(09 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTPOCERO).- El panorama de agresiones y ataques contra defensores del medio ambiente va en ascenso: por lo menos desde hace cinco años los casos han aumentado significativamente, al pasar de 10 en 2010, a 109 en 2015.
Lo anterior es parte de lo revelado en el Segundo Informe Anual Sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En dicho documento, la organización detalló que tan sólo en los seis primeros meses de 2015, los casos de agresión en contra de defensores ambientales fueron 60.
En este sentido, el informe da cuenta que en 2012, 2013 y 2014 -años de gobierno de Enrique Peña Nieto- las agresiones se intensificaron y pasaron de 23, a 53 y 87 respectivamente.
“En el periodo de mayo de 2014 a junio de 2015 se presentaron 109 casos en total. De este total 49 se presentaron del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2014; mientras que los 60 restantes fueron de 1 enero al 31 de julio de 2015. El registro que ha llevado el Cemda desde 2010 ha permitido identificar una tendencia creciente en esta problemática”, denunció la organización.
Andrea Cerami abogado del Cemda y coordinador del área de derechos humanos de la organización, expresó su preocupación por esta tendencia en aumento de agresiones en contra de personas que defienden el ambiente, principalmente de “megaproyectos de muerte” que ponen en riesgo a los ecosistemas y la vida de las comunidades.
Al presentar el informe, el defensor subrayó que las agresiones no pueden verse como casos aislados, sino como un fenómeno que se repite en todo el territorio nacional. Enfatizó que a pesar que en algunas regiones la agresión se intensifica de mayor medida- como en Oaxaca- en todo el territorio mexicano se dan esta clase de agresiones por defender “la vida”.
“Desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental estamos muy preocupados por la situación de los defensores ambientales en México; por las situaciones de agresiones, y hostigamiento que viven periódicamente por la realización de su trabajo. En el Cemda llevamos un registro hemerográfico, la notas de prensa donde identificamos agresiones a personas defensores que trabajan en la defensa de tierras, territorio, medio ambiente, recursos naturales, muchas veces relacionado con megaproyectos. Y desde 2010 hemos contabilizando 240 casos. Solamente en el último caso, de abril de 2014 a mayo de 2015, hemos registrado 109 casos, casi la mitad de todos los casos registrados”, dijo.
De acuerdo con el informe, Sonora se posiciona en el primer sitio como la entidad con el mayor número de agresiones a defensores del ambiente con 16 casos. Le sigue Oaxaca con 13 casos; el Estado de México con 12 casos, y Guerrero con 9. La lista la continúan: Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla con 8 casos de agresión.
Cabe mencionar que el número de casos de agresión no refleja la cifra de las víctimas reales, ya que en un caso pudo existir más de una persona afectada. En lo referente, el documento detalla que de los 109 casos registrados, 130 personas fueron víctimas de un ataque; mientras que 21 agresiones fueron dirigidas en contra de comunidades enteras, y 17 contra organizaciones de la sociedad civil.
“Las personas defensoras víctimas de un ataque son principalmente líderes comunitarios y de grupos que han manifestado más de una vez su rechazo a la construcción de megaproyectos”, señala el texto.
Defensores del agua, los más perseguidos
El Segundo Informe Anual Sobre Ataques a Personas Defensoras Ambientales hace referencia al tipo de megaproyecto que involucra un mayor número de agresiones en contra de defensores. Según el documento, 27 casos de agresión se dieron en contra de comunidades o personas que se oponen a proyectos relacionados con el despojo de agua; la cifra más alta en el informe.
Entre los casos relacionados a esta actividad se encuentra la defensa que ha realizado la Tribuna Yaqui en contra de Acueducto Independencia, que ha quitado el vital líquido a esta comunidad indígena. También destaca el caso de los pobladores de Coyotepec, en el Estado de México, que han emprendido una lucha en contra de la intención de municipalizar el servicio comunitario del agua.
Los información brindada da cuenta que 16 casos de agresión se dieron en el contexto donde se desarrollan megaproyectos hidroeléctricos, mientras 13 más en el marco de la minería. En cuanto a proyectos inmobiliarios, se mencionan 11 casos de agresión uno menos en lo que se refiere a los intentos de despojo.
“En cuanto al tipo de agresión se identificaron 75 amenazas, 25 agresiones físicas, 19 casos de enjuiciamiento arbitrario, 17 detenciones ilegales, 11 asesinatos, 3 casos de difamación hacia OSC y 2 casos de uso indebido de la fuerza”, se lee en el informe.
Aunado a lo anterior, Andrea Cerami agregó que en el documento elaborado por el Cemda se destaca que en 37 de los 109 casos de agresiones se tiene identificado que los ataques fueron obra de agentes del gobierno; no obstante en 49 de los hechos no se conoce al autor de los ataques.
Por otro lado, el defensor hizo mención de la “preocupante tendencia a la criminalización” de los defensores del ambiente. Detalló que esta criminalización parte de la creación de delitos para encarcelar a defensores.
“Lo que hemos visto en los últimos 15 meses es un aumento muy fuerte de los casos de criminalización. Muchas veces los defensores ambientales sufren incriminaciones por delitos no han cometido, y que no se encuentran las pruebas para poder a someter a juicio a los defensores (…) Lo que hemos visto en los últimos 15 meses es un aumento muy fuerte de los casos de criminalización de defensores. Muchas veces los defensores ambientales sufren incriminaciones por delitos que no han cometido, y que no se encuentran las pruebas para poder a someter a juicio a los defensores.”, dijo.
Recordó casos como el de Betina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la Tierra y el Territorio, acusada de delitos que no cometió. En este sentido también citó las detenciones de Mario Luna y Fernando Jiménez, voceros de la Tribu Yaqui; el caso de Marco Antonio Sustegui, opositor a la presa “La Parota” en el estado de Guerrero; así como la detención de Adán y Paul Xicale, padre e hijo que se oponen a un proyecto turístico que pone en riesgo la zona arqueológica de Cholula, Puebla.
“Los ataques que registramos en el informe son una pequeña muestra de todos los ataques que viven los defensores ambientales (porque) la mayoría de los ataques ni siquiera son denunciados o no se consideran ni siquiera ataques”, sentenció.
