(31 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El tiroteo iniciará a las 2 con 20 minutos. En estos momentos son las 2 con 15 minutos. La gente cruza de acera a acera, algunos con nerviosismo piensan que algo les podría pasar, el ruido de las camionetas y los escapes de los carros pueden provocar pánico, en una ciudad donde los balazos y las muertes forman parte de la cotidianidad.
Alguien toma un taxi y se aleja del lugar. 15 hombres repartidos en dos camionetas con una ‘X’ en las puertas, ya están posicionados en una esquina de la calle principal, desde ese ángulo pueden observar el panorama completo y mantienen vigilados a un grupo de seis hombres altos, con lentes oscuros y al parecer con armas, que pretendían esconder bajo sus chalecos, pero que se lograban ver levemente, que han bajado por comida a aquel restaurante.
Una familia ha entrado al mismo local, son cinco, tres niños, la madre y el padre. 2 con 18 minutos, parece que el hombre olvidó algo y todos regresan al carro. Se van. Una niña y el que parece su hermano caminan cerca de la puerta del restaurante. 2 con 20 minutos. Parece que ya. Todavía no. Sí, ahora. Un tiroteo. Un tiroteo inicia… Esto es México retratado en los ojos de Mauro, un adolescente que perdió a su padre en un ‘fuego cruzado’.
A lo largo de este año distintas han sido las huellas que las fuerzas armadas han dejado en la sociedad civil: tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada han sido las principales representaciones, en mayor medida en el norte del país, pero sin dejar de contar las tragedias del centro y sur de la República, y aunque el narcotráfico ha figurado como uno de los culpables, se ha convertido en mayor medida en el pretexto de las fuerzas armadas para cometer estos cruentos actos, que incluso han llegado a un genocidio implacable de sociedad civil inocente.
Organizaciones civiles, organismos internacionales y nacionales, víctimas y familiares de ellas, han sido las voces que se han alzado a lo largo de este 2015 para demostrar que durante el sexenio pasado y el presente, con mayor intensidad, el país ha sido violentado por Ejército, Marina, Policías Federal, Estatal, Ministerial y Municipal. Revolución TRESPUNTOCERO tuvo como una de sus principales misiones este año, sacar a la luz los testimonios y las pruebas que demostraron las acciones de las fuerzas armadas, totalmente contrarias a las expuestas en medios oficialistas y discursos políticos de derecha.
Narrando, por medio de las historias de los afectados directos, sus familias y defensores, se ha dado a conocer que día y noche la gente corre, se desespera, duerme con miedo, cuando puede hacerlo, el menor ruido causa pánico, al escuchar un petardo, por increíble que parezca se tiran al suelo y le temen a cualquier soldado o policía federal que se encuentren en el camino. Los niños en muchas entidades han dejado de ir a la escuela, los mayores solamente salen si es necesario o urgente, pero con el terror de que podrían no volver. Ese es ahora México, un país que se asemeja a un campo de batalla, en una guerra constante, donde los civiles se han llegado a convertir en los escudos humanos, de los delincuentes y los elementos de seguridad.
Tortura y malos tratos
Amnistía Internacional aseguró que durante su informe de 2014 encontraron distintos casos sobre la tortura en México y puntualmente Baja California, figuró con más casos a nivel nacional. “Este caso es una representación de lo que sucede todos los días en México, ellos tenían menos de 30 años cuando fueron detenidos, eso habla que las vidas de cuatro jóvenes en plena juventud fueron rotas, porque la tortura no es un hecho que desaparece fácilmente, es una huella que queda permanente”, dice Penman, quien asegura que ya con la resolución de la ONU, México tiene la oportunidad de hacer un cambio, ya que ante el fallo de orden internacional se tiene 90 días para responder, “a ello nosotros esperamos que el Estado mexicano demuestre su voluntad para hacer algo en este caso, porque desafortunadamente hemos comprobado que en este país aunque existan muchos casos la investigación es casi nula, desde 1991 han habido apenas siete sentencias lo que significa que la impunidad es absoluta para este flagelo.
En el país la tortura va en aumento, depende nada más el Estado mexicano que quiera erradicar esta tendencia, este fallo internacional tiene que ser tomado en cuenta porque es histórico y muy importante esperamos que el Estado mexicano pueda comenzar a resolver esos casos en su propio país y no tener que cruzar el Atlántico ir a Ginebra para traer justicias a personas de Baja California”, sentenció Madeleine Penman, Investigadora del organismo. Afirmó que de 2003 a 2014 las quejas por tortura en contra de las fuerzas armadas de México aumentaron hasta un 600%.
29 de junio, 2015.- Gabriel murió a manos de policías municipales; 10 minutos fue el tiempo que tardaron en matarlo.
Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando catorce policías municipales derribaron de forma violenta el portón de una casa y entraron en ella, gritando y amenazando a las personas que ahí estaban, una de ellas era Gabriel Domínguez, de 33 años, quien al verlo los elementos, comenzaron a golpearlo sin detenerse, por medio de patadas, macanas y armas de fuego, además de soltar a un perro entrenado para que también lo atacara.
Silvia Domínguez, hermana del agredido, narró a Revolución TRESPUNTOCERO, “los policías no llevaban ninguna orden de aprehensión, tampoco un documento que demostrara que buscaban a Gabriel, o se le culpaba de algún delito, ellos no se detuvieron nunca, bastó segundos para verlo e inmediatamente comenzaron a ultrajarlo, dentro de su domicilio en el municipio de Reforma, Chiapas”.
Mientras golpeaban e insultaban a Gabriel le decían que él se había robado un carro y que no podía negarlo. Ellos aseguraban que al perseguir al supuesto delincuente vieron que había entrado en esa casa, ante los gritos y el escándalo que se suscito, los vecinos corrieron a defender al hombre que pedía lo dejaran “porque lo estaban matando”.
Sin embargo, los policías les apuntaron con las armas y les dijeron “no se metan, o se los va llevar la chingada”, fue así como se replegaron, pero no pararon de gritar que Gabriel era inocente, que no era el supuesto delincuente a quienes ellos buscaban, de lo cual los elementos hicieron caso omiso.
