(31 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- México cierra el 2015 con un panorama adverso en materia de derechos humanos. La crisis en el rubro no ha sido atendida por el Ejecutivo federal y lejos de realizar acciones contundentes que busquen el respeto a las garantías de las personas, el gobierno federal sólo se ha dedicado a enarbolar el discurso de respeto a los derechos humanos, sin resultados claros en la realidad.
Desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales son fenómenos que la población mexicana, y los migrantes en tránsito por México, sufrieron como un factor constante a los largo de los últimos 365 días. Por su parte los pueblos indígenas en resistencia aumentaron, ante el intento de despojo que empresas y gobierno iniciaron con el afán de instalar megaproyectos que sólo benefician a unos cuantos.
La represión en contra de los movimientos o sociedad en general que lucha y se manifiesta por alguna causa en especial no cesó, y por el contrario crecieron las acciones que buscaron inhibir la movilización. El uso excesivo de la fuerza contra manifestantes estuvo presente; además de la creación de leyes que tienen como objetivo inhibir la protesta social, criminalizando a quienes hacen valer su derecho a manifestarse.
Los ataques en contra de la prensa también figuraron en el 2015. Los asesinatos de periodistas fue uno de los hechos que causó la indignación de la sociedad, sobre todo siendo un fenómeno que ha crecido. En este tenor Veracruz-gobernado por Javier Duarte- se consolidó como una entidad donde ejercer el periodismo se convirtió en una labor de alto riego, y donde el gobierno del estado es señalado como el principal agresor de reporteros.
De igual forma la violencia de género escaló niveles alarmantes. Este problema alcanzó tal magnitud que incluso publicaciones internacionales dieron seguimiento al fenómeno del feminicidio y señalaron a entidades como el Estado de México, donde ser mujer resulta peligroso.
A pesar de este contexto de crisis, el gobierno peñanietista ha insistido en negar que existe un problema en México. Aun cuando instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado, por ejemplo, que la tortura o la desaparición son fenómenos generalizados, la administración priista ha buscado por todos los medios negar los dichos e incluso desacreditar a los expertos.
En este sentido, Ayotzinapa, como el caso que evidencia la colusión de autoridades y crimen organizado, no ha concluido. Esté, como uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos, continuó durante 2015, en donde se mostró la cara de un gobierno que sólo ha buscado un control de daños y no dar respuesta a lo sucedido; donde inventó versiones para salir al paso y cerrar un tema incómodo.
A continuación se presentan algunos sucesos que muestran la cara de México en materia de derechos humanos.
Ayotzinapa, la piedra en el zapato de Peña
27 de enero, 2015 .- La “mentira histórica” y la terquedad del gobierno
Luego de cuatro meses de haberse cometido el crimen contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su entonces titular, Jesús Murillo Karam, mostró lo que sería la actitud del gobierno en torno al caso: insistir en la versión del basurero de Cocula como respuesta definitiva a la desaparición de los 43 estudiantes.
El 27 de enero de 2015, Murillo Karam ofreció una conferencia de prensa en donde ratificó lo expuesto en noviembre de 2014: “los estudiantes fueron asesinados e incinerado en el basurero de Cocula y sus restos tirados al río San Juan”.
Ante dicho suceso, los padres de los normalistas víctimas del ataque fijaron una postura clara. Desde ese momento dejaron claro que no permitirían carpetazo al tema. “Vamos entrar con más fuerza a la lucha, seremos una sombra para el gobierno de Peña Nieto”; dijo el señor Estanislao Mendoza, padre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos.
A 15 meses del ataque, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos continúan en la lucha. Cada 26 siguen marchando en señal de que el caso no se olvida.
Por otro lado, a más de un año de los hechos, la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)- designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- ha sido fundamental. Gracias al GIEI se han detectado algunos “errores” en la investigación que han entorpecido el acceso a la verdad.
7 de diciembre, 2015.- La ciencia vs la PGR
La última revelación hecha por los expertos evidencia que no existió un incendió en el basurero de Cocula, así como o aseguró Jesús Murillo Karam. Esto convalida lo expuesto por científicos de la UNAM- entre ellos el Dr. Jorge Antonio Montemayor y el Maestro Pablo Ugalde- que en noviembre de 2014 desmintieron “la verdad histórica” demostrado con pruebas científicas que el supuesto incendio con el que se incinero el cuerpo de los 43 estudiantes no pudo realizarse tal y como lo describió la PGR.
“En México hay un saqueo generalizado de los pueblos”
Los pueblos indígenas se enfrentaron en el último año a una escalada de las agresiones en su contra, principalmente por la intención de arrebatarles su tierra e imponer en ellas megaproyectos, que son el negocio de unos cuantos a costa de la privatización de los bienes comunes.
9 de julio, 2015.- La mano del Ejecutivo en contra de los pueblos indígenas
Uno de los casos emblemático se dio en el Estado de México: el 9 de julio de 2015 Enrique Peña Nieto emitió un decreto con el cual expropió 37 hectáreas pertenecientes a la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, esto con la finalidad de imponer el magaproyecto carretero Toluca- Naucalpan. En la misma situación se encuentra la comunidad de Huitzizilapan.
