(19 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Para José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDDH), México vive un complejo panorama en torno al fenómeno de la tortura. De acuerdo con el defensor, por lo menos desde finales de la década de los noventa, en el país ya se denunciaba un uso recurrente de la tortura en diversos ámbitos.
Al inaugurar el Foro internacional sobre investigación, procesamiento y sanción de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el doctor en derecho recordó que el año pasado el relator especial para la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, denunció que en México la práctica de este delito era generalizada. Cabe recordar que en aquel momento el gobierno mexicano buscó descalificar lo dicho por el experto de la ONU, quien afirmó que la tortura se realizaba en prácticamente todas las corporaciones que se encargan de hacer arrestos en el país.
Guevara Bermúdez subrayó que en el 2001 el Comité Contra la Tortura de la ONU denunció que en México había una práctica sistematizada de la tortura. Además que se presentaba una negativa por investigar esta clase de delito.
“Tenemos un contexto complejo del fenómeno de la tortura en México. Es un problema crítico que no es nuevo; ya desde los noventa, específicamente en el año de 1997 que vino el relator especial para temas de tortura a México, señaló que la tortura era una práctica recurrente en el país, y que se practicaba frecuentemente en diversos contextos.
“En el 2001 el Comité Contra la Tortura, gracias a un informe del Centro Prodh, hizo una visita a México y encontró que en el país la tortura es una práctica sistemática, lo cual debe alertar a quienes defienden los esfuerzos del país porque ya desde finales del siglo pasado se veía un uso regular de la tortura (…) En 2013, 2014, 2015 nuevamente el relator visitó México y encontró que la tortura es una práctica generalizada”, dijo.
El director de la CMDPDH manifestó que las instituciones encargadas de perseguir el delito de tortura han puesto pretextos administrativos para no investigar los casos denunciados. Aseguró que en las visitas hechas por personal de la ONU, la constante ha sido la negación de las procuradurías (estatales y federal) por perseguir esta clase de actos.
“La otra constante en las visitas de los relatores es que las procuradurías no investigan la tortura porque no quieren investigar. En ningún caso de los que representamos, que son más de 10, nos hemos encontrado con que los MP no investigan porque hay un impedimento legal o porque la ley no es adecuada para investigar, simplemente encuentran obstáculos de corte probatorio (y) siguen intentando aplicar pruebas ilícitas, información arrancada bajo tortura, testimonios bajo tortura, confesiones”, dijo.
El defensor hizo referencia al Protocolo de Estambul. Señaló que hoy en día, debido a la falta de capacitación por parte de los agentes encargados de aplicar esta prueba para determinar si hubo tortura se ha convertido en un obstáculo para perseguir el delito.
“Hemos visto que quienes aplican el Protocolo de Estambul, normalmente adscritos a las instituciones de procuración de justicia, no tienen ni el perfil ni la capacidad, y cuando lo tienen normalmente encontramos que los protocolos que aplican no están hechos con la calidad que se requiere”, expuso.
Guevara Bermúdez consideró que las instituciones encargadas de la procuración de justicia incentivan la práctica de la tortura. Dijo que el hecho de que las autoridades no investiguen no se trata de un problema en la legislación, sino una cuestión de voluntad.
“Estamos convencidos que la ausencia de investigación de la tortura no es un problema de la ley, sino un problema de falta de voluntad de que este delito se sancione, porque creemos que existe un incentivo por parte de las propias instituciones de procuración de justicia y del propio sistema de seguridad para torturar. Las procuradurías y las policías participan normalmente en las torturas, con el fin de obtener información, confesiones, o declaraciones que incriminen a otras personas y esto sumado a la falta de investigación”, señaló.
“La tortura existe y no es necesario discutirlo”
En palabras de Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) en México, se debe reconocer que existe la tortura. Calificó de inútil los debates en torno a si el fenómeno existe o no.
“Es un fenómeno público que existe y que apenas empieza asomarse sobre la verdadera magnitud (…) Hay que dejar de discutir si la tortura existe o no, está aquí y es un fenómeno grave, al que juntos, solamente juntos, podremos transformar”, señaló.
López Portillo agregó que será necesario iniciar la transformación, no sólo a nivel de leyes, sino de instituciones. Dijo que en México existe una adicción por reformar el marco legal, sin que en ocasiones esta acción transforme una realidad y detenga problemáticas.
En lo referente dijo que una reforma de ley para atender la problemática de la tortura debe estar acompañada de reformas institucionales que permitan un cambio en el comportamiento de los agentes.
“México tiene muchas adicciones y una de ellas es reformar la ley. Es un comportamiento compulsivo. No resolvemos el problema, pero reformamos la ley; es una forma de actuar. Necesitamos asociar a la reforma legal, absolutamente relevante, con una reforma institucional profunda que sea coherente, de lo contrario nos podremos ver dentro de un año y decir que ya tenemos la ley, pero tenemos los mismos comportamientos institucionales. Tenemos nuevas leyes con viejas instituciones.
“Quiero pensar que vamos a tener nuevas leyes y cambios institucionales profundos. Pero eso sí, las reformas institucionales deben ser acompañadas, monitoreadas, supervisadas a través de esquemas externos de control; las instituciones tienden a resistir al cambio y particularmente los cambios que implican contener la tortura y los malos tratos son cambios estructurales, complejos, profundos”, sentenció.