Cuando Gabriel parecía estar débil para gritar, sin que por ello dejara de quejarse, lo subieron a la góndola de la patrulla y se lo llevaron, “vimos como uno de los policías se colocó encima de él y provocó que se zafará el hueso de la columna de mi hermano, el perro que llevaban, lo siguió mordiendo, le aventaron tierra en la cara, y lo siguieron golpeando con sus armas”, explica Silvia.
“Los policías no llevaron a mi hermano a ningún centro de detención, sino que después de haberlo golpeado y torturado, lo trasladaron a un centro de salud que se encontraba a ocho cuadras de nuestro domicilio, esto para que según ellos, le brindarán primeros auxilios, pero él ya estaba muerto.. muerte por detención”, asegura Silvia.
Cuando los familiares de Gabriel se presentaron a las oficinas de la policía municipal, no les dieron razón alguna del caso y comentaron que no tenían conocimiento del mismo; “yo logré encontrar a mi hermano porque pasé por el centro de salud y vi que algunas patrullas se retiraban del lugar, lo que hizo que entrara a preguntarle a uno de los doctores sobre algún paciente con las características que presentaba mi hermano”, narra Silvia.
En efecto, Gabriel estaba ahí y el médico la enteró que había llegado muerto; “cuando yo reconocí su cuerpo pude ver de cerca los golpes de macanas, las patadas, y la tierra en sus ojos y boca, además de las carcas de las botas de los policías, en sus mejillas, además de las mordidas profundas de los perros, que llegaron a tocar sus huesos. Toda esa tortura en contra de mi hermano duró a penas 10 minutos, fue tiempo que tardaron en matarlo”, puntualiza Silvia.
Además explica, “derivado de los golpes, le quebraron las costillas las cuales se clavaron en un pulmón y en el hígado. Según el diagnóstico, su muerte fue provocada por un shock hipovolémico, productos de la pérdida grave de sangre, que hizo que el corazón fuera incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo, y sus órganos dejaran de funcionar, según el médico legista también hubo un grave golpe contuso, que ya de por si había complicado la situación”.
En el expediente del caso se da cuenta que los elementos declaran qué en efecto, buscaban a otro delincuente, de nombre ‘Mauricio’ y que no era Gabriel, incluso aceptaron su equivocación, “pero aún con esas declaraciones y otro tipo de pruebas, no se ha hecho justicia, al contrario se presentaron testigos falsos, y aunque nosotros solicitamos una reconstrucción de hechos con los testigos que en ese momento estuvieron, por ser vecinos, se nos fue negada”, afirma Silvia.
Y asevera, “los policías, junto al representante del ministerio público fueron absueltos del caso, e incluso se les reincorporó a su trabajo, sin que existiera una notificación a familia de la determinación tomada, aunque recurrimos a la Comisión de Derechos Humanos, nos dieron largas, nos decían que el proceso iba bien y que sí habría justicia, sin embargo con el paso del tiempo, me enviaron un papel donde me documentaban que el caso estaba cerrado y lo hicieron semanas después que presente mi queja, y aún así me siguieron engañando y dando largas”.
Después de darse el primer acercamiento con el gobierno de Manuel Velasco Coello, Silvia asegura, “este señor me engañó, con un supuesto acuerdo, y solamente se centró en una respuesta poco convincente, donde aseguró que la Procuraduría no tiene ningún tipo de acción o mecanismo para juzgar e investigar puntualmente este tipo de delitos, pero con cinismo dijo , que nada se podía hacer, ya que la PGR no se haría cargo de la investigación de los hechos.
En resumidas cuentas, la PGR no tiene un área que proteja a las victimas de este tipo de hechos, es por ello que el gobernador de Chiapas de nada sirvió, ni servirá, porque hace caso omiso ante las tragedias, porque en mi caso, ni siquiera estaba enterado que hubiera pasado una muerte así”.
10 de octubre, 2015.- En un hecho inédito e histórico, ONU condena a México por tortura cometida por el ejército contra cuatro jóvenes.
En junio de 2009, Ramiro Ramírez Martínez (de 24 años), Rodrigo Ramírez Martínez (de 26 años), Orlando Santaolaya Villareal (de 23 años) y Ramiro López Vásquez (25 años), fueron convertidos por el Ejército en integrantes del crimen organizado. Frente a más de una veintena de medios de comunicación, se les condenó al desprecio social, asegurando que les fueron decomisados un considerable arsenal en rifles de alto poder y más de 14 mil proyectiles.
Sedena aseguró que a los “secuestradores” se les incautó 17 rifles entre AK-47 conocidos como “Cuerno de Chivo” y AR-15 calibre 223, tres pistolas escuadras 9 milímetros, 278 cargadores, 14 mil 662 tiros útiles, 27 chalecos antibalas, algunos de ellos con camuflaje tipo militar, así como 14 cascos “Kevlar”; dos esclavas de oro una de ellas con el apellido “Ramírez”, 271 dólares en efectivo, 13 placas antibalas, una vagoneta Land Rover, un pick up Ford y un automóvil Mitsubishi, todos ellos de modelo reciente que utilizaban para “delinquir” en el municipio de Playas de Rosarito y Tijuana. Para finalmente, hablar de delitos imputados como la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, robo de vehículos, posesión de armas y delitos contra la salud.
En octubre pasado, en una circunstancia inédita e histórica en México, se dio a conocer la determinación tomada por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, la cual condena a México por las torturas cometidas contra cuatro jóvenes por parte de elementos del Ejército en Baja California en aquel año.
Ésta es la primer decisión sobre un caso individual contra México que emite este órgano, siendo Baja California una entidad con uno de los más altos números de denuncias por tortura en contra de las fuerzas armadas, dicha sentencia es una resolución emblemática, que nuevamente vienen a respaldar lo aseverado por el Relator Especial de la ONU, Juan Méndez, quien aseguró que en el país la tortura y otros tratos crueles son generalizados, así también se reafirma el informe del grupo de expertos del la CIDH que habla de una grave crisis de derechos humanos, que el Estado mexicano sigue tratando de fingir no reconocer.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CCDH), Amnistía Internacional y actualmente la Organización de las Naciones Unidas tiene una versión completamente distinta del caso de estos cuatro jóvenes. El hecho nombrado los 4 de Rosarito, es una situación de tortura llevada a cabo por elementos del Ejército mexicano en contra de los jóvenes mencionados. La mañana del 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal y Rodrigo Ramírez Martínez, fueron detenidos por soldados en el conjunto habitacional Oceana de Playas de Rosarito, Baja California, sin mediar una orden de detención o presentación, fue ahí donde comenzaron las primeras horas de tortura, por medio de golpizas, asfixia con bolsa de plástico y descargas eléctricas en los genitales.
