(11 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En el Estado de México, los pueblos y comunidades viven un panorama adverso, ya que el gobierno estatal y federal, en complicidad con empresas, pretenden despojar de sus tierras y recursos a los habitantes para hacer negocio a partir de los bienes comunes.
Esto es parte de la denuncia del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), organización que acompaña a diversas comunidades indígenas en resistencia ante la intención de desarrollar megaproyectos, que implica el despojo de aguas, bosques o tierras comunales.
Este miércoles, al presentar su informe de labores 2014-2015, el Centro expresó su preocupación por la “embestida” que se ha iniciado. Señaló que en todo el territorio mexiquense la intención de despojar a los pueblos es una práctica sistematizada.
Itzia Miravete, defensora del CDHZL, señaló que la criminalización de los pobladores en resistencia ha estado presente. Además de la injerencia irregular del gobierno en la vida de las comunidades, con la intención de tergiversar los acuerdos de las asambleas e imponer las obras.
La activista detalló que en los últimos dos años el Centro ha documentado 50 casos de agresión a defensores en el Estado de México. Dijo que por lo menos, cada uno de los agredidos ha sufrido un promedio de tres ataques, en los que familiares también resultan afectados directamente.
Aunado a lo anterior, explicó que el CDHZL ha acompañado en el último año cerca de 56 casos de aprehensiones arbitrarias. Esta clase de procesos, expuso, tienen como eje central la fabricación de delitos y el uso del sistema judicial en contra de los defensores.
“El panorama que vemos en el Edomex, es adverso. Sin embargo lo podemos encontrar esperanzador al ver a tantas mujeres y hombres impulsando procesos de articulación y resistencia. Hemos visto a diario cómo pueblos y organizaciones se enfrentan al gobierno ante el despojo, ante políticas públicas sin perspectivas de DD.HH. que van encaminadas a despojarlas de sus tierras, territorio y agua, a reprimir organizaciones que buscan el acceso al derecho humano de educación con calidad, a una vivienda digna; el acceso al reconocimiento, a la energía eléctrica.
“Ante esta embestida los hemos acompañado. Creemos que es el camino al cual le apostamos, el camino del respeto, de los DD.HH., a construir un mundo de paz”, dijo.
La defensora manifestó que el gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha puesto en operación una variedad de mecanismos con el objetivo de doblegar la voluntad de los pueblos y llevar a cabo las obras establecidas. Dijo que a pesar de ser el más incisivo, el gobierno federal también ha mostrado su interés en el despojo.
“Hemos visto como diariamente estos pueblos se enfrentan a diversos mecanismos que utiliza el gobierno, principalmente estatal, pero en complicidad con el gobierno federal y municipal, en donde para poderse apropiar de las tierras, no sólo es la fuerza, sino buscan tergiversar acuerdos de asambleas, envían policías; muchas veces se compran a los comisariados ejidales, y otras veces más peligrosas hemos visto cómo hay amenazas, agresiones”, apuntó.
Durante la presentación del informe, pobladores de diversas comunidades participaron. En el acto, comuneros de Coyotepec denunciaron la intención del gobierno municipal saliente y estatal de despojarlos del control del sistema comunitario del agua. También una representante del pueblo de Atenco narró la lucha que han tenido que enfrentar para evitar la realización del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
Por su parte, defensoras de la comunidad de Xochicuautla y Huitzizilapan hablaron sobre la lucha en contra de la carretea Toluca-Naucalpan. En ambos casos las comunidades luchan contra un decreto expropiatorio que les arrebata las tierras, destruye el bosque sagrado Otomí y afecto la captación de agua.
Ciudades Bicentenario: el inicio de la embestida
En el informe de poco más de 70 hojas, el CDHZL expone cada uno de los casos que ha acompañado y la lucha que ha representado para los pueblos. En este también plantea cuál es el inició de la agresión hacia los pueblos para consolidar el despojo: el megaproyecto de las Ciudades Bicentenario impulsado por la administración de Enrique Peña Nieto durante su mandato como gobernador de la entidad.
“Nosotros vemos que el despojo es una práctica sistematizada e identificamos que deviene de un proyectos específico: en 2007 se aprobó e inició el proyecto de Ciudades del Bicentenario. Estas ciudades pretenden la construcción, para el 2020, de aproximadamente un millón de casas, en cada uno de los municipios seleccionados, que son: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca, Tecámac y Zumpango.
“A partir de la construcción de estas viviendas, de interés sociales, y para poderlas dotar de los servicios necesarios han tenido que comenzar a despojar de la tierra, del bosque, del agua a los pueblos que se encuentran en las zonas aledañas, como por ejemplo, Coyotepec y Apaxco, que se encuentran muy cerca de la zona de Huehuetoca y Zumpango donde se están edificando dos de las Ciudades Bicentenarios y son de los municipios que más han sufrido por esta política pública sin perspectiva de DDHH ni de conservación del medio ambiente”, apuntó.
Ante la violación a los derechos de las comunidades por el despojo, la defensora afirmó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ha sido incapaz de dar seguimiento a las denuncias. En otras palabras “ha brillado por su ausencia”.
