(17 de diciembre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Jorge Antonio Parral Rabadán fue ejecutado extrajudicialmente a manos de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el 26 de abril de 2010 en el Rancho ‘El Puerto’ en el estado de Nuevo León mientras se encontraba secuestrado e indefenso. Como anteriormente lo dio a conocer Revolución TRESPUNTOCERO, él era trabajador de Caminos y Puentes Federales y trabajaba en una caseta de cobro, cuando fue secuestrado por un grupo de la delincuencia organizada.
Posteriormente fue trasladado a ese rancho, en el que estuvo un día privado de su libertad, al día siguiente, tras un operativo, como lo dio a conocer Sedena, fue asesinado. “En lugar de ser rescatado del secuestro en el que se encontraba fue ejecutado a corta distancia con armas de fuego de uso exclusivo del ejército, por parte sus integrantes.
Después de su ejecución, la Sedena, en colaboración con a la Procuraduría del Estado de Nuevo León, sepultaron el cuerpo como el de una persona no identificada, a pesar que en la escena del crimen se identificaron sus credenciales de trabajador. Incluso existía una alerta binacional México-Estados Unidos por el secuestro de un funcionario federal, existía una serie de pruebas muy claras para poder comunicar los hechos a su familia. Esto no pasó y fue encontrado un año más tarde por su propia familia quien a través de su propia investigación ubicó su paradero”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO Nancy López, directora del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
A casi seis años de la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio, ningún elemento de la Sedena ha sido llevado ante la justicia, esto debido a las demoras tanto en la investigación, como en la consignación de probables responsables, que han sido argumentadas por parte de funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) con excusas como: los constantes cambios de funcionarios de alto nivel, la falta de presupuesto, el exceso de trabajo y la atención prioritaria a casos más visibles y de mayor impacto mediático.
A partir del 2010 se interpusieron una serie de denuncias, no solamente por el tema del secuestro sino por la ejecución de la que fue víctima Jorge Antonio y desde esa fecha, la investigación se había mantenido en la Procuraduría General de la República (PGR), actualmente la investigación se encuentra en SEIDO, dicha dependencia cuenta con todo el material probatorio, que señala la responsabilidad de integrantes de Sedena, por haber hecho mal uso de la fuerza, tras haber ingresado a un rancho sin un operativo claro y con la finalidad de ejecutar a todo el que encontraban en vez de recuperar a personas víctimas de secuestro como era José Antonio. Pese a todo ello, la dependencia, según explica López, se ha seguido negando en reiteradas ocasiones a consignar a los probables responsables.
“Nosotros nos pronunciamos específicamente en esta ocasión porque a pesar que se había hecho un acercamiento a las autoridades, para que efectivamente se consignara a los probables responsables, en últimas fechas nos enteramos que la Sedena ha tenido acceso a los expedientes penales que tendría que estar reservado por parte de esta su Procuraduría.
Lo que sabemos es que el expediente se le ha permitido integrantes de Sedena y a sus abogados, quienes han tenido acceso a esta información, con ello se ha infiltrado incluso los nombres de los probables responsables, quienes ya han comparecido voluntariamente al ministerio público mostrando una teoría del caso completamente diferente a la que se había estado investigando por años por parte de la Procuraduría y que además consta en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, comenta López.
La Comisión señala que es preocupante que exista un acercamiento entre SEIDO y Sedena, pues “va en un sentido contrario a los derechos de las víctimas, en este sentido han sido perjudicados, así como sucede con el debido proceso, al haber mantenido un contacto con un expediente que tenía una calidad de reservado por estar siendo investigado y por estos criterios tan flexibles, de la misma manera le dan paso libre a la SEIDO.
Se da el acceso a la información a los probables responsables, pero no a víctimas, esa es especialmente la molestia y el llamado de atención a la Procuraduría por haber puesto en riesgo la investigación; nosotros solicitamos que este expediente fuera trasladado a la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos, porque la ejecución de José Antonio es en su momento recomendada y documentada por la CNDH, éste es entonces el lugar que tendría que tener la obligación de llevar a cabo la investigación y también se habla de un tema de falta de confianza hacia la SEIDO, por este filtrado de información”, puntualiza López.