En el caso de Ramiro, fue detenido en las inmediaciones de un puente peatonal en la carretera libre de Tijuana-Rosarito mientras se encontraba en las horas de descanso de su jornada laboral. En el receso, se encontraba hablando con su pareja por celular, cuando el convoy se detuvo y lo acusó de ser halcón del crimen organizado. Los cuatro detenidos fueron trasladados a dos casas particulares, a bordo de vehículos no oficiales. En el trayecto, así como durante su permanencia en dichas casas, fueron sometidos a actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, demostrados por medio del protocolo de Estambul.
Continuaron siendo objeto de golpes, descargas eléctricas y asfixia. Además, fueron víctimas de tortura psicológica, ya que amenazaban con matarlos, poniéndoles una pistola en la cabeza, si no se declaraban culpables de un secuestro. Ellos contrario a lo legal, no fueron trasladados al Ministerio Público, sino a la II Zona Militar, en el denominado “Cuartel Morelos”, en donde fueron presentados ante los medios de comunicación como una “banda de secuestradores”, quienes hasta la fecha en su mayoría los siguen catalogando como ‘delincuentes’. A los jóvenes se les acusó de cometer varios delitos federales en flagrancia, aunque se ha comprobado que no fueron detenidos en el lugar en el que los militares señalaron en su parte informativo, porque éste ni siquiera existe.
Ellos permanecieron detenidos en instalaciones de la Segunda Zona Militar en Tijuana, Baja California, del 16 al 20 de junio, días durante los cuales persistieron los malos tratos, ya que los mantenían amarrados de pies y manos antes de dormir y amordazados con cinta adhesiva. No les permitían ingerir alimentos ni agua, ni realizar sus necesidades fisiológicas. Durante estos días sus familias desconocían su paradero, ya que ni en la Procuraduría General de la República ni en el cuartel Militar les proporcionaban información al respecto.
Mayra López, hermana de Ramiro López, explicó en exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO: “nosotros nos enteramos de la detención por los medios de comunicación, cuando los exhibieron como delincuentes, como ya era tarde ese día, fue hasta el siguiente que me presenté en la Procuraduría General de la República (PGR), para conocer la situación legal, ahí hablé con el Ministerio Público, quien me dijo que Ramiro estaba detenido en las instalaciones de la zona militar y que no podíamos verlo por las investigaciones que estaban haciendo, como abogada estuve insistiendo, para que me otorgara un permiso, porque ni siquiera tenían derecho a un abogado particular.
Fue hasta varios días después que él se pudo comunicar conmigo por medio del celular del ministerio público fue muy pequeña la comunicación que tuvimos, me dijo que estaba detenido y que se encontraba aún en la zona militar, fue cuando se cortó la llamada porque él tenía prohibido decir su ubicación, ya que se suponía debió de haber estado en las instalaciones de la PGR”.
Mayra siguió insistiendo en que le permitieran ver como abogada el expediente de su hermano para conocer su situación jurídica, sin embargo el ministerio público se negó, ella comenta que “hubo momento en que accedió a ayudarme de manera extraoficial y me proporcionó el parte informativo, me dijo que mi hermano no tenía prueba que fuera culpable, pero que su obligación era enviarlo con los otros tres detenidos, ‘aunque sabemos que no tiene responsabilidad’, aseguró. Finalmente me dio la autorización para que lo pudiera ver, pero me advirtió que quienes fueran a verlo lo encontrarían golpeado Y en un mal estado físico, pero que no podían hacer ningún escándalo con referencia al hecho porque de hacerlo al marcharse lo podían volver a castigar”.
Mayra explica que el joven estaba en el 28 batallón, “mi madre y su en aquel momento su esposa lo encontraron muy golpeado, todavía con sangre en los oídos, amoratado del rostro, le arrancaron las uñas de los pies y no podía caminar porque había sido golpeado severamente en las rodillas, también presentó daños en su dentadura, y principalmente el daño psicológico que tenía encima porque no podía decirles absolutamente nada a quienes lo vieron porque estaba custodiado todo el tiempo por militares. Las visitas siempre fueron controladas de esa manera durante todo el arraigo. Aunque el ministerio público también aceptó que mi hermano había sido víctima de tortura”.
Durante la conferencia “México es condenado por tortura en decisión histórica de la ONU: una gran victoria para las víctimas”, Javier Enríquez Sam, Coordinador General del Colectivo Contra la Tortura explicó “no se puede ser juez y parte en un mismo hecho, porque es así como se perpetran los casos de impunidad en delitos de torturas, también es preocupante que los médicos se sigan manejando con incumplimiento de la ética profesional, ya que realizan estudios donde niegan que la víctima haya padecido tortura, como en este caso.
La CNDH realizó un estudio médico, el cual tiene tantas deficiencias que por eso no termina de integrar un informe y una recomendación porque el médico dice que sí encuentran lesiones y pueden ser relacionadas con tortura, pero el psicólogo dice que no encuentra nada que puede estar relacionado con la tortura, entonces encuentras un estudio en donde ambas partes se contradicen y no sirve para nada. La aplicación del protocolo de Estambul también fue realizada por la PGR y resultó que no existía tortura, pero nosotros intervenimos con todas las evidencias que logramos encontrar resultados médicos que muestran cómo van evolucionando las lesiones, las cuales corresponden muy bien a los tiempos en que fueron detenidos y afectados”.
Por su parte Madeleine Penman, Investigadora para México de Amnistía Internacional aseguró que el caso de tortura de los 4 jóvenes no es nada excepcional, por el contrario casos como ese son totalmente normales en México. “Es normal en México que las personas sean detenidas sin orden de aprehensión, también que las confesiones sean tomadas después de haber aplicado tortura y tratos inhumanos, durante horas, es normal que los ministerios públicos en este país nieguen la tortura. En este caso ante un juez los cuatro jóvenes denunciaron haber sido torturados pese a eso nunca se investigó el hecho e incluso se negó que ellos hubieran declarado tal cosa”.
05 de diciembre, 2015.- Soldados violaron a mi hija; la sangre corría por todo su cuerpo, pensé que se me iba a morir desangrada.
