(03 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En una mesa de diálogo con diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, en la que también estuvo presente un funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –en representación del gobierno federal- representantes de diversas áreas del sector cultura, denunciaron que la iniciativa enviada por Peña Nieto a la Cámara de Diputados, con la intención de crear la Secretaría de Cultura, es inconstitucional y por tanto, debe ser desechada.
Investigadores y docentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), agrupados en la Delegación DII-IA-1 de la Sección X del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), argumentaron que desde el punto de vista legislativo, la iniciativa es improcedente y tiene graves inconsistencias porque surge de un vacío legislativo, al no existir ninguna ley general en la materia.
Edir González, representante de la delegación, advirtió que de aprobarse, la propuesta conducirá a una controversia constitucional, pues se opone a partes sustanciales de lo establecido en el artículo 3° de la Constitución, además de que vulneraría las competencias estatales ya legisladas y alteraría las correspondientes a la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas; la Ley orgánica del INAH, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
María de la Luz Aguilar, secretaria general de la Delegación sindical de profesores de investigación científica en docencia del INAH, advirtió que este proyecto podría generar una concentración excesiva de poder en un solo individuo -el futuro titular de la dependencia- además que anularía las facultades de ambos institutos.
Denunció que el objetivo oculto de la iniciativa es la tentativa de explotar de manera intensiva y a favor de los sectores privados, los monumentos y zonas arqueológicas, artísticas, históricas y paleontológicas de la nación, privilegiando el valor económico sobre el patrimonial, lo que se traduce en una “equivocada y miope estrategia de comercialización”.
Un “súper secretario”
José Manuel Figueroa, representante del Colectivo de sindicatos de educación y cultura, señaló que la iniciativa de Peña Nieto pretende desvincular la educación de la cultura y para su redacción, jamás se tomó en cuenta la opinión de los principales actores del sector ni se realizaron las consultas pertinentes.
“Esta iniciativa no toma en cuenta el artículo 4 de la Constitución, que debe normar el acceso a la cultura y disfrute de los bienes culturales, como un derecho de todos los mexicanos, señalado en el artículo primero, tras haberse ampliado las garantías individuales y derechos culturales”, explicó Figueroa.
Aunado a esto, el colectivo criticó que aunque el discurso oficial se mantiene en la línea de la “austeridad” -como se reflejó en los recortes asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 en el sector de la cultura- se pretenda crear una nueva dependencia que, aunque se argumente no generará mayores gastos, sí implica gastos menores como el pago de un nuevo secretario de Estado y la homologación de salarios para la alta y media burocracia.
“Consideramos que es un primer paso a la liberación de los controles estatales sobre el patrimonio cultural de la nación para introducirlo al libre mercado, poniendo en grave riesgo, su permanencia y simbología”, explicó el dirigente y denunció que se pretende dejar el sector cultura en manos de un “súper secretario” que tendría como facultad la decisión de ceder -en comodato o con alguna otra figura legal- edificios históricos e incluso zonas arqueológicas.
“Nos parece que convertir al Conaculta en Secretaría de Cultura, es legalizar lo ilegal, (la dependencia) ha venido usufructuando recursos para beneficio de unos cuantos”, sentenció Figueroa.
Los grupos artísticos de los institutos coincidieron en señalar que la propuesta es inconstitucional y está diseñada para ponderar la cuestión económica por encima de la función social que tiene la cultura.
Julio Rosales, uno de los representantes, criticó que el Ejecutivo pretenda hacer creer a la opinión pública que a la mitad del sexenio le preocupa el sector y recordó que, al mismo tiempo, envió al Congreso, un proyecto de presupuesto con importantes recortes en la materia.
