de metralletas, disparos, gritos de auxilio, en las calles y en las casas, los vecinos solamente suben aún más el volumen para acallar la realidad de las tragedias, hacen como si no escuchan, como si no ven, por miedo, porque podrían ser ellos después, dicen los que han padecido los ataques que solamente dejan de ser sordos y ciegos cuando “se han llevado a uno de los nuestros”.
Los ataques de Marina y Ejército contra la población civil constituyen crímenes de guerra, en México las fuerzas gubernamentales han cometido crímenes de guerra en forma abierta, al atacar a la población civil, usar armas de efectos indiscriminados y negar a sus habitantes el acceso a la justicia y la asistencia médica.
Tamaulipas es uno de tantos reflejos de los abusos generalizados y violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población, como el derecho a la vida y la seguridad. Las Fuerzas Armadas, principalmente Ejército y Marina, crean operativos a cualquier hora y en cualquier sitio, si los perpetradores no son descubiertos es un crimen invisible, si se denuncia entonces se habla de imputación de delitos sin pruebas y peso a sus declaraciones.
“La situación es alarmante, porque somos el primer lugar en desaparición de personas con más de 5200 casos, somos el segundo lugar en secuestros, el segundo lugar en homicidios dolosos y el primer lugar en extorsiones. Este tipo de estadísticas nos evidencian que las estrategias del gobierno federal son un rotundo fracaso”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, el Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez.
En dicha entidad 3 millones 550 mil habitantes viven cotidianamente situaciones de extrema violencia, acompañada de un alto grado de desconfianza hacia sus autoridades estatales y federales. Desde hace 11 años miles de familias han experimentado distintas caras de la inseguridad que han llevado a miles a la muerte.
“Tenemos dos gobernadores prófugos con orden de aprehensión en Estados Unidos pero en México no los buscan: Eugenio Hernández Flores y Tomás Jesús Yárrington Rubalcaba. Tenemos denuncias por desapariciones forzadas por parte de Policía Federal y según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) en toda la entidad hay poco más de 100 averiguaciones previas por desaparición forzada que involucran a las Fuerzas Armadas.
Todo este escenario de horror ha sido posible porque gobierno federal lo permite, nunca ha querido poner orden; a Tamaulipas el ejecutivo no le quiere entrar a combatir la violencia, parece estar rebasado por un lado y por otro, no le interesa en lo más mínimo atender los problemas como desaparición de personas, ejecución extrajudicial, detenciones arbitrarias, tortura y violación”, asevera Ramos.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en su más reciente informe Desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y agresiones sexuales cometidas por las Fuerzas Armadas en Tamaulipas, entregado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´Ad Al Hussein y en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, describe la situación del estado como “similar a la que sufren algunos países de Medio Oriente: atentados con explosivos en las calles, restaurantes, centros comerciales, complejos deportivos y medios de comunicación, así como bloqueos de calles y avenidas”.
Tamaulipas fue uno de los primeros y principales escenarios de los que se apoderaron las Fuerzas Armadas, en 2006 cuando Felipe Calderón Hinojosa declaró una ‘guerra’ contra el crimen organizado, teniendo como consecuencia el desarrollo de una escalada de violencia que provocó estragos inimaginables creando un combate de todos contra todos; cárteles contra cárteles y cárteles contra autoridades de los tres órdenes de gobierno, para después enfocarse en Fuerzas Armadas y grupos delictivos contra sociedad civil.
En los últimos dos sexenios los grados de violencia han alcanzado cifras de sociedad civil dañada, de las más altas en la historia contemporánea del país; el resultado de esa “estrategia” fueron escenarios de horror y destrucción, poblados enteros quedaron abandonados, las carreteras se volvieron intransitables y los desaparecidos sumaron miles, según cifras oficiales, pero otros miles más quedaron en el silencio, en el olvido, jamás hubo denuncias formales por miedo a las represalias tanto de las autoridades, como de los criminales.
El Comité explica al Alto Comisionado que “con Enrique Peña Nieto, el escenario no tuvo una mejoría a pesar de anunciar una ‘estrategia diferente’. En Tamaulipas las personas siguen desapareciendo, principalmente mujeres jóvenes, las carreteras son inseguras, los cárteles de las drogas siguen operando a pesar de la ‘captura’ de sus principales dirigentes y las fuerzas federales no han podido garantizar ni paz, ni seguridad”.