El acta de la investigación da a conocer por lo menos un grupo plenamente identificado del ejército, aunque la CMDPDH segura que en el rancho pudieron haber participado entre 15 y 50 integrantes de la Sedena, todos ellos están señalados en la recomendación de la CNDH, lo que es remarcado por la abogada, es que durante este tiempo que se ha llevado a cabo la investigación, ha habido una negativa por parte de Sedena de proporcionar información requerida por el Ministerio Público, también hablamos ahí que existe un tema de obstrucción de la justicia importante por parte de Sedena.
“El caso de Jorge Antonio es un ejemplo de la falta de voluntad por parte de la Sedena de investigar aquellos actos en los cuales se ha determinado que el Ejército mexicano ha cometido arbitrariedades en el ejercicio de funciones, en actividades de seguridad pública. Hay una negativa a investigar y también hay un mensaje muy peligroso que está dando otra vez ese tipo de acciones: la impunidad de sus integrantes al cometer delitos y violaciones a derechos humanos, como en esta historia”, agrega López.
En noviembre de 2014, el Agente Ministerio Público de la Federación presentó una solicitud de consignación ante el Juez Sexto de Distrito en materia penal del Estado de Nuevo León, en contra de un elemento del ejército mexicano por el homicidio de Jorge Antonio, misma que fue negada porque el Juez determinó que no había elementos suficientes sobre la presunta responsabilidad del acusado. Por ello, y con el objetivo de fortalecer la investigación, así como de ubicar en el lugar y momento de los hechos al militar que las evidencias científicas señalaban como probable responsable, se llamó a comparecer a tres militares que estuvieron presentes en el operativo en el Rancho ‘El Puerto’ en abril de 2010.
A partir de dicha comparecencia, el Agente Ministerio Público comunicó a la familia Parral Rabadán en reiteradas ocasiones que ya se contaba con elementos suficientes para solicitar nuevamente la consignación del militar. En múltiples reuniones con el Titular de la Unidad Especializada en Investigación de delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO, aseguró que estaban “listos para consignar”, lo cual a la fecha no ha sucedido.
A esto se suma que funcionarios responsables de la investigación han señalado en diferentes ocasiones que no podrían implicar a la Sedena, ya que supondría “meterse el pie” entre instituciones. Adicionalmente, el pasado 13 de noviembre, cuatro días antes de la cita en la que finalmente la SEIDO daría a conocer a la familia la fecha de consignación, el probable responsable de la ejecución de Jorge Antonio, presentó un escrito solicitando conocer los hechos que se le imputan, así como rendir su declaración, alegando su presunción de inocencia y debido proceso.
Sin embargo, esto resulta contradictorio, ya que en ningún momento se dio a conocer a los militares que habían declarado con anterioridad, quién podría ser el probable responsable, pues únicamente se les preguntó si lo conocían y si él había participado en el operativo de 2010 en ‘El Puerto’. Asimismo, el propio Subprocurador de SEIDO confirmó a la familia que los abogados del presunto responsable revisaron el expediente en su oficina, argumentando según él, su derecho por ser parte del proceso. No obstante, esto sucedió antes que hubiera alguna acusación formal, o al menos un señalamiento en contra del militar.
“Resulta particularmente preocupante que el actual titular de SEIDO, haya permitido dentro de sus instalaciones el acceso irregular a los expedientes por parte de elementos de la Sedena y sus representantes legales en la propia oficina del Subprocurador, así como la filtración y manejo indebido de la información, lo que ha comprometido la independencia y objetividad de la investigación, poniendo en riesgo el acceso a la justicia y la verdad a que la familia Parral Rabadán tiene derecho.
Estas actuaciones han permitido al probable responsable y a la institución a la que pertenece, la Secretaría de la Defensa Nacional, obtener ventaja y la oportunidad de intentar desvirtuar los hechos y perpetuar la impunidad que tanto daño le hace al país”, sentencia la CMDPDH.
A su vez afirman que, “es imprescindible que ante el grave contexto de impunidad estructural en México, la PGR abone al fortalecimiento de las investigaciones y no las pongan en riesgo debido a recurrentes malas prácticas, incluidas complicidades institucionales que cada vez se hacen más evidentes”.
La CMDPDH exige que la Procuradora General de la República, Licenciada Areli Gómez ordene a todo su personal actuar con independencia del poder militar que parece tiene un trato privilegiado, provocando serias dudas sobre el genuino interés del Gobierno Federal de combatir la impunidad por las violaciones graves a los derechos humanos en México.
Por: Emma Martinez
