(05 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En la Sierra Norte de Puebla, el Estado mexicano, en complicidad con las empresas, reprimen a las comunidades que se encuentran en defensa del territorio e imponen megaproyectos sin informar de manera previa ni respetar el derecho a la autonomía. Además violan el consentimiento libre, previo e informado, y buscan hacer negocio con la privatización de los bienes.
Lo anterior es parte de la denuncia realizada por el Consejo Tiyat-Tlali, conformado por más de trece organizaciones de diversas comunidades de la Sierra Norte de Puebla que hoy en día sufren los embates de los megaproyectos o se ven amenazados por estos.
El Consejo, que se mantiene en resistencia, denunció que la criminalización de las comunidades que luchan contra el despojo ya es un factor común. Demandó que la persecución y criminalización es la respuesta del Estado ante la defensa de las comunidades. “Otra de las respuestas ha sido la negación ante los juzgados federales, de las violaciones a derechos humanos cometidas por la emisión de concesiones y permisos a las grandes empresas”, añadió.
De manera particular, los integrantes de esta organización en lucha manifestaron su preocupación por las llamadas reformas estructurales. Demandaron que con los cambios impulsado por Enrique Peña Nieto se abre la puerta al despojo por parte de las empresas.
“Manifestamos con profunda preocupación que con la aprobación de las reformas estructurales y modificaciones al marco jurídico nacional se han creado las condiciones para el despojo a los pueblos de su territorio que se materializa en los proyectos de muerte y se imponen mediante la violación sistemática de los derechos humanos”
En el caso particular de la Sierra Norte de Puebla, el Consejo Tiyat-Tlali mencionó que los pueblos otomíes, tepeua, totonaca y nahua son los principales afectados por el avance de las grandes obras. Enfatizó que las comunidades indígenas han bautizado como “proyectos de muerte” a los megaproyectos impulsado por el gobierno.
“Las empresas extractivas ambicionan invadir la totalidad de la fisiografía serrana. En las zonas altas se han concesionado más de 160,000 hectáreas a la minería. En las zonas de mediana altura, se pretende imponer más de 10 proyectos hidroeléctricos. Las zonas bajas han sido focalizadas para la extracción de hidrocarburos, y ya se han ubicado más de 230 puntos de fracturación hidráulica, fenómeno que irá avanzando conforme evolucionen las rondas de licitación”, añadieron los pobladores en lucha.
Aunado a lo anterior expusieron que la estrategia empleada por las empresas y gobierno cada vez más consiste en romper el tejido social de las comunidades, buscando la confrontación entre los comuneros. Además de la sistemática violación a los derechos colectivos, sociales, económicos culturales y ambientales de los pueblos, pasando por alto lo establecido en la Constitución así como en los tratados internacionales que México ha firmado.
“El Estado mexicano está obligado a respetar, garantizar y promover nuestros derechos indígenas. Tiene este deber porque así lo mandata la Constitución, además de tratados como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Los indígenas poblanos enfatizaron que la intención de desarrollar megaproyectos continúa profundizando “en un ambiente de hostigamiento, intimidación y agresión física, verbal y psicológica, hacia defensores y defensoras del territorio en el Estado de Puebla”.
Cabe señalar, que ante tal contexto, organizaciones como Fundar-Centro de Análisis e Investigación, PODER, o el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario han manifestado du rechazo ante este embate contra las comunidades.
“Nos solidarizamos y respaldamos el caminar de los pueblos de todo el estado y de la Sierra Norte de Puebla, que han construido un movimiento colectivo para ejercer su derecho a la libre determinación y al territorio, decidiendo el uso, disfrute y conservación de su entorno, derecho que está siendo violado con la aplicación de las recientes políticas gubernamentales y por el olvido histórico de los derechos de los pueblos originarios”.
Las diversas organizaciones han expresado su preocupación por el ataque constante y han manifestado que: “hacemos responsable al gobierno federal, estatal y municipal de las agresiones que sufran los defensores y defensoras del territorio”.