Sobre la situación el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en Tamaulipas, se tienen documentados 5 mil 293 casos de personas desaparecidas de enero de 2007 a diciembre de 2014. Números que representan el 27 % de las cifras de desaparecidos en todo el país, situando a Tamaulipas en primer lugar, seguido de Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Sinaloa.
En Tamaulipas las desapariciones (12 mil 696) ocurrieron en 2012, 2013 y 2014, es decir, en los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto. En cuanto al tema de secuestro, el escenario es aún más complejo, sobre el tema el Coordinador Nacional Antisecuestro del país, Renato Sales, se refirió a la entidad asegurando que ahí “vive lo peor del secuestro, por las luchas de las bandas criminales que se pelan el territorio”.
Sin embargo, la forma en que se han manejado los elementos de las distintas Fuerzas Armadas y la libertad que se les ha entregado a los elementos para ejercer cualquier tipo de violencia desmedida, llegando a actos de tortura durante horas, ha perpetrado muchas más denuncias que contra los mismos delincuentes.
El 13 de mayo del 2014, después de semanas de enfrentamientos entre bandas delictivas que paralizaron los municipios de Reynosa, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció una nueva fase denominada “Estrategia de Seguridad Tamaulipas”. Esa nueva medida se puso a cargo de funcionarios y personal operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Seguridad y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, (CISEN). El estado de fuerza destinado para realizar tareas de vigilancia y seguridad en la entidad lo componen alrededor de 15 mil elementos federales, quienes lejos de mejorar al estado, le causaron graves estragos.
Tareas de “inteligencia”: desaparición forzada y ejecuciones extra judiciales
José de Jesús Martínez Chigo y Diana Laura Hernández Acosta, de 17 años, fueron detenidos en un retén de la Marina en Nuevo Laredo por la madrugada, mientras regresaban a sus hogares. Un familiar de las víctimas que pudo observar las detenciones, siguió al vehículo naval que los trasportaba, y lo vio entrar en la Ciudad Deportiva que funciona como campamento de los marinos en Nuevo Laredo.
Los familiares de ambas víctimas solicitaron información sobre su paradero el mismo día, pero las autoridades navales han negado las detenciones y la provisión de cualquier otra información. La denuncia presentada ante la PGR y apoyada con el testimonio de varios testigos que confirmaron la participación de marinos en la detención no ha resultado en una investigación significativa.
Antes del hecho, Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional, escribió una carta urgente a Enrique Peña Nieto, en donde le solicitó una intervención urgente con el objetivo de asegurar la integridad física y los derechos humanos de víctimas de desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales a manos de miembros de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas.
“Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, usted tiene la responsabilidad última de asegurar que las Fuerzas bajo su mando no cometan violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y garantizar que haya una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva para localizar a las víctimas con vida, esclarecer los hechos y llevar los responsables ante la justicia”, versa la carta en poder de Revolución TRESPUNTOCERO.
Desde junio del 2011, la Secretaría de Marina envió a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila elementos de Fuerzas Especiales para recabar información de inteligencia y combatir al crimen organizado, con órdenes precisas de no informar a las autoridades locales y estatales del resultado de sus “investigaciones” y mucho menos de sus acciones. Lo que trajo como resultado que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo recibiera las primeras 15 quejas en contra del personal de esa dependencia, por violaciones graves a los derechos humanos como detención arbitraria, tortura, incomunicación y desaparición forzada de personas.
La Marina tomó un complejo deportivo como base de operaciones; “en ese lugar torturaban a los detenidos, hombres y mujeres, niños y adolescentes, para obtener información que les permitieran detectar a delincuentes de mayor rango que operaban en la región y así proceder a su captura, también se perpetraron abusos sexuales”, constató el Comité.
