(16 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- A cuatro años del asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa durante un operativo policiaco en la carretera del Sol, y ante la falta de justicia en el caso, familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil interpusieron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano. El recurso busca que este órgano internacional emita recomendaciones por las violaciones a los derechos humanos en contra de los normalistas aquel 12 de diciembre de 2011 y acabe con la impunidad que ha imperado en el caso.
En conferencia de prensa, familiares de los jóvenes asesinados y torturados, así como los representantes de las OSC que acompañan la demanda, enfatizaron que a pesar de existir elementos que señalan a policías federales como los responsables del homicidio de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría, no ha existido castigo.
Aunado a lo anterior, lamentaron que a cuatro años, el Estado mexicano no ha tomado medidas para evitar que operativos policiacos terminen con la vida de los manifestantes. La agresión del pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala, dijeron, es una muestra clara de la brutalidad con la que sigue operando las corporaciones policiacas.
Los familiares de las victimas expresaron su rechazo a la inacción del gobierno. Demandaron que en este tiempo han sido ignorados por las autoridades.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, subrayó que el buscar a la CIDH tiene como objetivo que se haga justicia en el caso y se logre el castigo a los culpables. Señaló que las autoridades no han tenido avances, ni siquiera se han cumplido las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó por el crimen.
Cabe recordar que los normalistas de Ayotzinapa salieron a protestar -aquel 12 de diciembre de 2011- en la carretera del Sol a la altura del Chilpancingo con el objetivo de exigir mejoras para la Normal Rural de Ayotzinapa. Ante la protesta se desplegó un operativo con la participación de elementos de la Policía Federal, Estatal y Ministerial.
Al respecto, Vidulfo criticó la respuesta “desmedida” de las autoridades con aquel operativo que terminó la vida de los normalistas, causó la detención arbitraria de más de 20 estudiantes, y provocó la tortura del estudiante, Gerardo Torres Pérez.
“Estamos aquí con el objetivo de hacer pública la petición individual ante la CIDH por el caso de las graves violaciones a los DD.HH. cometida contra estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, en el marco de una protesta que realizaban para exigir mejoras en la escuela, al comedor, aumento de la matrícula. Ese 12 de diciembre, los estudiantes fueron agredidos por distintos cuerpos policiacos”, precisó.
El abogado recordó que por lo menos 22 agentes de la Policía Federal dieron positivo en la prueba del rodizonato de sodio, por lo que se demuestra que dispararon durante el operativo en contra de los normalistas. A pesar de lo anterior, dijo, ninguno de los policías fue procesado penal o administrativamente.
Añadió que de todos los policías estatales que fueron sujetos a proceso, ninguno fue sentenciado. “A los dos únicos que se les sometió a un proceso penal más largo, Ismael Salinas y David Cortes Flores, fueron puestos en libertad porque no hubo elementos probatorios”, señaló.
En tal sentido criticó que desde el día de la agresión han existido irregularidades en el manejo de la investigación. Recordó que las autoridades no realizaron un buen resguardo de la escena del crimen, lo que imposibilitó recabar pruebas. Además que no se realizaron estudios importantes como la prueba de balística para determinar la trayectoria de las balas.
El abogado subrayó que ante la impunidad que prevalece en el estado de Guerrero se acude a una instancia internacional. Expresó su deseo de que la CIDH atraiga el caso y valore la responsabilidad del Estado mexicano en los crímenes cometidos contra los normalistas.
“Desde nuestro punto de vista consideramos que se violó el derecho a la vida, que hubo uso excesivo de la fuerza, que se torturó a estudiantes. También consideramos que el derecho a la integridad física fue vulnerado. Para nosotros es muy importante que la CIDH pueda entrar al análisis, pueda admitir este caso y se pueda verificar la responsabilidad del Estado mexicano. Creemos que sólo mediante instancias internacionales, en el caso de la agresión del 12 de diciembre, pueden acceder las víctimas y familiares a la justica; de lo contrario esto va a quedar en la impunidad como hasta ahora”, señaló.
En el caso de las recomendaciones de la CNDH, explicó que este órgano pidió juicio político en contra de algunos funcionarios responsables del operativo. Entre los señalados se encuentra Alberto López Rosas, procurador de Guerrero durante 2011.
“Respecto a la recomendación de la CNDH hubo un cumplimiento parcial. La parte en la que se avanzó fue en algunas indemnizaciones a los familiares. Pero toda la parte que tiene que ver con justicia no se cumplió. No hubo nada contra los policías ni la cadena de mando. Tampoco las autoridades de alto nivel en Guerrero fueron sometidas.
“Se abrió juicio político por recomendación de la CNDH, pero hasta hoy está sin resolver. Uno de los señalados es Alberto López Rosas, ex procurador, que no fue sancionado en este juicio. La impunidad es tal que Alberto López Rosas contendió para gobernador y luego de los hechos fue designado secretario de trabajo de Guerrero. Es decir lo premiaron”, señaló.
Rosales explicó que las investigaciones están detenidas. Dijo que el expediente que se abrió, hoy se encuentra archivado. Añadió que a estas alturas “lo que tendría que pasar es que la hoy Fiscalía General debería estar reabriendo el caso; hoy se encuentra archivado sin posibilidad de ser abierto y sin la voluntad política para abrirlo”.
Buscamos evidenciar el contexto de agresión a normalistas
Luis Carlos Buob, abogado del Cejil, señaló que la demanda interpuesta ante la CIDH busca, en primera instancia, la exigencia de justicia. Sin embargo detalló que con la intervención de este órgano internacional se pretende evidenciar el contexto de agresión que sufre las normales rurales en México.
“La demanda sirve para documentar un contexto de uso arbitrario de la fuerza que no es pasajero, sino que se presenta un patrón desde hace muchos años, sobre todo en el estado de Guerrero. Entonces va a servir también para dar estándares de cómo las fuerzas deben enfrentar estas situaciones y no se deben violentar derechos”, dijo.
Señaló que el principal motivo de acudir a la CIDH se debe a la dilación de las autoridades en el caso.
“El principal motivo de la presentación de la demanda es la exigencia de justicia por la inoperatividad, ineficacia, la falta de respuesta de las autoridades en relación a la exigencia de justicia por parte de los familiares (…) Una de las razones por la que se llega a la CIDH es por la ausencia de diligencias y la existencia de un retardo injustificado en que el Estado dé una respuesta razonable, con las debidas garantías del debido proceso a los familiares”, dijo.
El abogado señaló que esta demanda ante la CIDH podría ser un preámbulo del caso de los 43 normalistas desaparecidos, en tanto que el gobierno no responda con eficacia.
