(08 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante años el modus operandi de la policía estatal y municipal en la frontera sur de Chiapas se ha basado en recorrer bares, cantinas y colonias aledañas a éstos, realizando operativos para detener a mujeres, en su mayoría migrantes, trabajadoras por voluntad propia en dichos sitios o en otros empleos que nada tienen que ver, pero que estuvieron en el lugar en el momento del operativo.
Cuando tienen un grupo de por lo menos cinco personas, las dividen en dos, a las primeras las convierten en víctimas y a otras en supuestas integrantes de bandas delincuenciales dedicadas a la trata de blancas, tal y como lo ha dado con anterioridad Revolución TRESPUNTOCERO.
Una vez detenidas son llevadas al Ministerio Público y a criterio de los elementos policiacos, las dejan en libertad para que regresen con sus propios medios a su país o testifican en su contra -en forma falsa a decir por activistas- para que sean prisioneras en los Centros de Reinserción Social de aquella frontera.
El activista Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, en aquella región, ha dicho a Revolución TRESPUNTOCERO que este fin de semana un grupo de mujeres prisioneras del Centro de Reinserción Social para Sentenciadas Número 4 Femenil (CERSS4) se declararon en un ayuno voluntario indefinido “huelga de hambre”.
García Villagrán explica que lo hacen con el fin de dar a conocer la injusticia en que fueron llevadas a prisión, y la forma en que se han manipulado sus expedientes, cuyo propósito ha sido mantenerlas en prisión por delitos que no cometieron, puesto que les han sido fabricados.
Los casos que ha dado a conocer García Villagrán a este medio y por los cuales las mujeres mantienen su huelga de hambre son los de: Mayra Leticia Ramírez Mart
Irma de Paz López, sentenciada a 17 años por trata de personas; Angélica María Escob
Guadalupe Pérez Díaz, sentenciada a 17 años por la juez segunda del ramo penal por el delito, trata de personas; Arcelia Sarmiento Pérez, sentenciada injustamente a 17 años de prisión por el mismo delito.
Karina Virginia Saldaña Espino
Virginia Cruz García, también es acusada de delito de trata de personas, en este momento solicita su traslado voluntario al CERSS “El Amate”, que le corresponde por jurisdicción. Rosario Noriega Soto, fue sentenciada a 20 años de prisión por la juez segundo penal, se le culpó del delito de trata de personas, en contra de su propia hija, “lo cual no tiene fundamento alguno, ya que el expediente ha sido amañado”, comenta García Villagrán.
“Todas estas mujeres se declararon en huelga de hambre indefinidamente, hasta que la autoridad correspondiente revice sus expedientes; pues en el caso de las sentenciadas existen graves violaciones al debido proceso, inconsistencias y hasta tortura en algunos casos.
Se debe resaltar el sometimiento de los jueces y su dependencia de la Procuraduría Estatal, que dan cuenta de dictámenes, diligencias e incluso las sentencias que distan mucho de estar apegadas a derecho”, explica el activista.
Agrega que las nueve mujeres también buscan con su huelga de hambre indefinida dar a conocer que la autoridad ha mostrado una cortina de humo, exhibiéndolas como delincuentes, cuando dentro de las irregularidades, además de actos que han reflejado tortura, se encuentran incomunicadas, a su vez los teléfonos para ellas están bloqueados, a fin que no puedan hablar con sus defensores ni familiares.
En este momento llevan cuatro días de ayuno voluntario, aunque existe preocupación por las consecuencias que podría traer al estado de salud de la señora Arcelia Sarmiento Pérez, quien tiene más de 60 años de edad, así como la señora Mayra Leticia, quien padece hipertensión y diabetes.
También se contempla que si las autoridades siguen haciendo caso omiso a las exigencias de procesos jurídicos legales y corrección de las irregularidades, serán los familiares que en próximos días inicien un plantón en las afueras del CERSS femenil 4.
La mayoría de las mujeres son salvadoreñas y hondureñas, por lo cual las visitas se complican más. “Además han sido completamente olvidadas por la sociedad, han sido sentenciadas por la juez segunda del ramo penal y son acusadas por trata de personas, lo cual ha sido injusto ya que en ninguno de los casos se configura el delito, ya lo han dado a conocer al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a los magistrados y a la juez pero siguen sin importarles”, comenta Villagrán.
Es por ello que otra de las acciones como organismo será exigir la renuncia de la juez, y que sea alguien más quien revise la forma de ejercer y aplicar la justicia “porque es omisa, corrupta, y no tiene el carácter para enviar a los auxiliares para ejercitar la ley, así que están a expensas de lo que diga la Procuraduría y sus sentencias condenatorias son una copia de la declaración amañada ante el Ministerio público de estas mujeres que no supieron ni que firmaron”, declara García Villagrán, quien a su vez señala que entre las procesadas se encuentran dos mujeres indígenas.
