(04 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Bueno, hablo para decirte que acabo de secuestrar a su hijo así que pon atención hijo de tu puta madre, tienes prohibido comunicarte a la policía o con cualquier otra persona. Entérate que si quieres que viva tu pinche hijito espera la próxima llamada”. Le hicieron repetir a Jorge, más de cinco veces frente a una grabadora, narra en una carta que entregó a su madre, donde describe la tortura que padeció por policías estatales. Dicho documento en poder de Revolución TRESPUNTOCERO.
Al momento de su detención, Jorge había salido a comprar, después de la violencia ejercida sobre él por parte de policías estatales, narra: “me llevaron a una celda dónde había una cama individual, a lado estaba una bolsa negra de la cual sacaron vendas y amarraron mis pies y manos. Se subieron a mi vientre y después me pusieron una bolsa transparente en la cabeza, mientras me golpeaban en el estómago para sacarme el aire y así asfixiarme, esto durante 20 segundos y lo repitieron cuatro veces.
“Después me pusieron una bolsa negra en la cabeza y en mi nariz un refresco agitado hasta que se terminara, lo repitieron tres veces”, la tortura fue a consecuencia que el joven no quiso firmar una declaración falsa donde se asumía como culpable de un secuestro y que para ello lo hicieron grabar su voz varias veces.
“Me sentí muy mal, no podía hablar así que empezaron a quitar las vendas y me llevaron a un cuarto grande donde había una pantalla. Después de muchos golpes de varios hombres, me llevaron a una sala donde estaban los medios de comunicación, nos tomaron videos y fotos. Me dijeron ‘en este momento está tu hermana con el jefe, yo creo que la está violando y después la va matar y ahora sigues tú’, hizo que me quitara toda la ropa, me pusieron de nuevo la bolsa negra, me vendaron todo el cuerpo, me comenzaron a echar agua en el rostro hasta que se terminó la que estaba en un gran tambo, yo estaba completamente momificad
“Amelco me dijo ‘vas escoger cómo vas a morir, te voy aventar a la plancha o qué tal que te hago pedacitos y te aviento los perros o qué tal que hacemos un hoyo aquí y te enterramos vivo, al fin nadie se va dar cuenta'”, lo anterior es un fragmento de lo que describe Jorge en una carta de seis cuartillas y donde acusa como su principal torturador a José Amelco Hernández comandante de la policía del estado de Tlaxcala y al policía Faustino Méndez.
El 13 de agosto de 2002 fue detenido Jorge Hernández Mora en Ecatepec, Estado de México, por elementos de la Policía Ministerial de la PGJE de Tlaxcala con violencia, sin identificarse y sin orden de aprehensión. La hermana de Jorge, Marisol Hernández Mora y su novio Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, llegaron al lugar donde estaba Jorge para saber de él; a ella la subieron en un Tsuru blanco y a su novio en un Sentra rojo. Los elementos manifestaron que los iban a trasladar a la PGR pero fueron trasladados a la PGJE del estado de Tlaxcala.
Marisol estuvo detenida por 13 horas, la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores, le tomaron video, fotos en diferentes posiciones, la interrogaron, la obligaron a leer un texto que, ella menciona, contenía varias groserías. Además la quisieron forzar a desvestirse para hacerle un examen médico. Posteriormente, la dejaron libre. A Mario Almanza al igual que Jorge Hernández, antes de ser puestos a disposición del ministerio público del fuero común, fueron torturados para que aceptaran ser responsables del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, en agravio de Rafael Armas Luna e Irma Rugerio Pérez; además, se les acusó por el delito de posesión de droga. Ellos manifiestan haber sido sometidos a diferentes pruebas de grabación de voz en las que los obligaron, en repetidas ocasiones, a leer mensajes que los agentes les señalaban. Así mismo, manifiestan que al momento de la detención les sembraron droga, esto, para justificar una detención por flagrancia.
José María Cirilo Ramos Tenorio, fue detenido ese mismo día, aproximadamente a las 10 horas al salir de su trabajo en la Delegación Gustavo A Madero; se dirigía a un laboratorio médico a realizarse unos estudios. Viajaba a bordo de un taxi de su propiedad y de forma repentina un vehículo de color rojo se atravesó por el frente, propiciando que se orillara. Del vehículo se bajaron tres hombres que, sin identificarse, lo bajaron sujetándolo de los cabellos y lo subieron en el vehículo en el que ellos viajaban, lo llevaron a la PGJE de Tlaxcala. A José María también lo obligaron a leer en voz alta un texto en donde él mencionaba que se solicitaba un rescate, mientras los agentes grababan tales manifestaciones. Fue procesado y sentenciado, acusado de secuestro y posesión de drogas.
Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra fue detenido aproximadamente a las 8 horas cuando se encontraba en compañía de su novia en la estación del metro Tecnológico. La detención fue realizada por elementos de la PGR quienes se identificaron y le mostraron una orden de comparecencia para que se presentara, en calidad de testigo, en la PGJE de Tlaxcala. Fue trasladado a las instalaciones de la PGJE de Tlaxcala, lugar en el que fue torturado. Lo desvistieron, le vendaron los ojos y lo acostaron en un colchón; se sentaron varios individuos en su cuerpo y piernas, al grado de no dejarlo respirar y le echaron en la nariz 5 refrescos de Tehuacán; todas estas torturas tenían como propósito que se declarara culpable del secuestro de un niño.
Los torturadores le mencionaban que no les importaba que se muriera porque contaban con el apoyo del gobierno federal. Lo mojaron y lo amenazaban con aplicarle toques eléctricos en los testículos si no cooperaba; lo que, manifiesta la víctima, provocaba que se pusiera histérico y comenzara a gritar, mientras sus torturadores se reían de él. Hugo Rodríguez Salvatierra y Sergio Rodríguez Rosas, padre e hijo fueron detenidos a las 9:30 horas, se dirigían al estado de Tlaxcala para informarse sobre la situación jurídica de Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, hermano e hijo de los anteriores, respectivamente. La detención fue realizada por elementos de la PGJE. Hugo y Sergio Rodríguez, fueron interceptados al ir circulando sobre la vía Morelos en el Estado de México, los subieron a una camioneta tipo Van y los encapucharon.
Por medio de torturas, les hicieron firmar y poner su huella digital en una declaración prefabricada que no les permitieron leer, en la que con posterioridad, supieron que los acusan de secuestro y posesión de droga. Señalando como los perpetradores de los hechos a José Amelco Hernández y Damián Ortega Rubio, comandante y policía ministerial, respectivamente.
Este miércoles, familiares de tres de las cinco víctimas de tortura en el caso Tlaxcala, conversaron con Revolución TRESPUNTOCERO -previo a la rueda de prensa Iniciativa de Ley contra la tortura de Peña Nieto viola derechos humanos- en el contexto de la iniciativa de la Ley General contra la Tortura enviada al Senado por el Ejecutivo, en donde organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de tortura alertan que dicha iniciativa descartó diversos elementos mínimos necesarios para desincentivar y erradicar la práctica de la tortura.
“Somos cinco familias de quienes se han burlado las autoridades y nunca han hecho su trabajo. Hicimos varios viajes a Tlaxcala, cada vez que íbamos nos encontramos con un Ministerio Público diferente quien nos decía que comenzaría a analizar el caso, 15 días después ya había alguien más. Nuestras familias siguen siendo torturadas terriblemente.
“Entre las víctimas se encuentra mi hijo y no existen palabras para describir el dolor físico y emocional que le causaron a ellos y a nosotros. Cada vez que hablo yo de aquella tortura me duele porque lo recuerdo como si fuera el primer día. Nosotros como familia desde hace 14 años tampoco tenemos libertad, los estragos ha sido físicos, emocionales y económicos. En todas las familias han habido graves casos de cáncer y muertes de personas que se van sin haber visto la libertad de nuestras víctimas” afirma a Revolución TRESPUNTOCERO Rosa Mora, madre de Jorge.
A su vez comenta que las autoridades han sido prepotentes y en muchas ocasiones les han dicho que para qué siguen yendo si ya están sentenciados, con más de 70 años de prisión, “aun cuando nosotros hemos presentado más de 400 pruebas que demuestran su inocencia”.
Por su parte el señor Antonio Almanza, padre de Ricardo, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO que algunos por medio de un amparo consiguieron 20 años menos de prisión, pero los demás se quedaron con 77 años de condena. “Nunca me voy a cansar de decir que ellos fueron detenidos ilegalmente. La policía estatal los detuvo violentamente, los torturo y se los llevó.
Uno de los golpes más graves fue el haberlos torturado para que firmara una declaración falsa y luego que los policías aseguraran que ellos lo hicieron sin presión alguna. Después de esta tragedia tengo miedo a las autoridades. El miedo es mucho, hacia las policías porque no se dedican a detener delincuentes, se dedican a agarrar chivos expiatorios. Delitos que incluso los mismos policías los cometen, como los secuestros y luego buscan culpar a alguien más. Lo peor es que las quejas y denuncias que presentan las asociaciones con respecto a nuestros casos, las autoridades se burlan, gobernación también, hacen caso omiso a todas esas recomendaciones de los organismos de defensa de derechos humanos”.