“Queremos decirle a Enrique Peña Nieto que la respuesta frente al decreto emitido es la que siempre ha sostenido nuestra comunidad en resistencia desde hace ochos años frente al proyecto carretero que hoy se impone por la fuerza del Ejecutivo: nuestra respuesta es un rotundo no. No permitiremos que este despojo se consume y mantendremos la resistencia al proyecto de muerte y depredación que significa la autopista privada Toluca-Naucalpan”, aseguraron los pobladores ante la decisión del gobierno.
Asi como muchos otros pueblos, la comunidad de San Francisco Xochicuautla fue victima de la represión. Los poblaodores demandaron la intervención de la policia del Estado de México que con el afán de permitir el avance de la maquinaria golpeó a los habitantes sin importar que fueran mujeres, niños, o adultos mayores.
Para desgracia de la sociedad, los casos de despojo se replican en todo el territorio. La lucha de los pueblos por la defensa de la tierra se ha propagado en cada entidad. Algunos casos tienen la fortuna de ser evidenciados, sin embargo otros más permanecen en la oscuridad, ante el embate de los gobiernos y la iniciativa privada.
El caso de la Tribu Yaqui y su defensa del agua es uno de los emblemáticos en últimos años. Ahora, este pueblo originario de Sonora, no sólo se enfrenta al Acueducto Independencia, sino contra un gasoducto que intenta cruzar por su territorio.
19 de octubre, 2015.- Pueblo binniza denuncia hostigamiento
En la zona del Istmo de Tehuantepec, los pueblos oaxaqueños han tenido que lidiar desde hace algunos años contra megaproyectos eólicos que ponen en riesgo su vida. Primero con el nombre de Maraña Renovable, la iniciativa privada buscó desarrollar un parque eólico en la zona. Unos años después, luego de ser vencidos en tribunales por los indígenas, cambió el nombre a Eólica del Sur para intenar de nueva cuenta desarrollar la obra.
Durante 2015 los pueblos del Istmo dieron una batalla no sólo legal, sino de supervivencia. Denunciaron la presencia de grupos de choque mandados por la empresa encargada del proyecto para intimidar a los pobladores en lucha e imponer el megaproyectos. Además acusaron a partidos como el Revolucionario Institucional de impulsar la obra.
12 de noviembre, 2015.- Pueblos de la Sierra Norte de Puebla denuncian embestida neoliberal
Otra de las zonas azotadas por los megaproyectos es la región de la Sierra Norte de Puebla. En esta región-rica en recursos energéticos y mineros- diversas compañías extractivas han buscado consolidar sus proyectos en la zona, aunque eso represente poner en riesgo la vida de las comunidades, al destruir la naturaleza contaminando de manera severa la zona.
Hidroeléctricas, mineras, proyectos de extracción de hidrocarburos son parte de las obras que atentan contra pueblos de municipios como Cuetzalan, San Felipe Tepatlán, Tlatlauquitepec, Huehuetla, Tetela de Ocampo, Teziutlán, entre otros muchos más. Todas estas acciones avaladas por el gobeirno en sus tres ordenes.
“Se da una serie de violaciones a derechos de los pueblos, en especial su violación al derecho a la libre autodeterminación, la violación al derecho al territorio de las comunidades, derecho que tienen del uso preferente de los recursos naturales. Todos esos derechos son pisoteados cuando vienen todos estos megaproyectos y además están privilegiados por el marco legal y por las propias políticas (…) Las comunidades se están organizado y están resistiendo al embate. Hay mucha energía y sapiencia en las comunidades para resistir al capital. Creo que el llamado es para que pensemos nuestras formas de luchar frente a todo este complejo andamiaje de empresas y gobierno que es prácticamente ya una mafia organizada para saquear los territorios”, dijo Edmundo del Pozo, investigador de Fundar- Centro de Análisis e Investigación, organización que ha acompañado a estos pueblos de la Sierra Norte.
Libertad de expresión coartada
Durante 2015 ocho periodistas fueron asesinados en México. A esto se suma una lista larga de homicidios contra periodistas que se han perpetrado en el país, la mayoría de ellos se mantienen en la impunidad.
31 de julio, 2015.- Las garras de Javier Duarte llegan a la Ciudad de México
El caso del fotoperiodista, Rubén Espinosa, fue uno de los que llamó más la atención por el vínculo del crimen con el gobierno veracruzano.
Fue el 31 de julio de 2015, cuando el fotoperiodista fue asesinado en la colonia Narvarte junto a cuatro mujeres más. Rubén Espinosa se había autoexiliado en la Ciudad de México luego de recibir amenazas en Veracruz, estado donde residía y llevaba a cabo su labor profesional.