Era medio día cuando Lizette vio a su hija menor, de quince años, entrar a la casa con golpes en el rostro y una cortada en la frene, la sangre no paraba de salir recorriendo su cuerpo, “era demasiada, yo tenía mucho miedo porque pensé que se me iba a morir desangrada, lo pensé más cuando se desmayó.
Lo último que me dijo fue, ‘perdóname mamá, yo no los provoqué, perdóname’, era lo poco que se podía entender, porque la voz le temblaba y con llanto era peor. Tuve miedo, la abracé y la envolví en una toalla, porque la sangre no paraba. Y sí, la violaron. Los soldados la violaron por venganza”, narra Lizette a Revolución TRESPUNTOCERO.
Ella tenía un puesto de comida en un municipio de Sinaloa hace unos cuantos meses. Un grupo de soldados comenzó a asistir con frecuencia a su negocio, “después de dos semanas seguidas de ir a diario, uno de ellos se me acercó y me dijo que no podría pagarme, pero que volvería al siguiente día, no me pude negar, son autoridad y tienen fama de vengativos.
Al día siguiente no llegaron, pero sí después. Pidieron, me pagaron lo que consumieron, pero no lo que debían. Nuevamente una semana después el mismo soldado me dijo que no me pagaría, que no tenía dinero, pero no se acordó de la vez que ya me debía, cada dos semanas era lo mismo. Después de tres meses, esperó a que yo cerrara y me dijo que había estado viendo a mi hija, que ‘por qué no se la daba, que se la quería quedar’, le menté la madre y le di una bofetada”, explica la madre.
A partir de aquel día no volvió a llegar ningún soldado a su negocio de comida. Siguió vendiendo, pero de la nada aparecieron dos muchachos para cobrarle una cuota para que pudiera seguir vendiendo. Eran 350 pesos semanales, “y ya eso es mucho, no tenía muchas ganancias, había días que nadie llegaba, un día uno de mis muchachos vio que quienes me cobraban el derecho de piso, eran amigos de los soldados.
No quise creer lo obvio, ellos los habían estado mandando. Un día amaneció afuera de mi negocio un degollado y no pude abrir en semanas que porque ‘hacían investigación’, pero ninguna autoridad se llegaba a parar. Lo peor fue cuando catearon mi casa, me dijeron que una llamada anónima les dijo que yo vendía droga, dizque buscaron, solamente destrozaron todo lo poco que yo tenía, aventaron el refrigerador, rompieron las puertas de la casa y la televisión.
Nada se salvó y ellos se reían, como si disfrutaran mi dolor, entonces cuando me vieron llorar me dijeron ‘para que aprendas a respetar a tus superiores’ y se fueron”, asegura Lizette. A su hija no la volvió a dejar sola, porque le dijo días después que la estaban comenzando seguir ‘unos chavos’, pero que no sabía quiénes eran.
La menor le dijo que los soldados la habían rodeado cuando iba de la escuela, que era en el horario cuando su madre tenía que preparar la comida del negocio. Hubo días en los que ella la llevaba y la recogía, pero después confió en que regresando con sus compañeros de clases estaría más protegida.
Seis meses pasaron después que aquel soldado le pidiera a Lizette “quedarse con su hija”, un día que salió temprano de la escuela, la menor pasó por donde los soldados se reunían (camino obligado), no pasó nada. Fueron metros después cuando supo que la perseguían, ni siquiera pudo correr, la lastimaron con lo que podría ser un arma blanca en la frente, después abusaron sexualmente de ella dos soldados.
“Como pude la llevé al médico, y a la mañana siguiente la fui a dejar con mi hermana, en otro estado, poco a poco le fui enviando cosas. Yo me cambié de lugar, ahí mismo en la ciudad, porque no tenía dinero para irme a otro sitio. Me costó cara la bofetada y la mentada de madre a un soldado, a esos que dicen cuidan al ciudadano, esos que también son pueblo. Me violaron a mi hija y de la justicia nada, si ellos agarran el poder para humillarnos y ultrajarnos, ese es el ejército del pinche títere que está en el poder”, afirma la madre.
Hoy la menor no puede salir de la casa de su familiares, tiene miedo, dejó de estudiar y llora todo el tiempo, tiene depresión y ha intentado suicidarse, tomó pastillas, porque no quería una muerte con dolor, sin embargo después de una desintoxicación del estómago logró sobrevivir, no habla mucho y creen que cayó en anorexia, porque casi no come, pero según el especialista que la ayudó durante un tiempo por medio de terapias, era parte de todo el trauma.
No fue a muchas sesiones con el psicólogo, fue por falta de dinero. Su madre tampoco sale del lugar, le ha dicho a las personas que tiene otro nombre y prefiere no mantener comunicación con los vecinos, a veces ella cree que tiene “delirio de persecución”, pero asegura que “más vale ser miedosa y paranoica a que un día los soldados me encuentren y me desaparezcan, porque se vengan, tienen poder y son vengativos”.
La colaboradora de HRW Esthela Galaz, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO que “los abusos sexuales cometidos por militares en contra de mujeres no es nuevo, pero Felipe Calderón fue el primero que le dio vía libre a estos hombres que parece ser han recibido un lavado de cerebro, para hacerlos creer que dañar a la sociedad civil y asesinarla es realmente la misión de las Fuerzas Armadas. Ellos en realidad nunca han recibido órdenes de resguardar la seguridad del pueblo mexicano.
Peña Nieto y el Ejército de hoy, claro está, han empeorado mayormente la situación del desprotegido. Existe mayor número de desaparecidos, de abusos sexuales, de ejecuciones extrajudiciales. En cuanto a tortura ha aumentado un 600 %. Hablamos de unas Fuerzas Armadas que ahora abiertamente han hecho una guerra contra todo aquel que ellos consideren puede convertirse en víctima y ser usado como ellos quieran”.
Según informes de HRW, los soldados mexicanos continúan cometiendo “abusos aberrantes” contra la ciudadanía. La cantidad de denuncias de abusos cometidos por el Ejército presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México se sextuplicó entre 2006 y 2008, y llegó a 559 durante el primer semestre de 2009. Sin embargo para los siguientes años estas cifras fueron en aumento. Siendo tortura física, sexual y abusos sexuales los mayores casos en los que se encuentran involucrados elementos del Ejército.
