Al menos a lo largo de este siglo, en estas líneas hemos denunciado y exhibido las desigualdades en el país, una nación con una clase política pudiente y un pueblo miserable, hundido en la pobreza. La clase política, a través de los partidos, se ha apropiado de los derechos de los ciudadanos y a puesto a remate los recursos propiedad de todos los mexicanos, al menos desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Los políticos y legisladores del país no responden de sus actos ante los ciudadanos, sino ante una pequeña “élite económica” trasnacional y doméstica. Se han constituido sólo como administradores de sus intereses en el territorio nacional. Esa es la desgracia global de México, un país al que urge “refundar”, a través de un pacto social con sus ciudadanos y, por lógica, con una nueva Constitución que responda realmente a los intereses de la población.
La Constitución de 1917 es irreconocible en el texto vigente en 2015 y en sus leyes reglamentarias. Las reglas del juego político-electoral y económico del país fueron reescritas para favorecer a una pequeña élite económica, por una partidocracia que sólo responde a sus intereses monetarios. En el ámbito que se revise, todas las leyes están a favor de los poderosos y entregan la riqueza nacional a manos particulares para su disfrute y usufructo. Las grandes mayorías han sido relegadas del progreso y del desarrollo económico del país, mediocre, pero que se ha registrado en las últimas tres décadas. Contamos con algunos de los hombres más ricos del mundo, pero también con millones de miserables y más del 50% de la población vive en la pobreza, sin esperanzas, hasta el momento, de mejorar sus estándares de bienestar social y económico.
Urge revolucionar el status quo, que favorece a dos partidos políticos y un pequeño grupo de multimillonarios. La conducta, la actitud y el actuar de nuestro políticos actuales sólo nos ha llevado a acentuar la desigualdad en el país, por lo que los ciudadanos deben hacer un lado a la clase política y reinventar a México. El actual régimen de Enrique Peña Nieto, al igual que el de los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox, a los que hay que sumar los de Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Miguel de la Madrid, resultaron desastrosos para la población. Los pactos internacionales, comerciales y políticos, y las reformas estructurales produjeron algunos multimillonarios, pero a costa del empobrecimiento de la población, de la destrucción del patrimonio nacional y de la muerte de millones de connacionales condenados al hambre y hasta el crimen para sobrevivir.
No sólo existe el camino de la urnas, que se ha demostrado ha sido falaz y tramposo, pues pese a la alternancia política en 2000 a nivel federal y al cambio de siglas en gobiernos estatales, la situación fundamental estructural no ha cambiado, por el contrario, se ha afianzado. Los ciudadanos mexicanos requieren, les urge, retomar la conducción del país, secuestrado por los políticos y sus partidos. Urge un nuevo pacto social, con los ciudadanos como centro político de refundación de México, con un retorno a sus bases sociales, derivadas de la lucha revolucionaria de 1910, pero que ha sido tenaz y frecuentemente traicionada por los partidos políticos en las cámaras federales de Senadores y de Diputados.
Sin duda que es un largo y sinuoso camino, no exento de obstáculos y emboscadas, pues se tendrá que ir contra un marco legal que llega al extremo de castigar libertades tan fundamentales como la libertad de expresión, y sancionar con cárcel a luchadores y activistas sociales, defensores de derechos humanos, mientras deja en libertad y gozando de su botín, a delincuentes de cuello blanco que se escudan en los colores de su partido y la amplia red de complicidad con el gobierno federal, ejecutivo y judicial, para no ser investigados y encarcelados.
Los primeros pasos ya se dieron en esa dirección. El fin de semana se realizó la segunda Asamblea Nacional de la Constituyente Ciudadana-Popular, en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, para iniciar la refundación del país desde la ciudadanía y a través de una Constitución que surja de la población y, sobre todo, que responda a las necesidades, requerimientos y anhelos de los mexicanos de a pie. En dicha asamblea, omitida por los principales medios de comunicación del país, (excepto los Diarios Por Esto!) se definió la ruta política de la iniciativa, la organización del trabajo territorial y el plan de redacción de la nueva Constitución Ciudadana, cuya primera versión se presentará el 5 de febrero de 2017, a 100 años de la promulgación de la Carta Magna de 1917.
Cabe recordar que la convocatoria inicial para generar una nueva constitución, la emitió a principios de 2014 el obispo Raúl Vera López y la primera asamblea nacional se efectuó el 5 de febrero pasado. Al encuentro de este fin de semana asistieron representaciones de los comités locales, grupos promotores y grupos con constituirse en más de 25 estados.
