Por: Enrique Legoreta
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La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), hizo declaraciones contundentes tras las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) que anunciaron que se dará a conocer una base de datos de personas desaparecidas en México.
Con base en estas declaraciones públicas, la lista contiene ya más de 27 mil casos, “un número escalofriante, personas que han sido sustraídas de sus familias o cuyo paradero es desconocido”.
AI consideró inaceptable que las autoridades no hayan tomado medidas eficaces para prevenir, esclarecer o sancionar estos crímenes.
Se recordó que hasta el momento no se ha indicado cuántos podrían ser casos de desaparición forzada, es decir, desapariciones cometidas con la participación directa o indirecta de funcionarios públicos.
Asimismo se reconoció que se trata de un avance en la información que las autoridades mexicanas están recopilando y haciendo pública para que sea posible dimensionar la magnitud de este problema, el cual fue tolerado e ignorado por el gobierno federal y los gobiernos estatales durante la pasada administración.
Sin embargo, la organización exhortó a las autoridades a especificar las medidas que tomará para que la base de datos sea un mecanismo eficaz para investigar las circunstancias de las desapariciones, establecer el paradero de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.
AI consideró fundamental que las investigaciones sean imparciales e exhaustivas y que permitan determinar en qué desapariciones participaron agentes de las fuerzas armadas y policiales.
De igual manera, AI afirmó que es esencial que las autoridades aseguren la participación activa de las organizaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos en el diseño e implementación de las medidas preventivas y las investigaciones para así garantizar su eficacia. Además debe asegurarse que estas organizaciones puedan participar en el proceso de identificación de cuerpos en fosas comunes y morgues.
“Durante los últimos seis años los familiares de las víctimas han sido ignorados y hasta criminalizados por sus esfuerzos para obtener la verdad y justicia. El gobierno ha dicho que va a actuar pero esto deberá traducirse en una transformación total en la atención del Estado hacia las víctimas y sus familiares”, aseguró Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.
Agregó que “recopilar y transparentar la información es un paso fundamental, pero valdrá de poco a las familias de las víctimas en tanto no se realicen investigaciones efectivas para revelar el paradero de las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos”.
La afirmación pública sobre una base de datos que documenta más de 27 mil casos de desapariciones, ocurrió en la víspera de la presentación del informe de Human Rigths Watch (HRW) “México: Crisis de desapariciones forzadas” mediante el cual se puso en evidencia lo extendido de estos graves abusos y la amplia participación de agentes del Estado.
Recordó que AI escribió a Enrique Peña Nieto durante sus primeros días en la presidencia para resaltar las acciones urgentes que se requieren para atender la grave situación de derechos humanos, en especial los casos de desapariciones.
Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha continuado documentando esta alarmante situación y coincide con las conclusiones presentadas por HRW.