“El caso de la menor es uno más que se queda en el anonimato, ninguna autoridad lo sabrá, porque a nadie de quienes encabezan las dependencias les interesa meterse o atacar al Ejército, hoy son quienes mandan en el país, quien haga algo en contra de ellos es como retar al poder, uno tirano y asesino”, afirma Galaz.
Ejecuciones extrajudiciales
En una entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO este año, la entonces diputada Loretta Ortíz Ahlf, comentó sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales, “en toda mi existencia no tengo conciencia de un momento tan difícil como el que estamos pasando. El padrón de este tipo de homicidios da inicio cuando Felipe Calderón sacó al ejercito a las calles, un error craso; en la mayoría de los países el ejército no está capacitado para dar seguridad a la población, porque las fuerzas armadas y navales están entrenadas para participar en conflictos armados, pero no en actividades ni en núcleos donde existe población civil.
Peña Nieto no solamente no permite la garantía a la debida protección de los derechos humanos, sino que además da paso a la desaparición social. Enrique Peña Nieto podría ser juzgado, principalmente, por crímenes de lesa humanidad, bajo la demostración de su culpabilidad por medio de los informes de los relatores especiales; en México, bajo la consigna de que son ‘criminales’ se dan también los Falsos Positivos, y los testigos falsos. El anterior Procurador General de Justicia, Murillo Karam reconoció que durante la administración de Felipe Calderón ambos tipos de incriminación se dieron, así detenían a personas inocentes, dejando afuera a los culpables, todo con tal de publicitarse, lo que hoy también hace Peña Nieto”.
12 mayo, 2015.- EPN y su interminable violencia, asesina inocentes para mantener control de masas.
María del Carmen Lindo Ramírez señaló al personal de la Secretaría de Marina como los responsables de la ejecución extrajudicial de su hijo, Neiser Cámara Lindo.
El 11 de marzo pasado, aproximadamente a las 7:05 de la noche, a Neiser le llamó su madre para preguntarle en dónde se encontraba, él le respondió que estaba saliendo del fraccionamiento El Campanario y que iba hacia la carretera México ll, agregando que “en un rato más llegaría” a su domicilio, ubicado en reservas territoriales.
María del Carmen sintió angustia por su hijo y decidió llamarle nuevamente, pero ya no le contestó. Horas más tarde se presentó en su domicilio un muchacho para informarle que a Neiser lo había detenido la Marina por el rumbo de la carretera México ll, a la altura de la empresa transportista Express Internacional, “al parecer lo habían herido a balazos”, comenta la madre.
La madre y su nuera, Monserrat Guadalupe Murillo Rodríguez, llegaron a la carretera México ll, en donde había un grupo nutrido de gente y elementos de la Policía Federal y de la Marina; abriéndose paso, logró llegar hasta donde se encontraba el cuerpo de su hijo, quien a simple vista se le apreciaban dos impactos de bala uno en la sien derecha y otra en el costado izquierdo.
Los elementos de la Marina que acordonaban el área, ordenaron a gritos que se retiraran del lugar porque podría suscitarse otra balacera y “nos podía llevar la chingada”, narró María del Carmen, mientras que otro elemento de la Policía Federal, que también se encontraba cerca del cuerpo, les dijo lo mismo añadiendo que ellos no iban a salvaguardar a ninguna de las personas que estuvieran en ese lugar.
María del Carmen declaró que uno de los testigos del hecho le informó que los agentes de la Marina fueron quienes detuvieron a su hijo. Ellos se trasladaban en dos vehículos, una camioneta blanca y otra gris, inicialmente le dispararon, pero después lo internaron en el monte y lo interrogaron, finalmente se escuchó otro disparo, que se presume fue el que recibió en la sien y le causó la muerte.
Durante los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, según un informe de elementos de Ejército y Marina, se han abatido a 780 personas, detenido a 550 y herido a 100, aunque expertos aseguran que es una burda cifra que intenta cubrir los miles de ejecuciones extrajudiciales.
28 de mayo, 2015. “¡La cagamos, son mujeres!”: soldado después de disparar 20 veces al carro de Diana; 5 balas penetraron su cuerpo.
Uno de los casos más cruentos de este año, se suscitó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando Diana, una joven que transitaba en su automóvil, en segundos se convirtió en una víctima más de una ejecución extrajudicial a manos de un grupo de militares.
Después del tiroteo a su persona y a su automóvil, un soldado se acercó y dijo: ‘¡Hey, la cagamos! ¡La cagamos, son mujeres!’, afirmó Alejandra, quien era la copiloto de Diana. “Es ahí cuando reconocen que se equivocaron, que no eran hombres sino mujeres a quienes les habían disparado. Ellos se equivocaron y aún así aseguran que mi hija Diana encubrió un delito”, declaró a Revolución TRESPUNTOCERO María Guadalupe Bravo, madre de la víctima.
Al sufrimiento de haber perdido a un familiar de manera inesperada y producto de una ejecución extrajudicial, además de estar involucradas las fuerzas armadas, se le sumó el tener que enfrentarse al descrédito social. “Porque los soldados, marinos y policía fabrican culpables, alteran escenarios y siembran evidencias”, afirmó en exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO, el Licenciado Raymundo Ramos Vázquez, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDH).
En ese mismo escenario, también falleció Ricardo Daniel Borrego Miguel, un joven que se encontraba conversando con sus amigos y al escuchar los disparos salió corriendo intentando salvarse de éstos, los militares lo visualizaron y alcanzaron a colocarle una de las balas en la nuca, la cual le salió por la boca, provocándole una hemorragia que lo llevó a la muerte, convirtiéndose así en una víctima más del Ejército ese día.
Aunque las balas en los cuerpos de ambos jóvenes y otras pruebas demostraron lo contrario, el parte oficial rendido por los militares aseguró que fueron los elementos las supuestas ‘víctimas’ de una agresión armada y presentaron a un menor de edad como integrante de un grupo delictivo, además de envoltorios con droga, armas y municiones, que dijeron le pertenecían al chico, aún cuando un numeroso grupo de testigos aseveraron que fueron sembrados y ellos presentaron el momento en que el Ejército lo hizo.
Ramos Vázquez explicó que el caso de Diana y Ricardo es una representación del modus operandi del Ejército. Agregando que: “otro padecimiento de las familias que sufren las ejecuciones extrajudiciales, es la impotencia que la autoridad que debería investigar, en este caso el Ministerio Público de la Federación y la Procuraduría General de la República (PGR), no averigua a pesar de haber testigos de las irregularidades”.
