(12 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Organizaciones campesinas demandaron a los diputados federales no permitir que se concrete el recorte al agro mexicano como lo propone el Ejecutivo federal a través del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 –que debe ser aprobado por los legisladores a más tardar el domingo 15- y que los recursos que sean etiquetados garanticen el fortalecimiento de los pequeños productores o de lo contrario podría estallar un conflicto social.
El dirigente de la Central Cardenista Campesina (CCC), Max Correa –en compañía de los representantes del movimiento El campo es de todos- denunció que los recursos que han sido etiquetados para el área en años pasados, se han concentrado en las manos de las pocas agroempresas nacionales y transnacionales que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (como Gruma, Bimbo y Herdez) lo que ha dado como resultado, más pobreza en el campo.
Desde el pasado martes, estas organizaciones han realizado diversas manifestaciones en la Ciudad de México, una de ellas, frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la que solicitaron una reunión con su titular, Miguel Ángel Osorio Chong y otros integrantes del “gabinete agropecuario” ante quienes exigieron que se cambie la política estructural dirigida al sector, incluida la calidad y cantidad del presupuesto.
Otro encuentro lo tuvieron ayer con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el priista, Baltazar Hinojosa, ante quien presentaron su Propuesta para el campo 2016, que tiene por objetivo reorientar el presupuesto para fortalecer la agricultura familiar campesina e indígena e incrementar su productividad.
“Estamos proponiendo disminuciones en programas regresivos como el Procampo para que exista un tope de apoyo de hasta 20 hectáreas, con lo cual se podría apoyar al 96% de los productores y liberar el resto de recursos para canalizarlo a programas de apoyo al minifundio como lo es el de la mujer, pero también para respaldar los programas productivos que están en otras dependencias, ahora que se van a cambiar del INAES, de la Secretaría de Economía, hacia la Sedatu, programas como vivienda rural y para desactivar los conflictos agrarios que todavía prevalecen en el medio rural”, detalló Correa.
El dirigente agrario sostuvo que Hinojosa les ofreció “tratar de rescatar” más de 17 mil millones de pesos para la Secretaría de Agricultura y otras a las que se les están recortando en la propuesta que mandó el Ejecutivo, además de “hacer un esfuerzo” para rescatar alrededor de 10 mil millones de pesos en programas sensibles y advirtió que si los legisladores no reasignan los recursos, darán elementos para que estalle un conflicto social en el medio rural.
Transnacionales, las grandes beneficiarias
Luis Gómez Garay, dirigente de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCEP) agregó que el presupuesto para el campo debe promover la justicia y la equidad, por lo que consideró reprobable que programas como Promete y FAPPA, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), tengan asignaciones de más de 400 millones de pesos, pues estos recursos son canalizados a grandes empresas bajo el rubro de “componente de apoyo a la comercialización”.
Por ejemplo, explicó que la comercializadora Industrial AOA, de Sonora recibe 265 millones de pesos, lo que contrasta con los 400 millones que se asignan al apoyo de todas las mujeres rurales en el país.
“Nosotros hemos planteado que el presupuesto tiene que ser mejor redistribuido, que el presupuesto tiene que ser mejor canalizado para desarrollar la economía de las comunidades rurales que hoy por hoy se encuentran en el abandono, en la pobreza y con la falta de oportunidades”, explicó Gómez.
Los líderes campesinos exigieron a los diputados federales hacer valer su voto luego de considerar las implicaciones que puede tener en un futuro el que el campo siga siendo dejado de lado en el desarrollo nacional.
Gómez Garay explicó que el abandono al campo ha sido tal, que hace 20 años, cuando había una población rural de 32 millones de personas, contribuía con 14% del Producto Interno Bruto (PIB); actualmente, el aporte es únicamente del 3%, a pesar de que en la zona rural de México habitan más de 42 millones de personas, lo que evidencia el impacto de una política totalmente equivocada que ha dejado a la deriva a las comunidades.
“El impacto en las comunidades rurales es un incremento gradual e indiscriminado de la pobreza y una crisis estructural que no se había dado en la historia del país, en la que están prácticamente todas las ramas productivas de manera simultánea, excepto aquellas ligadas a la exportación”, argumentó.
Correa advirtió que México ha perdido la seguridad y soberanía alimentaria, pues de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) -por sus siglas en inglés- un país tiene seguridad en la materia cuando es capaz de producir 75% de los alimentos que consume y nosotros importamos más del 60%.
Además, “hemos perdido soberanía alimentaria porque dependemos de las importaciones de insumos como las semillas mejoradas y los fertilizantes, para poder garantizar la producción. A raíz de que en este año se devaluó el peso, las importaciones de fertilizantes, semillas y pesticidas incrementaron el costo de producción de los productores, pero también incrementaron los costos del diésel, de las gasolinas, de las tarifas para el bombeo agrícola y entonces, el pequeño agricultor está prácticamente en la quiebra”.