Las unidades de Marina, incluyendo vehículos particulares y con reporte de robo, cierran calles, allanan domicilios y torturan a los detenidos frente a sus familiares, también amenazan de muerte a menores de edad, simulando asesinarlos, después “fichan” a los arrestados, los vuelven a torturar y finalmente los ponen a disposición del Ministerio Público, pero en ocasiones no lo hacen, como fue el caso de José Cruz Díaz Camarillo, José Fortino Martínez, Martín Rico García, Diego Omar Guillen Martínez, Usiel Gómez Rivera y Héctor Alejandro Rodríguez Vázquez, quienes jamás aparecieron después de ser detenidos.
En esos casos, se aportó un video como prueba, aún con eso la Marina negó las acusaciones de los familiares y toda participación en los hechos, emitiendo dos boletines al respecto y posteriormente atribuyendo a la “delincuencia organizada” la detención de los seis hombres, asegurando que fueron usados “uniformes apócrifos y vehículos clonados”, una versión que con frecuencia suelen usar ante situaciones similares en distintos puntos del territorio nacional. La última vez que se leyó algo parecido fue en el caso de los disparos en contra de población en Tamazula, Durango (documentado por Revolución TRESPUNTOCERO).
Los familiares denunciaron los hechos a la Procuraduría General de la República (PGR), pero lejos de encontrar respaldo jurídico e interés por investigar los hechos obtuvieron indiferencia, maltrato, desconfianza y al final; impunidad. Finalmente a manera de indemnización, la Secretaría de Marina pagó a cada familia, 200 mil pesos y la promesa de un plan de estudios hasta el grado profesional para los hijos de las personas desaparecidas, pero no incluyó a niños y las niñas, recién nacidos al momento de las desapariciones.
Sin embargo, aspectos como la salud, alimentación, vivienda y asistencia jurídica quedaron al margen de la recomendación y de las autoridades de Marina y del Gobierno de la República. Además la PGR dictaminó que no encontró elementos de responsabilidad en contra del personal de Marina por la desaparición forzada de José Fortino Martínez Martínez, Martín Rico García, Diego Omar Guillen Martínez, Usiel Gómez Rivera, José Cruz Díaz Camarillo y Héctor Alejandro Rodríguez Vázquez y mediante un oficio, informó a las familias, la reserva de la averiguación.
Hasta hoy ningún elemento fue detenido, juzgado y mucho menos procesado. A José Cruz Díaz Camarillo lo detuvieron poco antes del mediodía en un negocio de tatuajes, en pleno centro de Nuevo Laredo. La consecuencia de aquel hecho fue el desamparo jurídico a Joey Fabiola, de cuatro años y Cruz Ángelo de tres años.
Usiel Gomez Rivera fue detenido por elementos de la Marina la noche de un sábado en el estacionamiento de una farmacia, mientras se encontraba junto a su esposa Claudia Ake. A Diego Omar Guillen Martínez lo detuvieron en la madrugada, en presencia de su esposa Yadira Alejandra Martínez, de su papá Arnulfo Guillen y de su mamá María Isabel Martínez Alarcón.
José Fortino Martínez Martínez fue sacado de su domicilio en presencia de su esposa Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez, y de sus hijos e hijas, alrededor de las once de la noche, sin motivo alguno. La última vez que se le vio fue en un motel que la Marina utilizó como alojamiento. Un video tomado por familiares sirvió como evidencia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Martin Rico García fue detenido por agentes de la Marina una madrugada mientras se encontraba dormido en su domicilio en compañía de su esposa María de los Ángeles Díaz de León y sus hijos. Sus dos hijos abandonaron sus estudios por falta de atención y cuidados de su mamá; sin embargo el Comité constató que ahora se encuentran en las filas del crimen organizado como delincuentes menores.
El contexto de las ejecuciones extra judiciales es similar a lo que sucede con las desapariciones forzadas; impunidad de los agresores, manipulación de escenarios, alteración de evidencias, siembra de armas y drogas a las víctimas, intimidación y amenazas para los familiares o testigos, descalificación en páginas de internet y una profunda parcialidad de las autoridades investigadoras.
Como ejemplo se puede recordar el caso (documentado por Revolución TRESPUNTOCERO) de Diana Karina Calderón Bravo de 16 años, al cual le dio acompañamiento el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Aproximadamente las 16:30 horas del martes 19 de mayo del 2015, la madre de la chica se enteró que se había registrado una balacera en su colonia y unos soldados habían matado a Diana.
