(25 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Aunque el gobierno federal continúa presumiendo la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, los recursos millonarios que produce su organización continúan intactos, pues las empresas que le sirven para lavar dinero no han sido tocadas ni con el pelo de una auditoría.
El académico Edgardo Buscaglia explica que el que el negocio siga en pie, a pesar de que el gobierno norteamericano ya ha enviado al mexicano información sobre los consorcios donde las organizaciones criminales lavan dinero, sólo se puede explicar con la existencia de “un pacto de impunidad”, partiendo de la premisa de que incluso las campañas presidenciales fueron financiadas e infiltradas por el narcotráfico.
El gobierno norteamericano detectó desde hace el año 2000 que el Cártel de Sinaloa utiliza para lavar dinero: restaurantes, gasolineras, inmobiliarias, casas de empeño o procesadoras de carne en estados como Jalisco, Ciudad de México, Baja California o Puebla, que trabajan sin ser molestadas, pagan impuestos e incluso, algunas de ellas, subsidiadas con recursos federales; por ejemplo, las corporaciones Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V.; la Cooperativa de Avestruz Cuemir, S.C. de R. L. de C.V., o la estancia infantil Niño Feliz.
“México es un país en que el lavado de dinero es tan alevoso y obsceno que un equipo de preparatoria detecta las redes patrimoniales. No necesitas ser el fiscal Giovanni Falcone. Está a la vista. El pacto de impunidad se respira, se toca”, declaró Buscaglia en entrevista con el semana Proceso.
El investigador afirmó que el gobierno mexicano no toca el patrimonio de Guzmán y sus aliados porque tiene miedo de las repercusiones políticas que se generarían cuando salgan a la luz datos sobre el financiamiento ilegal a las campañas políticas.
“Estas redes criminales tienen directores y puedes apresarlos, pero si no les paralizas la infraestructura patrimonial no vas a poder atacarlas. Ellos reemplazan a sus directivos como los puede remplazar un banco”, explicó.
Buscaglia señaló que la otra cara de la moneda de la impunidad, son los 26 mil desaparecidos que hay en nuestro país, pues la infraestructura que secuestra y desaparece, es la misma maquinaria económica que el gobierno mexicano no toca.
“Ningún presidente ha querido tocar eso y destapar la cloaca por cobardía, además de no querer pagar ese costo político. Las propias campañas de los presidentes mexicanos… uno tiene que partir de la premisa de que han sido infiltradas por los grupos criminales. Tú tienes, así, un pacto de impunidad basado en este círculo vicioso: violencia, impunidad, desapariciones forzadas, financiamiento de campañas, impunidad, y así”, detalló.
Sobre la posibilidad de que El Chapo sea extraditado a Estados Unidos, Edgardo Buscaglia señala que “sería una válvula de escape patética y triste” porque estaría basada en el colapso del Estado mexicano y evidenciaría que este no puede retener a un capo en su sistema penitenciario, lo que además, salvaría a la clase política de ser investigada, pues por “diplomacia básica”, el Departamento de Estado no permitiría que el Departamento de Justicia investigara los nexos.
Los señalados…
“Desde el año 2000 la Oficina de Control de Activos (OFAC) de Estados Unidos compendia los nombres de decenas de empresas y personas ligadas al crimen organizado. Vinculadas con el Cártel de Sinaloa, por ejemplo, existen casi 100, que en su mayoría siguen operando en México. No sólo eso: llegan a formar parte de los programas del gobierno federal”, argumenta Jesusa Cervantes, en el texto publicado por Proceso.
Entre las compañías relacionadas con El Chapo están: Agrícola y Ganadera Cuemir, S.P.R. de R.I., alias Rancho La Herradura y la Cooperativa Avestruz Cuemir, S.C. de R.L. de C.V.
“En 2010, Financiera Rural –que depende de Sagarpa– tuvo en su padrón de beneficiarios a Agrícola y Ganadera Cuemir. Sin embargo, le canceló el apoyo. En cambio, en 2011, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, que también depende de la Sagarpa, le entregó a Cooperativa Avestruz Cuemir 2 millones 579 mil 656 pesos como apoyo para ‘modernización de instalaciones para obtener certificación TIF’”, explica el documento.
La dependencia también señala como parte de las empresas que lavan dinero del narcotráfico a: Establo Puerto Rico, Gasolinera Rosario, Multiservicios Jeviz, Piscilanea, S.A. de C.V., Provenza Center, La Tijera Parque Industrial y Terraza 9140.
Además incluyó otras como: Prenda Todo, S.A. de C.V., Casa de Empeño Guadalajara S.A. de C.V., Prestafácil y Andamios Dalmine de México, Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán, S.A. de C.V.; Comercial Domely, S.A. de C.V.; Cocinas de Tijuana, R.L. de C.V.; Multiservicios AGSA, S.A. de C.V.; comercializadora Toquin, S.A. de C.V.; Operadora Integral de Comercio, S.A. de C.V.; Comercializadora Jalsin, S.A. de C.V.; Sepriv, S.A. de C.V.; Sin-Mex Importadora, S.A. de C.V.; Autotransportes Jym, S.A. de C.V.; Arte y Diseño de Culiacán, S.A. de C.V.; Zarka de Occidente, S.A. de C.V., y Zarla de México, S.A. de C.V.
La Oficina de Control de Activos también señaló que la organización tiene las siguientes inmobiliarias: Cariatide Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. (RFC: CGI0501197ST); Constructora Acantu, S.A. de C.V. (RFC: CAC931015UC2); Inmobiliaria Novsa, S.A. de C.V. (RFC: GIN050623D21); Grupo Insa, S.A. de C.V. (RFC: GIN050207A76); Grupo inmobiliario OCSA, S.A. de C.V. (RFC: GIO050907D57), e Inmobiliaria ASYSA, S.A. de C.V. (RFC: IAS050907A14).
