(11 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 1994 cientos de familias, que mantenían relación directa con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se unieron a la lucha social aquel enero, lo que provocó que muchos fueran detenidos, asesinados y otros perdieran sus tierras y sus pequeñas propiedades, al ser desplazados por el gobierno de aquella época.
“Habíamos padecido tantas humillaciones y vejaciones por parte de las autoridades que lo único que buscamos era gritar que nos estaban matando, con armas, con el hambre, de distintas manera todo era represión, el día que el ejército no incendiaba nuestras casas, nos atacaba en los caminos, querían como hoy, las riquezas que estaban en nuestros terrenos, a donde habíamos sido confinados, a las afueras por creernos ‘inferiores’.
El EZLN en ese momento fue el único movimiento, y lo sigue siendo, que logró agruparnos para la defensa de toda la comunidad indígena y no solamente de unos cuantos que veían por algunas comunidades, éramos una fuerza imparable, por eso nos arriesgamos, tomamos lo que pudiera servir como arma y fuimos a decirle al pinche PRI y a todo el gobierno que no íbamos a dejarnos, que estábamos ahí para ganar o morir.
Conforme el movimiento avanzaba algunos regresaron a sus casas a ver qué les habían robado, algunos se encontraron con que ya no tenían nada, pero por los saqueadores del mismo pueblo, pero otros padecieron la venganza gubernamental y fueron despojados; gobiernos van y vienen y la venganza sigue existiendo, hoy 15 familias sin hogar son burladas por las autoridades estatales y federales quienes siguen asegurándoles un hogar que jamás ha llegado”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO Lázaro López, luchador social que participó en la lucha del EZLN desde 1994.
El miembro de una de las 15 familias tseltales, pertenecientes a las Cañadas, Ocosiongo, quien ha preferido mantener su nombre en el anonimato, explica al medio que “desde que nos quitaron nuestras tierras, todos los días hemos padecido humillaciones, desde aquel 1994 iniciamos una lucha en contra del gobierno, que provocó otra problemática, obligándonos a emplearnos de lo que fuera, en oficios que no conocíamos del todo y por lo cual nos pagaron miserias, porque teníamos que aprenderlo.
Nuestras familias no pudieron volver a vivir en un techo propio y en muchos casos ni siquiera en un techo, porque hasta en las calles durante mucho tiempo se tuvo y creo que algunos siguen teniendo que vivir por aquel mal acto del gobierno en contra de los que pedíamos respeto a nuestra persona, nuestra sangre y nuestras tierras”.
El grupo de familias afectadas, ha dado a conocer que en conjunto los gobiernos estatal y federal dieron paso a la creación de un fideicomiso que contempló la compra de un terreno, que sería donde se construirían los hogares perdidos de los indígenas, para ello se debió liberar 3 millones de pesos para comenzar la construcción de las casas, pero esto no ha sucedido.
La más reciente acción la llevaron a cabo el 30 de diciembre pasado, cuando una comisión de los desplazados se hicieron presentes en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI), en su sede de Chiapas, para pedir les explicaran cuál era el desarrollo del proceso hasta ahora; la respuesta fue que desde 2015 el gobierno federal aportó los recursos para llevar a cabo el proyecto, los cuales constan de aproximadamente 13 millones de pesos, catalogados como “Apoyos para el Acceso a los Derechos de Indígenas Desplazados”.
Aunque los mismos funcionaron agregaron, que aún no se puede dar paso a la construcción porque en efecto faltan 3 millones de pesos más, los cuales deberían ser entregados por el gobierno estatal de Manuel Velasco Coello, sin embargo este no lo ha hecho, por lo cual no se ha podido llevar a cabo la compra del terreno.
El plazo para que se liberaran los recursos y se diera paso a la obtención de la propiedad era el 31 de diciembre de 2015, pero esto no sucedió, por lo tanto los recursos federales fueron devueltos y las familias tendrán que empezar desde cero la construcción de un proyecto donde se vuelva a plantear su problemática, sin que se sepa cuándo obtendrán respuesta y si sería la misma, por parte del gobierno federal.
Aunque en su momento los desplazados enviaron de manera urgente un documento a Daniel Sandoval Jafif, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda del estado, pidiendo liberaran los recursos y las consecuencias que no hacerse padecerían las familias, esto no llegó a buen termino.
El grupo de familias de las Cañadas, también padeció durante años el no ser reconocidas como desplazados por conflicto armado, lo cual logró hasta 2012. “En aquel año se comenzó hablar de la compra de un terreno, pero lo que hoy nos hace el gobierno estatal, solamente es una demostración más que no solamente le es indiferente la población indígena, sino que la hace sufrir porque es un racista que no puede esconder su odio hacia nuestra población”, asegura la fuente.
Dichas tierras fueron repartidas a otros campesinos, quienes no han sido molestados o intimidados para abandonar sus tierras, pero tampoco piensan devolverlas, ya que se han apropiado de ellas y las autoriadades los han apoyado.
Este grupo de familias desplazadas se constituyeron en la organización SPR Cascada de Ocosingo como asamblea de desplazados; son en conjunto 165 familias ejidatarias y sus descendientes, que hoy suman más de mil 500 personas, originarias de 17 ejidos de Las Cañadas de la Selva Lacandona, que son:
1. Ejido Plan de Guadalupe, Ocosingo 2. Ejido Santa Elena, Ocosingo
3. Ejido Prado Pacayal, Ocosingo
4. Ejido El Guanal, Ocosingo
5. Ejido Las Tacitas, Ocosingo
7. Ejido La Garrucha, Ocosingo
8. Ejido Amador Hernández, Ocosingo 9. Ejido Hermenegildo Galeana, Ocosingo 10. Ejido Avellanal, Ocosingo 11. Ejido La Ibarra, Ocosingo 12. Ejido La Sultana, Ocosingo 13. Ejido San Francisco, Ocosingo
14. Ejido Nuevo Altamirano, Ocosingo 15. Ejido Lázaro Cárdenas, Altamirano 16. Ejido Las Tazas, Ocosingo
17. Ejido Ramón F. Balboa, Ocosingo
La mayor parte de estas familias, hasta antes del desplazamiento no sólo contaban con un patrimonio de tierras productivas de al menos 20 hectáreas cada una, sino que habían alcanzado un desarrollo productivo, sobre la base de la producción de maíz, de café orgánico de alta calidad, siendo comerciado incluso en Europa y la ganadería, siendo proveedores locales y estatales.
