(19 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero, afirmó que a raíz de la agresión en contra de alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa –registrada entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del año pasado, que dejó como saldo la desaparición de 43 estudiantes y el asesinado de seis personas, entre ellas tres alumnos de la misma institución- la inseguridad en la zona persiste e incluso se han intensificado y acusó al exgobernador sustituto, Rogelio Ortega, de desatender el tema.
El funcionario –que hasta julio pasado fungió como encargado de despacho y luego fue ratificado como titular de la Comisión por el Congreso local- agregó que la constante en la entidad, es la falta de acceso a la justicia.
En reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Especial para dar seguimiento al caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, Navarrete narró que entre las nueve y 10 de la noche del 26 de septiembre, a través de una llamada telefónica, tuvo conocimiento de los hechos que se suscitaban en Iguala; sin embargo, “todavía parecían no graves, pero sí (sabíamos de) un enfrentamiento entre estudiantes y policías, que son muy frecuentes en nuestro estado, pero (supimos) que ya había, por lo menos, un muerto”.
Según el funcionario, en compañía de varios colaboradores, salió de Chilpancingo con rumbo a Iguala, pero a la altura de una comunidad llamada Mezcala, ubicada en el municipio de Eduardo Neri, encontraron que la carretera se encontraba bloqueada por un tráiler, lo que les impidió continuar el recorrido, hasta que elementos de la Policía Federal llegaron a retirar el vehículo.
“El escenario ya parecía difícil, había una señora con heridas de arma de fuego bajándose de su auto, había otra persona con heridas a un costado de la carretera, que finalmente reconocimos como un agente del Ministerio Público”, sostuvo el ombudsman y agregó que este dato no fue consignado en las investigaciones del caso, porque fue un hecho que no ocurrió en Iguala; sin embargo, los alertó respecto a que lo que verían no se trataba de “un simple enfrentamiento” y que la delincuencia organizada podría estar involucrada.
Navarrete Magdaleno explicó ante los legisladores, que mientras se trasladaba a Iguala, los ataques continuaban sucediéndose, de acuerdo a varios testimonios que vía celular pudo documentar con reporteros locales que prácticamente en vivo, narraron la segunda agresión de que fueron objeto los normalistas mientras ofrecían una improvisada conferencia de prensa en una calle de la comunidad.
Desolación y oscuridad, la primera imagen de Iguala
Al llegar a Iguala, ya en la madrugada del sábado 27 de septiembre de 2014, los funcionarios públicos se encontraron con que la población estaba en la penumbra, pues los delincuentes habían suspendido la energía eléctrica.
“Todavía había a la vista los objetos con los que, de alguna manera, se dañó a los estudiantes, a sus vehículos; había casquillos en la calle, estaban los autobuses, la gente, temerosa, estaba escondida en sus casas, a puerta cerrada. El panorama para nosotros, también era muy complejo por la inseguridad. Buscamos un lugar para iniciar nuestras investigaciones en cuanto advertimos que el asunto era muy superior a como nos lo habían planteado en un inicio”, dijo el funcionario.
Una vez establecidos en las oficinas de la Fiscalía del estado, comenzaron a documentar y dar seguimiento a, por ejemplo, las declaraciones de los estudiantes que rindieron ante autoridades del estado y posteriormente, decidieron salir a las calles en la búsqueda del resto de los normalistas. Entonces, se hablaba de por lo menos 70 desaparecidos.
Con el paso de las horas, la cifra disminuyó hasta reducirse a los 43.
Según Navarrete Magdaleno, la búsqueda del resto de los estudiantes comenzó por el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, posteriormente a los centros de arresto de la policía municipal y horas más tarde, a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de la comunidad en donde no les permitieron el paso; sin embargo, “hubo grupos que dificultaron el trabajo no sólo de la comisión, sino también del Ministerio Público”.
La misma madrugada del 27 de septiembre, al menos 22 policías municipales que se encontraban en funciones, fueron detenidos. Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos pudieron preguntarles acerca de los hechos suscitados. De manera paralela, el ombudsman recuerda que un gran número de taxistas de transporte urbano y combis, bloquearon el acceso al cuartel de la policía estatal y no permitieron que los trasladaran a Chilpancingo para iniciar la averiguación previa. Posteriormente se sabría que los transportistas tenían nexos con el crimen organizado.
Aparición de fosas, pero no de los normalistas…
Ante legisladores federales de diversos grupos parlamentarios, el funcionario explicó que posteriormente, personal de la dependencia a su cargo, ciudadanos y funcionarios del gobierno del estado, desplegaron grupos de búsqueda en los municipios aledaños a Iguala para dar con los normalistas.
El procedimiento, dio resultados, pero no los esperados.
En un cerro cercano a Iguala, descubrieron varias fosas clandestinas, pero no rastros de los estudiantes.
Con el paso de los días, las marchas y manifestaciones con la exigencia de que los estudiantes aparecieran con vida, fueron escalando proporciones.
“Participamos en marchas pidieron justicia, pero sobre todo, cuidando que no haya enfrentamientos. A nosotros nos interesa que dentro de las manifestaciones no haya violencia porque se genera un estado de desequilibrio social. Son cuestionadas las comisiones de derecho humanos cuando a una parte de la sociedad le incomoda que los organismos atendamos a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y por otro lado, los gobiernos nos acusan de ser demasiado protectores de los estudiantes”, sostuvo el funcionario.
Navarrete recalcó que durante la búsqueda de los normalistas –para la que se echó mano de caballos, perros, motocicletas, lanchas, espeleólogos, drones, helicópteros, aviones y geo radares- no observaron “acción suficiente” de parte de las fuerzas policiacas, ni estatales ni federales; “fue muy tardía su reacción”, sostuvo el funcionario.
El dos de octubre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), atrajo el caso y la dependencia local, quedó al margen del seguimiento.
