(18 de enero, 2016).- Activistas y ciudadanos reaccionaron ante lo que ellos mismos denominaron un “ecocidio”, recolectando firmas para interponer nuevos recursos legales para frenar los trabajos que devastan manglares con la finalidad de construir complejos comerciales.
La madrugada de este sábado 16 de enero, maquinaria pesada y camiones de volteo ingresaron a la zona del Malecón de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, para concluir con el plan trazado por el gobierno estatal y municipal: devastar la zona de manglar y poder edificar plazas comerciales y torres de condominios.
Resguardados por elementos de la policía estatal y municipal, la maquinaria entró al lugar para desmontar mangle y rellenar los humedales, con el objetivo de iniciar la construcción de los proyectos previstos, todo con el aval del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur).
La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar y decenas de personas acudieron a firmar al módulo instalado a la entrada de Malecón Tajamar, en el centro de la ciudad. El ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) envió agentes de tránsito para sancionar a los automovilistas que se estacionaron para sumarse al repudio al proyecto turístico, inmobiliario y comercial.
“Presentaremos un amparo federal contra el bloqueo al libre tránsito en el malecón”, dijo Raúl Fernández León, delegado estatal de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos.
En el predio, que colinda con la laguna Nichupté y la zona de manglares del mismo nombre, se pretende edificar 22 proyectos, entre ellos la basílica católica de Cancún, un centro comercial, estacionamientos y oficinas, así como una zona residencial con 3 mil 600 viviendas y torres de condominios.
De acuerdo al activista Raúl Fernández, los inconformes llevarán el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Naciones Unidas. Adelantó que la respuesta de la CIDH podría tardar por lo menos seis meses cuando la obra esté demasiado adelantada.
Parte dijo que también interpondrán un recurso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la violación a la suspensión provisional que se emitió en agosto pasado contra los trabajos, los cuales se reanudaron el fin de semana bajo acreditación estatal.
