(28 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El diputado federal de Morena, Vidal Llerenas Morales, advirtió que el actual régimen en materia de drogas, penaliza y criminaliza a los consumidores de marihuana; prueba de ello, es que una gran cantidad de ciudadanos son puestos a disposición del Ministerio Público únicamente por la portación de la hierba, en particular, mujeres, quienes son las principales víctimas y están yendo a la cárcel “de manera masiva”.
“Estamos promoviendo la regulación de política de drogas, básicamente porque se violan los derechos humanos de las personas con este régimen”, argumentó el legislador.
Ana Pecova, integrante de la organización Equis Justicia para las Mujeres –que trabaja en la promoción de acceso a la justicia para las mujeres- señaló que durante los últimos 10 años, el número de mujeres que fueron acusadas y encarceladas por delitos contra la salud o relacionados con drogas, aumentó más de 100%, lo que calificó de alarmante, si se compara con la tasa de crecimiento en varones, que se ubica en 40%.
La activista agregó que el dramático aumento en las cifras sugiere que cada vez hay más mujeres involucradas en este tipo de ilícitos, principalmente en el transporte de marihuana, por lo que es importante analizar las condiciones que las llevan a hacerlo; sin embargo, los números también sugieren que estos delitos son cada vez más perseguidos.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel federal, los delitos relacionados con drogas son la primera causa de encarcelamiento de mujeres y a nivel local, la tercera, sólo por debajo de robo y lesiones.
Agregó que 98% de las mexicanas encarceladas no tiene antecedentes penales, son responsables de delitos no violentos y prácticamente ninguna ha portado armas al momento de su detención; “cumplen con todos los estereotipos: son mayoritariamente pobres, con niveles de estudios primarios o secundaria incompleta, a menudo tienen problemas de salud mental o registran uso de sustancias psicoactivas, en muchos casos cuentan con historias de vida marcada por violencia, incluyendo la sexual y es particularmente importante señalar que casi todas son madres y las únicas cuidadoras de sus hijos”.
Las necesidades económicas son las que llevan a las mujeres a involucrarse en el tráfico de drogas, pero también por sus relaciones de género, pues suelen involucrarse a través de familiares o sentimentales.
Pecova explicó que las mujeres casi siempre ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva al trabajar como cultivadoras, recolectoras, vendedoras o introductoras de drogas en centros penitenciarios, lo que implica que no tengan claro el valor de lo que llevan; “en pocas palabras, es mano de obra fácilmente reemplazable en las redes criminales y su encarcelamiento no afecta de manera significativa la dinámica del narcotráfico”.
La investigadora afirmó que el encarcelamiento masivo difícilmente puede ser considerado una respuesta adecuada al problema del narcotráfico en México; por lo que una de las alternativas es eliminar el carácter oficioso de la prisión preventiva en los delitos contra la salud, ya que actualmente, en lugar de ser utilizada como una excepción, es el primer recurso, argumento fácil de comprobar si tomamos en cuenta que más de 50% de las personas en reclusión, siguen esperando sentencia.
“Hay una manera formalista de aplicar el derecho, particularmente visible cuando se trata de las mujeres a quienes no se les juzga sólo por el delito que han cometido, sino también por no cumplir con su rol en la sociedad, por ser malas madres, esposas, etcétera”, argumentó la investigadora.
Sobrepoblación y carencias
Tania Ramírez, de Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), informó que el 60% de las mujeres son procesadas por el delito de posesión de droga –para la que se contempla una sanción de entre 10 meses a tres años de cárcel- pero sentenciadas por transportarla , delito que alcanza una penalidad de 15 a 25 años de prisión, lo que es desproporcionado.
“En México, las cárceles representan un serio riesgo para la salud y la vida de los internos y sus familiares. Un interno de un centro de Aguascalientes –de los mejores evaluados- manifestó que no cuentas con los insumos mínimos indispensables para vivir. A partir de otras investigaciones, hemos detectado que la mayoría de los centros carece de servicios básicos e incluso omiten dar cosas indispensables para vivir como medicinas, artículos de higiene personal y hasta comida”, detalló Ramírez.
Aunado a esta situación, otro serio problema es la sobrepoblación pues, tan solo en la Ciudad de México, algunos dormitorios con capacidad para entre ocho y 10 personas, actualmente albergan a más de 40, por lo que subrayó que “creemos necesario que haya una reflexión sobre la proporcionalidad de las penas y la racionalidad de la política de drogas”.
En los reclusorios, el fenómeno de violencia pone en riesgo no solo la salud de los internos, sino también su vida.
En 2009, la tasa de homicidios en los penales fue 2.4 veces más alta que la de personas en libertad; en Tamaulipas, por ejemplo, es 15 veces mayor que la de la calle. En la Ciudad de México, el año pasado fue de 1.57 y dentro de los reclusorios, de 6.19.
El director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Rafael Estrada Michel, subrayó la necesidad de descriminalizar y despenalizar la posesión de drogas en cualquier cantidad.
Sobre la legislación, el funcionario sugirió priorizar y focalizar el trabajo en temas como el combate a la delincuencia organizada y dejar de criminalizar al pequeño consumidor, además de establecer tratamientos de rehabilitación para farmacodependientes y adictos.