La chica manejaba su carro cuando sucedieron los hechos, ella iba acompañada de su amiga Alejandra quien aseguró que militares fueron quienes les dispararon, cuando ella se pudo bajar del vehículo, les gritó que no dispararan, que no traían armas de fuego, ella se bajó y un militar le dijo que se fuera del lugar y cuando iba corriendo alcanzó a escuchar que el mismo elemento le decía a otros de sus compañeros “ya la cagamos, son muchachas”.
“Nosotros coincidimos, con fundamentos, que tanto la tortura como la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales son situaciones generalizadas, al Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Campa Cifrián, al gobierno mexicano y al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, quienes han dicho que el reporte de la CIDH no refleja la situación de México, quisiera responderles que deberían ir a Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, estados donde en conjunto deben haber más de 5 mil desapariciones forzadas, más de mil ejecuciones extrajudiciales, las denuncias están ahí pero no quieren darlas a conocer, porque pareciera que estos dos funcionarios están siendo manipulados por el gobierno de la República.
Da la impresión que son simples marionetas, ya que ambos reflejan un temor hacia las Fuerzas Armadas (Marina y Ejército), que son quienes verdaderamente mueven el poder de la seguridad pública y el poder político en el país, soy un convencido que son ellos quienes mandan, no es el presidente la República de otra manera no entenderíamos como se han perpetrado tantos delitos de lesa humanidad y en los tribunales nunca existen sentencias”, afirma Ramos.
A su vez puntualiza que “el gobierno de la República debe comenzar a procesar responsables, dar protección a las víctimas y a los familiares que buscan a las personas desaparecidas y que en caso de ejecución extrajudicial, que la PGR acuda con celeridad, que terminen las investigaciones en casos que llevan tres años averiguando acusaciones de militares, policías y marinos y que no existe una sola consignación, es necesario que los organismos internacionales nos ayuden a combatir la impunidad, que ellos también continúen exigiendo a Peña Nieto que deje de proteger a sus soldados
Las acciones principales de las Fuerzas Armadas han sido sembrar armas, alterar evidencias y convertir a las víctimas de ciudadanos ejemplares a delincuentes los sicarios. Es justo por eso que el secretario de la defensa debería de sentirse avergonzado y debería de comenzar a pedir disculpas públicas”.
Por su parte la socióloga Andrea Puente, experta en seguridad y violencia castrense, explica a Revolución TRESPUNTOCERO que Tamaulipas constituye uno de los principales fracasos o triunfos, dependiendo de las intensiones del gobierno en turno. “Podemos hablar de una grave crisis humanitaria que inició con Calderón y que tal vez Peña Nieto quiso continuar, porque se le ve más intensión a esto, que a querer combatir el narcotráfico, atacando civiles y dejando intactas las cuentas bancarias de los narcotraficantes, que es así como verdaderamente se combate la delincuencia.
A esto se le debe sumar un sistema de justicia militar por demás deficiente, con nula objetividad, porque bajo la protección absoluta de secretario de Defensa y gobierno se asegura la impunidad. Estamos frente a un panorama de venganza cruenta, donde quienes ostentan el poder planean exterminar a las clases vulnerables, con el cometido que es mejor que sean ellos y no los verdaderos sicarios, los verdaderos capos, ya que son estos los que pagan campañas, invierten en proyectos gubernamentales, producto de esto la narco-política ha operado levantando gente inocente, para justificar los billones invertidos en armamento, otro negocio extremadamente conveniente para otro de los socios: Estados Unidos”.
A Peña Nieto, Amnistía Internacional le ha recordado, que en varios momentos durante el primer año de su administración asumió públicamente compromisos ante familiares de personas desaparecidas, asegurando que sería una administración que no toleraría las ejecuciones extrajudiciales ni las desapariciones forzadas, que se reforzaría el marco legal para combatir estos delito, que garantizaría la búsqueda efectiva y rápida de las personas reportadas como desaparecidas (sea por delincuentes o funcionarios del estado) y que los militares y/o marinos acusados de cometer violaciones de derechos humanos rendirían cuentas ante la justicia civil por medio de investigaciones efectivas… Esto no pasó.