14 de octubre 2015.- Ejército dispara por la espalda y mata a joven desarmado en Tamaulipas, le negaron atención médica.
Gustavo Ortega Pérez, tenía 23 años de edad, cuando falleció en el Hospital de Especialidades, después de permanecer una semana en estado de coma. Lo que le produjo la muerte fueron las lesiones de dos balazos, uno en la cabeza y otro por la espalda, siendo los percutores elementos del Ejército Mexicano.
De acuerdo al testimonio de la familia, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, la agresión ocurrió frente a una estación de gasolina. Dafne de la Cruz, esposa de la víctima, narró que los militares acusaron a Gustavo de haberlos agredido a balazos primero, aunque el joven nunca tuvo un arma en su poder, y después de una persecución le dispararon hasta herirlo de gravedad, inicialmente le fue negada la atención médica y fue por la presión de los testigos que fue ingresado al Hospital General bajo fuerte custodia militar e impidiendo en todo momento que sus familiares pudieran tener algún contacto con él, incluso tres camionetas pertenecientes al ejército cerraron las calles cercanas del hospital y a la unidad de emergencias.
La esposa de Gustavo intentó en vano convencer a los militares para que la dejaran entrar a ver al joven. Luego de varias horas, alrededor de las 11 p.m., el personal del Ejército autorizó ingresar a Alba Carolina Ortega Pérez, hermana de Gustavo, pero solamente por espacio de cinco minutos y sólo para identificar al lesionado como su familiar. Ella aseguró que el joven se encontraba inconsciente y que de acuerdo con información proporcionada por el personal médico que lo atendió, presentaba al menos dos impactos de bala, uno en la espalda y otro más en la nuca, mismos que ponían en peligro su vida y que lo habían dejado en coma.
A Gustavo le hacían falta medicamentos y equipo especializado para ser atendido, sus familiares lo trasladaron al hospital de Especialidades, ellos se quejan que en todo momento, el personal militar se dedicó a obstruir la atención del lesionado e intimidar al personal de enfermería y médicos. Pese a los esfuerzos realizados, Gustavo no pudo salvarse y falleció días más tarde.
En la averiguación se logró constatar que los soldados que participaron en los hechos pertenecen al 16o Regimiento de Caballería Motorizada, aunque la demanda de los organismos de Derechos Humanos es que los elementos enfrentes una investigación tanto en el Ministerio Público Militar como en la Procuraduría General de la República por la comisión del delito de ejecución extrajudicial, es difícil que el ejército acceda a la investigación.
Desaparición forzada
El doctor en sociología y especialista en criminalística, Rodrigo Penagos, afirmó en entrevista para este medio que “el Estado mexicano (brutalmente torturador y homicida), aplica de forma ya común la doctrina del desaparecido, teniendo solamente dos intenciones: una será propiciar o causar la muerte del capturado y otra, su tortura con algún propósito ulterior.
En ocasiones es culpable directo o culpable por omisión, sin embargo en ambas situaciones el propósito es demostrar que tienen el poder y lo pueden usar en contra de la sociedad. No importa las facilidades que tengan para esclarecer un caso, si es del pueblo nunca lo harán y más si en la misma situación son doblemente culpables”.
A su vez dijo que el Estado en su totalidad y desde sus distintas esferas de poder, facilita los levantones, desaparición forzada, homicidio, tortura y tratos crueles, producto de siglos de permitírselo: “la sociedad ha contribuido por medio de la aceptación de estos hechos, ha crear fuerzas que son capaces de asesinar a sangre fría a plena luz del día, frente a varios testigos, o levantar jóvenes que solamente transitaban por la calle, o a disparar a personas y asegurar que eran narcotraficantes, o que a su vez estos los usen de escudos humanos sin que, en medio de una absurda guerra contra el narco, nadie haga nada por ellos, nada que no sea revictimizar”.
28 de agosto, 2015.- Benito fue torturado y desaparecido por elementos de Fuerza Tamaulipas; “donde ellos están la gente desaparece”.
Además de su hermano ya habían detenido a dos personas más, a quienes les tomaron fotografías de rostro y cuerpo entero, y se los llevaron sin rumbo específico, a Benito se lo encontraron en el camino y también repitieron la misma dinámica.
“A Benito Aguilar lo estuvimos buscando donde un testigo nos dijo que lo vio junto a otras personas a las que estaban golpeando y torturando. Lo estuvimos buscando durante horas por toda la zona, encontramos su camisa y las botellas de agua mineral con las que se dice los torturaron…
Mucha gente que vive en los alrededores nos ayudó a peinar la zona, mi esposo se metió a las alcantarillas pero no encontró nada, no hemos visto más que su camisa y no sabemos qué más hacer. Nosotros vamos a seguir buscándolo pero necesitamos que el gobierno nos dé una respuesta…
Que nos diga dónde está, a nosotros nos multan por traer vidrios polarizados, pero a la Fuerza Tamaulipas no les hace nada, y ellos no solamente tienen camionetas con vidrios oscuros, también cubren las numeraciones de sus vehículos con pintura negra y las placas las cubren con cinta negra”, declara Juana Castro a Revolución TRESPUNTOCERO.
Hasta febrero de este año en Tamaulipas 5,293 personas habían desaparecido de manera forzada. Así es como ha llegado a tener el mayor registro, ocupando un primer lugar, seguido de Jalisco y el Estado de México.
Ciudadanos de Tamaulipas han asegurado que los elementos de inteligencia de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas y Policía Federal detienen de forma arbitraria a jóvenes de entre 15 y 25 años, los intimidan, los golpean y los llevan detenidos, algunos son localizados en el Ministerio Público, otros “cuando tienen suerte” ni siquiera se suben a las camionetas porque la presión de la gente que se encuentre en el lugar, hace que se arrepientan de llevárselos y de algunos más se desconoce su paradero.
Eran aproximadamente las tres de la tarde con 50 minutos cuando Efraín Aguilar Mendez recibió una llamada telefónica, era de su esposa Juana María Castro, quien le dio a conocer, en forma desesperada, que su hermano Benito había sido detenido por elementos de fuerza Tamaulipas.
