Por: Estela Garrido
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Uno de los principales problemas sociales que enfrenta América Latina es la migración. La necesidad por cambiar la residencia obedece a un sinnúmero de factores, entre ellos, la guerrilla, la violencia, la guerra entre narcotraficantes y la pobreza.
Los sectores que se ven afectados directamente a este fenómeno son aquellos que están más desprotegidos. Las mujeres inmigrantes han tenido que sortear un camino sinuoso en el que la corrupción, la pobreza, el abuso y las violaciones son ineludibles.
Conforme a este contexto, se organizó en febrero, en la capital mexicana, el simposio “Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos” coordinado por la Dra. Genoveva Roldán Dávila, IIEC, UNAM e INCIDE Social, A.C., la Mtra. Nancy Pérez García de Sin Fronteras IAP y la Mtra. Axela Romero Cárdenas de Salud Integral para la Mujer, SIPAM, A.C.
La cantidad aproximada de migrantes mujeres, de acuerdo a las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones que calcula 214 millones de personas en constante migración, sería 50 por ciento. Esta proporción habla de un número desolador de mujeres que afrontan cada día situaciones riesgosas que violan sus Derechos Humanos.
En promedio, el 16.43 por ciento de los migrantes que atraviesan el país mexicano provienen de Centroamérica. De este grueso de población, la mayoría tiene entre 18 y 29 años y, de ellas, 6 de cada 10 mujeres centroamericanas que pasan por México son víctimas de violación sexual según información de Amnistía Internacional.
El problema se diversifica en trata de personas, explotación sexual y esclavitud. La experta en violencia de género, Andrea Medina Rosas, aseguró que el índice de denuncia es prácticamente nulo por lo que no hay expedientes o una investigación que combata el problema que afecta a miles de mujeres migrantes, sin papeles y carentes de derechos cada año.
Las organizaciones civiles Sin Fronteras e Incide Social se comprometieron, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y el senado a establecer acciones que comprometan al gobierno del sureste del México a promover y respetar los derechos humanos de estas migrantes.
Los comprometidos con la causa firmaron un acuerdo: la Declaración por los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes. En el cual se asumen 10 compromisos a mediano plazo para frenar esta situación que aqueja a miles de mujeres.