A cinco meses del crimen, las investigaciones sobre el caso apuntan al cierre. El 10 de noviembre pasado los abogados Leopoldo Maldonado y David Peña denunciaron la intención de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) de dar carpetazo al tema. Además desde que se suscitó el crimen, los representantes legales de los familiares de Rubén Espinosa y Nadia Era denunciaron una serie de irregularidades en la investigación. ()
“La PGJDF pretende dar carpetazo a la investigación, pretende dar cierre solamente con esta construcción que ha hecho de las personas que ha detenido (y el móvil del robo), aún con todas estas inconsistencias vacías, y esta falta de claridad que ha caracterizado la investigación (…) Hemos ofrecido elementos en las 50 diligencia que propusimos. Hemos ofrecido testimonios de periodistas de Veracruz que han sido amenazados para acreditar un posible modus operandi y la PGJDF se ha negado a recibir los testimonios. Ese es el punto clave donde la PGJDF se ha negado a avanzar. Nosotros decimos: hay muchas dudas, la investigación debe seguir, el tema es que hasta hoy nos han puesto este dique”, dijo el abogado David Peña.
Sin freno la violencia feminicida
Desde los primeros meses de 2015 la cifra de feminicidios tomó niveles preocupantes. Organizaciones de la sociedad advirtieron del ritmo alarmante que los asesinatos de mujeres cobraron de enero a marzo.
A pesar de la situación de “terror” que se presentó, las autoridades mexicanas hicieron caso omiso a la problemática. La cifra de feminicidios fue en incremento a partir de primer trimestre de 2015, sin que el gobierno peñanietista implementará mecanismos para detener el fenómeno; ni siquiera atender el llamado para activar la Alerta por Violencia de Género (AVG).
El Estado de México, según voces como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), ha alcanzado niveles de feminicidio que lo colocan como una de las peores entidades con la problemática; esta situación ha estado presente desde que Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad. Otras organizaciones han ubicado a esta entidad-hoy gobernada por el PRI- en un escenario peor que lo que se vivió-y vive- en Chihuahua, una de las regiones más azotadas por la violencia.
9 de julio, 2015.- Activan AVG; acciones se quedan en el discurso
Luego de varios meses de un fenómeno creciente, fue Eruviel Ávila quien informó de la activación de la AVG en el Edomex. El gobernador mexiquense “celebró” esta acción, aunque desde años atrás organizaciones como la propia CMDPDH habían solicitado la activación del mecanismo; en ese entonces el gobierno mexiquense puso varias trabas para lograr el objetivo, aunque el contexto de violencia feminicida ya era grave.
Cabe destacar que diversos defensores han lamentado que a pesar de la activación de la AVG, las acciones, concretamente del gobierno del Edomex, han sido mínimas para lograr erradicar el fenómeno de feminicidio.
“Es importante destacar que las acciones que se han desarrollado a partir de la activación de la AVG son mínimas, por no decir que inexistentes. Se han dado recomendaciones al Edomex para que implemente de manera inmediata acciones urgentes y recomendaciones, para que atienda la gravedad de la violencia feminicida y dé seguimiento puntual al cumplimiento de dichas acciones. Hasta el momento no se ha percibido ningún avance con la AVG”, dijo Rocío Rosete, integrante del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano.
Migrantes y el abuso de las autoridades
Desde la puesta en marcha del Programa Integral Frontera Sur, activistas como el padre Alejandro Solalinde han denunciado la “cacería” que el gobierno mexicano emprendió en contra de los migrantes. Esta “política migratoria” de la administración peñanietista, desde la visión de las organizaciones que acompañan a los migrantes, sólo ha vulnerado aún más a las personas en tránsito lo que las ha convertido en presa fácil, no sólo del crimen organizado, sino de las propias autoridades.
10 de diciembre, 2015.- Agentes del INM los principales verdugos de migrantes
De manera particular, han sido señalados los agentes del Instituto Nacional de migración como los principales verdugos de los migrantes. Ellos seguidos de policías federales se incluso militares que detienen a personas en tránsito a pesar que no está dentro de su competencia. Extorsión, violaciones sexuales, ejecuciones, desapariciones, entre otros muchos delitos sufren los migrantes a su paso por el país.
En este rubro, México se ha convertido en un país deportador, superando a Estados Unidos en la materia. Para diversos activistas, con este hecho “México ha perdido el papel de hermano mayor” de los países centroamericanos.
“La gran tragedia no es la migración, es la respuesta que el Estado mexicano ha tenido, que no ha sabido ponerse a la altura”, manifestó Marco Castillo, director de la Asamblea Popular de Familias Migrantes.
Además el defensor del migrante ha señalado que: “El año 2015 quedará como uno de los años más sombríos y tristes de la historia de los seres humanos. Hoy no podemos preciarnos de ser un país que trata con dignidad a las personas, porque los migrantes, las personas en tránsito, las personas en búsqueda de una vida mejor, hoy están profundamente criminalizadas a su paso por México, y lo mismo sucede en Estados Unidos”.
Por su parte, el padre Alejandro Solalinde ha declarado que hoy el país vive en una nueva etapa del feudalismo, en donde los migrantes son tratados como mercancías. Cabe recordar que el director del albergue Hermanos en el Camino denunció una red de tráfico de órganos que toma como víctimas a migrantes; en esta red acusó a funcionarios de estar involucrados.
Fotos: Aristegui Noticias, Periódico Provincia, PRODESC, CDHZL, CIMAC.