Efraín, quien trabaja en una vulcanizadora, salió de inmediato a su domicilio para conocer los hechos; Juana María le pidió a Benito que saliera a la tienda cercana a su casa (ubicada a dos cuadras) a comprar unos refrescos y tortillas, a los pocos minutos de la salida del joven, ella escuchó varias detonaciones de arma de fuego e inmediatamente salió de su vivienda, para saber qué sucedía…
Frente a ella pasaron dos camionetas tipo pick up de color negro y franjas blancas, con la leyenda “Fuerza Tamaulipas”, a decir por ella, con los ya característicos vidrios polarizados. Segundos después se percató que varios elementos de la misma dependencia mantenían detenido a Benito y lo subían por la fuerza a una de las camionetas, ella corrió de inmediato a decirles que lo soltaran, seguido de preguntarles por qué motivo lo habían detenido, “cállate y métete a tu casa sino quieres que te pase lo mismo, te vamos a llevar detenida”, fue la única respuesta que recibió de forma “violenta y a gritos”, inmediatamente después abandonaron el sector.
Amnistía Internacional se ha pronunciado en contra de las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, donde incluso menores de edad son detenidos y desaparecidos por elementos de seguridad del estado y fuerzas armadas. Con esta información ha puntualizado que las acciones de la PGR y otras autoridades para esclarecer los hechos y encontrar a las víctimas han sido tibias e inefectivas.
También ha dicho que existe gran cantidad de casos de desaparición forzada que se han convertido en una evidencia sólida de la participación de las fuerzas armadas y otras instancias de seguridad, sin embargo, pese a ello, no hay resultados en las investigaciones.
17 de septiembre, 2015.- A unos los desaparece el narco, a otros el Estado: familiares destapan lo que el gobierno oculta bajo tierra.
En mayo de 2014 Mirna asistió a los funerales de una persona que había sido alcanzada por la ya tan arraigada violencia en el país, mientras fijaba su mirada en el ataúd de la víctima, pensaba: “qué bueno que yo estoy alejada de todo esto, qué bueno que a mí no me podría pasar”.
Dos meses más tarde, el 14 de julio, su hijo Roberto Corrales Medina se encontraba vendiendo artículos para automóviles en el mismo lugar de siempre, la gasolinera de El Fuerte, un pequeño pueblo perteneciente al estado de Sinaloa. Sentado en una de las banquetas esperaba que algún auto se acercara para ofrecerle la mercancía y así minutos después apareció una camioneta negra.
En México quien ha desaparecido de manera forzosa no regresa a su hogar, periodistas internacionales han explicado que en este país “el desaparecido es un muerto aplazado” y es que si se cuenta con un poco de suerte se hallarán los restos en alguna fosa clandestina.
Desde 2006 poco más de 30 mil personas han desaparecido y aunque los familiares de las víctimas han interpuesto denuncias y han demostrado que su persona fue ‘levantada’, las cifras oficiales insisten en dejarlas fuera del conteo, desapareciendo una vez más a quien fue víctima de una violencia que lo dejó en el incierto.
Aun cuando en los casos de desaparición forzada son nulos o casi mínimos los rastros que deja una persona de su historia después del día en que deja de ser visible, se sabe que solamente existen dos opciones: a unos los desaparece el narco y a otros el Estado (la policía local o federal, el Ejército o la Marina). Mirna Medina comentó a Revolución TRESPUNTOCERO que “sólo hay dos formas de definir quién te desapareció a tu familiar: si aparece muerto y exhibido fue el narco, si aparece enterrado en unafue el gobierno; porque mientras a uno le interesa que todos sepan qué pasa si los intentan perjudicar, al otro le conviene guardar las apariencias de la supuesta seguridad, porque sin cuerpo no hay muerto que demostrar”.
Roberto Corrales Medina se presume fue desaparecido por aquella camioneta negra, su ausencia forzada se dice que se da presuntamente a manos de la policía municipal de El Fuerte, a cuyos mandos pagaba ‘piso’ para protegerlo de la invasión de competidores. Mirna ha padecido las mismas desavenencias y la negación de las averiguaciones sobre el paradero de su hijo, como lo han experimentado miles de familias en este país desde 2006.
A Mirna Nereida Medina Quiñónez, se acercaron mujeres que habían perdido a alguien en la misma circunstancia, así surgió la Asociación Desaparecidos de El Fuerte, conocida comúnmente como “Las Rastreadoras de Cuerpos”, por su tarea cotidiana de buscar y excavar en distintos puntos geográficos huesos humanos y tumbas clandestinas.
En sólo unas semanas, Mirna ya se dedicaba a rastrear y excavar distintas zonas donde podría estar su hijo, en algunos días encontró siete cuerpos, los cuales habían sido enterrados formando un semicírculo, es por ello que es la manera de búsqueda que ella ha elegido junto a los demás miembros de la Asociación.
Mirna explica que “tanto gobierno como la delincuencia organizada han sido nuestros enemigos, pero en esta búsqueda incansable a quienes le tenemos más miedo son al gobierno, corremos mayor peligro, porque el 90 % de los casos, hasta hace unos meses, estuvieron relacionados con autoridades que no habían pasado ni siquiera el examen de control de confianza…
Por eso es que en este punto ya no sabes dónde se termina lo malo e inicia lo menos malo, porque los mismos policías que tienen el poder son los que cuidan a los delincuentes, están coludidos con ellos, incluso los elementos son los que cobran las cuotas a los vendedores ambulantes”.
18 de noviembre, 2015.- Policías detienen a joven y lo entregan a los Zetas; autoridades lo saben pero investigación está estancada.
La familia de Héctor Rangel Ortiz tenía un negocio familiar de venta de ropa en Querétaro, en 2009 él fue el encargado de ir a recoger el dinero con los clientes a Monclova, Coahuila. “Mi hermano fue sacado con engaños, y después estando en el lugar lo detuvieron en un retén de policías municipales, quienes le pidieron a mi hermano 200 pesos, él nos llamó y nos dijo que si no les daba ese dinero no lo iban a dejar continuar, hasta donde nos quedamos él les dio el dinero, pero eso fue lo último que conocimos de él, no volvimos a saber de él”, explicó a Revolución TRESPUNTOCERO Brenda Rangel Ortiz, hermana de Héctor y activista, miembro de Desaparecidos Justicia AC.