Mercedes, hermana de Sergio y tía de Osvaldo, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO que “no solamente ellos están secuestrados por las autoridades, nosotros también como familia. Hemos recibido humillaciones y burlas, pero con el tiempo yo dejé de tener miedo, se convirtió en coraje, porque las cuatro personas que están ahí son inocentes. El gobierno federal sabe quiénes son los culpables, ya no confiamos en la policía porque ni en nuestras casas estamos seguros”.
Uno de los detenidos se presume falleció por el grado de tortura que siguieron ejerciendo contra él, ya dentro de la cárcel. El grupo de detenidos ha sido cambiado de penal constantemente y sin avisar a sus familias, desde hace dos meses están en Durango y anteriormente en Sinaloa, motivo por el cual durante dos años su familia no los pudo ver, ya que no contaban con el dinero para viajar.
A más de 13 años del Caso Tlaxcala, éste fue uno de los casos expuestos en la rueda de prensa, donde Javier Carrasco, director del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), sentenció “la prueba obtenida bajo tortura debe de ser eliminada. No debe de ser admitida en un proceso penal, porque sino tenemos como resultado procesos con debilidades y violaciones a derechos constitucionales, por lo tanto llamamos a la autoridad que revise esta iniciativa de ley y qué incluya lo que los estándares internacionales establecen para eliminar la tortura”.
Por su parte Miguel Sarre Iguíniz, profesor e Investigador del ITAM, explicó que la Secretaria de Gobernación -que es la encargada de instrumentar y dar cumplimiento al respeto a los derechos humanos- es precisamente la que está poniendo obstáculos para que éstos no se garanticen. Puntualizó que deben incluirse: recursos administrativos y jurisdiccionales y acceso a periodistas y a sociedad civil a los penales, “esto también puede complementar el andamiaje contra la tortura, porque la tortura no es una fatalidad, sino una calamidad política que tiene como responsable directamente al secretario de Gobernación”.
El grupo concluyó que no es prioridad de las cabezas políticas los derechos humanos, ya que tampoco se incluye en dicha iniciativa de ley, enviada por Peña Nieto, el agravante de la tortura sexual, por lo que el documento es insuficiente, además de no reunir estándares, presenta riesgos e incentiva a la tortura.
Sobre el tema, Natalia Pérez Cordero, una de las abogadas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, encargada del caso Tlaxcala, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO que el principal obstáculo que han enfrentado “es el de la impunidad de los agentes perpetradores de la tortura. En 2004 se metió la primera denuncia en contra de los actos de tortura ejercidos por los policías la procuraduría de Tlaxcala. Pero la dependencia no levantó la demanda por este delito, sino que lo hizo por abuso de autoridad, lo cual evidentemente no refleja el contexto en que sucedieron los hechos además que la pena establecida es menor a la pena para el delito de tortura por ser grave, ya que es violación a derechos humanos.
“Hasta 2010 no había aún un Protocolo de Estambul realizado que demostrar las consecuencias de la tortura. Pero desde la Comisión Mexicana -después de una lucha jurídica- se logró que se practicara, para el 2012 colectivos independientes demostraron que sí existió la tortura y también se presentó como prueba en el proceso jurídico.
Desde el 2013 a la fecha todavía seguimos luchando, ahora pedimos que ya se dé una conclusión por parte de la ministerio público, que se determine la sanción penal que corresponda a estos servidores públicos. Sin embargo los obstáculos todavía persisten, se ha retrasado constantemente el proceso, aun cuando este caso representa una de las denuncias por tortura más antiguas que existen en nuestro país y sin una conclusión final aún”.
La abogada también asegura que la Comisión señala que la iniciativa de ley enviada por Peña Nieto no está cumpliendo con todos los parámetros establecidos en la norma internacional para proteger a las víctimas de tortura, desde el tema de la investigación, el trato a las víctimas y familiares para evitar la revictimización, así como también para garantizar una reparación interna de las víctimas, y evidentemente no existen propuestas para generar políticas públicas para la prevención estos actos.
“Si bien existe una propuesta de ley donde se toca el tema y hay algunos planteamientos para investigarla, no se alcanza a cubrir los parámetros internacionales y tampoco se toma en cuenta a las víctimas que siempre es muy importante porque finalmente sobre ellos recae la aplicación de la norma por lo cual pueden incurrir en las violaciones a derechos humanos”, asegura la abogada.
Durante la conferencia de prensa también se pidió que el Senado de la República demuestre su autonomía y analicé con mayor detenimiento la iniciativa, incluya parámetros
