(01 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La diputada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) Juana Ángeles Valencia, denunció que la reforma política del Distrito Federal viola los derechos humanos y Pro Persona de los habitantes de más de 149 Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, al plantear un escenario antidemocrático, pues en la conformación de la Asamblea Constituyente no se menciona su participación de manera clara y contundente.
Valencia subrayó que la exclusión de los vecinos de estas zonas del proceso constituyente, atenta contra los derechos humanos de los individuos en edad de votar, inclusive, ante la posibilidad de elegir su gentilicio.
La asambleísta de Morena sostuvo que los integrantes de dichas comunidades tienen la posibilidad de promover un amparo en contra de la reforma que viola este derecho consagrado en la Constitución y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; además, criticó que el 40% de los constituyentes sean designados por el Congreso de la Unión, por Peña Nieto y por Miguel Ángel Mancera.
Valencia afirmó que con estas disposiciones, se discrimina a un poder real: a los dueños del territorio capitalino que, aunque fueron despojados de gran parte de sus tierras, conservan su derecho humano a la participación política y por ende, deberían poder ejercerlos en la elección de la Asamblea Constituyente que dará forma a la Constitución de la Ciudad de México, pues la territorialidad de las familias oriundas sigue vigente aunque las extensiones sean administradas por el gobierno central o a través de las delegacionales.
La legisladora explicó que de persistir la falta de participación de los habitantes de los pueblos originarios, las autoridades se convertirían en “una máquina de abuso y violación de derechos”, pues aunque la ley establece casos concretos en que se puede restringir el derecho al voto –por razón de la edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil o mental y condena por un juez en materia penal- ninguno de estos se configura en esta situación.
“El principio Pro Persona establece que en caso de haber una o más normas aplicables al individuo en el goce de sus derechos, deberá utilizarse en todo momento lo que más le favorezca y más proteja, asunto que Miguel Ángel Mancera Espinoza, jefe del gobierno capitalino, desconoce y que está dentro de sus atribuciones”, argumentó la diputada.
Ante este escenario, la asambleísta criticó que Mancera no proteja ni garantice los derechos humanos de todos los ciudadanos de la capital, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que constituye un acto arbitrario y muestra el retroceso e imposición “dictatorial para la conformación de la Nueva Asamblea Constituyente”.
Valencia subrayó que la “nueva marca” para denominar a la Ciudad de México (CDMX) es un capricho de Mancera, porque la ciudadanía no fue consultada en ningún momento para establecer dicha denominación.
