(02 de diciembre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- En el marco de la investigación sobre la presunta comisión de delitos electorales por parte de Arturo Escobar, organizaciones de la sociedad civil (OSC) exigieron que el proceso para determinar la responsabilidad del ex representante del Partido Verde se realice con plena libertad y apego irrestricto de la ley. Lo anterior con el objetivo que no haya impunidad en el caso y el político sea sancionado si así se requiere.
Los organismos -que trabajan el tema de la prevención del delito y manifestaron su repudio por la llegada de Escobar a la subsecretaría que aborda el tema- consideraron que estas acciones en contra del ex legislador son un avance importante en aras de “desmantelar los sectores mafiosos de la clase política mexicana”.
Las diversas OSC-que conforman la Coalición Ciudadana por la Prevención de las Violencias– hicieron el llamado para que el proceso en contra del político sea imparcial, esto ante el temor de que sea favorecido por la posición de poder que ha ocupado. Además, ahora que la consignación de Escobar se encuentra en las manos de instancias jurisdiccionales, exigieron pronta resolución y autonomía del Poder Judicial en la resolución que tome.
Luego de varios años de señalamiento en contra de Escobar por quebrantar la ley, los organismos de la sociedad civil reconocieron la labor de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y del fiscal Santiago Nieto, quienes pidieron al Ministerio Público girar orden de aprehensión al ex legislador del Verde. En lo referente, criticaron las voces emergentes que han tratado de desprestigiar el trabajo realizado, con el argumento que hubo violaciones a los derechos de Escobar.
“Reconocemos el trabajo desempeñado por la FEPADE y el Fiscal Santiago Nieto y reprobamos los intentos por desprestigiar su labor aludiendo a presuntas filtraciones de información y la supuesta violación a la presunción de inocencia de Escobar. Recordemos que este tema salió a la luz por la difusión que hicieron los propios denunciantes: Javier Corral (PAN) y Julisa Mejía Guardado (PRD). Reiteramos nuestra exigencia de procurar la integridad física, intelectual, patrimonial del Fiscal Santiago Nieto; así como la de las organizaciones y personas que integran esta Coalición”, apuntó.
“La regla del PVEM es violar la ley”
En palabras de Laura Martínez, integrante de Adivac, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, el tema de las tarjetas Premia Platino – por el cual es investigado Arturo Escobar- no es un caso aislado, sino un elemento de un enramado que demuestra que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene como única regla “la reiterada y sistemática violación a las leyes y la Constitución”.
Al fijar el posicionamiento de la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias, reiteró que la petición para girar orden aprehensión, así como su salida de la Subsecretaría de Prevención y Participación ciudadana “es un primer y significativo paso en la ruta del desmantelamiento de los sectores mafiosos de la clase política mexicana que han capturado al Estado en beneficio de sus propios intereses; y que tienen en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) uno de sus espacios más representativos”.
Recordó que en el reciente proceso electoral el PVEM violó la ley electoral en varias ocasiones y de diversas formas. Manifestó que el Verde cometió, entre otras cosas: violación al modelo de comunicación política; entrega de beneficios; el incumplimiento de medidas cautelares; las violaciones en materia de fiscalización; y el uso indebido de datos personales y afiliación indebida. Todas las faltas citadas reconocidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Aunado a lo anterior, señaló que el protagonismo de Escobar en el Partido Verde es el factor que ha convertido a la violación de la ley como una estrategia político- electoral de esta institución. Cabe recordar que en ocasiones anteriores, las organizaciones de la Coalición ciudadana demandaron que Escobar representa la cultura de la ilegalidad y la corrupción.
El futuro en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana
Luego de la salida de Arturo Escobar de la Subsecretaría de Prevención y Participación ciudadana, las organizaciones de la Coalición ciudadana subrayaron la importancia de que llegue a esta instancia una persona capacitada en el tema, y evitar una designación como “forma de pago de favores políticos”, como la del ex representante del Verde.
Señalaron que aún hay personajes que laboran en la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana que no cuentan con el perfil para realizar labores en la instancia. Algunos de los nombres mencionados son: Ruth Zavaleta y Eduardo Vázquez Rossainz.
“La sola salida de Arturo Escobar de la Segob no garantizará el avance y una necesaria revisión participativa del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED). Junto con él otras personas sin experiencia en prevención y participación ciudadana han sido incorporadas a cargos estratégicos en la Subsecretaría. Son los casos de Ruth Zavaleta y Eduardo Vázquez Rossainz, cuyos perfiles son contrarios a la misma lógica de la prevención.
De Ruth Zavaleta, quien desde septiembre es Directora General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, preocupa su posible funcionamiento como operadora política del Partido Verde con miras a la búsqueda de votos para el siguiente proceso electoral en los municipios donde opera el PRONAPRED”, señaló Laura Martínez en nombre de las diversas organizaciones.
Ante la salida de Escobar, dijo, es necesario hacer una revisión colectiva y participativa en la que se involucren autoridades, ciudadanos, académicos, expertos y organizaciones para establecer una política idónea en materia de prevención de las violencias y delincuencia. Señaló que a pesar que existen diversos elementos que alientan el fenómeno, la violencia tiene su raíz en factores estructurales como “el manejo de la economía, la política y la cuestión social que profundizan la desigualdad, la discriminación, la exclusión, la ausencia de oportunidades para las juventudes y la desatención colectiva de un desarrollo material y emocional digno para la infancia y la adolescencia”.
Añadió que la política de seguridad empleada hasta el momento sólo ha provocado más violencia, muertes y violaciones a los derechos humanos.
“Requerimos una estrategia de largo plazo que permita que programas, acciones e intervenciones de prevención social en el territorio permanezcan el tiempo necesario para revertir daños estructurales y muestren resultados. Que las intervenciones se realicen en forma integrada y colaborativa entre la población y los distintos actores sociales e institucionales que participan, y que se garantice que los recursos destinados para la prevención no sean objeto de desvíos para beneficios políticos o personales”, expuso.