Brenda comenta que desde que sucedió la desaparición forzada de su hermano Héctor, padecieron revictimización, ya que el agente del ministerio público encargado de una de las agencias de Monclova Coahuila, “nos preguntó si somos quienes iniciamos la búsqueda de mi hermano Héctor, que a que nos dedicábamos y quienes serán nuestros padres en un tono de revictimización, también cuestionó porqué había ido a Monclova mi hermano.
Además de ese tipo de preguntas, no hemos sabido más, las investigaciones han seguido su curso aparentemente sin resultados, no tenemos ninguna línea específica de investigación por parte de las autoridades, quienes se han portado completamente omisas en distintos momentos, a pesar de toda la información que se ha aportado. En nuestro caso, tuvimos un encuentro en el estado de Querétaro, con gente que al parecer eran del grupo delincuencial los Zetas, nos estuvieron pidiendo dinero en distintas ocasiones para darle de comer a mi hermano, a una de esas personas se le detuvo.
Pero lamentablemente la jueza del juzgado noveno penal del Estado de Querétaro no clasificó el delito de secuestro, sino como de extorsión y al no estar clasificado este último como un delito grave, fue absuelto con una multa de 10 mil pesos, a pesar que se demostró que esa persona era miembro de ese grupo. A continuación tanto a mí, como a mi familia, comenzaron a lléganos amenazas de muerte y extorsión” asegura Brenda.
Ella narró que las amenazas consistieron en advertirles que le iban a cortar el estomago de lado a lado, hasta sangrarlas, si levantaban una denuncia, lo que desarrollo en la familia graves daños psicológicos, “a partir de ahí se vive con miedo, pensando que nos puede pasar algo, en cualquier momento. El temor siempre está presente, ya no vives con tranquilidad, ello se pierde. Aunque les hemos expresado a distintos procuradores, a secretarios de primer nivel como lo es Miguel Ángel Osorio Chong, ya en tres ocasiones, vivimos con el miedo y viviremos con él durante mucho tiempo, le hemos reiterado que no somos los únicos, que existen muchos casos en México.
Le hicimos saber que el temor se debe, a que en muchas ocasiones somos quienes hacemos descubrimientos y es así como las líneas de investigación son descubiertas por los familiares, por lo tanto si descubrimos algo estamos sin protección alguna, somos vulnerables. Tampoco somos la autoridad para ejercer la acción operativa. Tampoco podemos plasmar nuestros datos en algún expediente, porque las investigaciones que hacemos nosotros para la autoridad no tiene ningún valor, siendo los únicos que presentamos pruebas para seguir investigando”, afirma Brenda.
Explica que también se reunieron con Murillo Karam y les aseguró que se iba hacer cargo del hecho, que iba haber una investigación fehaciente. En otro momento les aseguró que haría un grupo especial, conformado de cinco a 10 personas para hacer un seguimiento de la búsqueda de Héctor, sin embargo la construcción del grupo jamás llegó, pese a que frente a nosotros le dio la orden de su fundación a Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (ACI).
“Hasta el momento siguen sin avanzar las investigaciones en el caso de mi hermano, sin embargo, al parecer detuvieron a cuatro policías, no específicamente por el caso de mi hermano sino por otros delitos, pero cuando les realizaron las preguntas de la investigación, ellos aceptaron haber detenido a mi hermano, por ellos es que sabemos que lo entregaron a los Zetas, porque los mismos policías también eran parte de ese grupo”, asegura la hermana de Héctor.
Pese a esas declaraciones la investigación sigue estancada, nadie de la familia de Brenda, sabe dónde está su hermano Héctor, desde 2009, “tampoco nos ha querido permitir hablar con estos agentes policiacos de Monclova, así de ineficaz ha sido la autoridad, pese a que nosotros hemos dado muchas pruebas e Información. Yo le dije a Murillo Karam ‘si no pueden dígalo, pero ya no hagan que demos tantas vueltas, porque ustedes nos están exponiendo más de lo que nosotros ya estamos, carecemos de protección, y luego pareciera que estamos frente al enemigo’”.
También da a conocer que como familiar de un desaparecido, seguirá en la lucha y espera que el hostigamiento y las amenazas en su contra no se vuelvan a repetir, esto debido a que con el gobernador anterior (José Calzada Rovirosa) de Querétaro, ella constantemente fue atacada, en 2014 envió alrededor de 40 policías con armas largas, algunos iban con uniforme, otros vestidos de civil y me dijeron que habían recibido una llamada anónima, donde supuestamente les dijeron que mi camioneta y en mi domicilio había armas, Brenda estaba embarazada y les dijo que podían pasar, que no habría problema, siempre y cuando le mostraran una orden de cateo o algún documento que avalara lo que ellos decían, así que uno de ellos le dijo “ya bájale, esto es orden del jefe”.
A partir de ahí comenzó haber roces por parte del gobernador con Brenda directamente, en otra ocasión le poncharon las cuatro llantas de la camioneta, después le llamaron y le dijeron “fue la gente del gobernador, pero dice que te las va a reponer” y así lo hizo. Sin embargo, según comenta Brenda, aquel hecho pasó justo el día que el daba su último informe de gobierno y pensó que ella asistiría y le reclamaría lo que no ha hecho.
En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que Gobernación envió recientemente al Senado, el número de personas desaparecidas o no localizadas tiende a ser mayor en estados del norte del país.
Según los datos, Tamaulipas es la entidad que concentra el mayor número de personas desparecidas o no localizadas con 21.7 % (5 mil 392) de casos de personas que se le vio por última vez; seguido con 8.8 % (2 mil 184), de Jalisco; de 7.8 % (1 mil 947), de Nuevo León; con el 7.8 % (1 mil 945), del Estado de México; con 6.2 % (1 mil 540), Chihuahua, y con el 6.2 % (1 mil 536), en Sinaloa.
Las anteriores son parte de la gran cantidad de historias, que a lo largo de este año Revolución TRESPUNTOCERO se ha arriesgado a contar, narraciones que otros medios durante mucho tiempo han preferido o tenido que omitir, tomando solamente en cuenta las versiones oficiales, hoy estos mismos medios han investigado y publicado los casos aquí presentados, fortaleciendo así la misión y el compromiso de darle voz a la sociedad civil.
*Fotos por Portal del Sur, Periódico Enfoque, Notiminuto, Revolución TRESPUNTOCERO
