(10 de febrero de 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El diputado perredista Omar Ortega Álvarez impulsa una iniciativa que, en esencia, pretende evitar que a través de los medios de comunicación se critique el actuar de partidos políticos, funcionarios públicos o candidatos a algún puesto de elección popular, bajo el argumento de que la actual legislación no garantiza el derecho de réplica de estos actores políticos, o que se realiza a contentillo de los productores y editores.
A través de la expedición de la Ley General para Garantizar el Derecho de Réplica, Ortega pretende que se corrijan los “excesos” de la normativa vigente y “eliminar una especie de inmunidad que tienen los medios de comunicación cuando violenten el derecho de réplica, establecido en la Constitución”.
Por si fuera poco, el diputado criticó que las sanciones a las que se hacen acreedores actualmente los medios de comunicación que “se niegan” a emitir o publicar las réplicas, sean “tan inocuas” y no representen ningún tipo de apuro “lo suficientemente intimidante para asumir una actitud responsable frente a la importancia de publicar o transmitir información veraz”. Por ello, propuso que los medios sean sancionados hasta con la suspensión provisional del canal o frecuencia desde la que se difundió la información “falsa o calumniosa”.
El también dirigente del sol azteca en el Estado de México pretende que se modifiquen diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de la abrogación de la Ley Reglamentaria del Artículo 6, párrafo primero de la Constitución -en materia del derecho de réplica- por considerarla “muy perjudicial cuando se trata del derecho de réplica en materia electoral”, con el objetivo de evitar que los medios deshonren públicamente a cualquier funcionario o actor político.
Para el legislador electo por la vía plurinominal, la ley vigente contiene artilugios legales que -en sus palabras- permiten a la radio y televisión protegerse ante cualquier procedimiento jurídico que se pretenda promover para la rectificación de alguna información que atente contra la honorabilidad, tanto en su vida privada, como en su actuación política; es decir, cualquier tipo de crítica o señalamiento, en nuestro –ya de por sí- impune sistema político.
Además de los medios de comunicación electrónicos y escritos, el perredista busca colocar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como los principales garantes del derecho de réplica.
Otro intento de ley mordaza…
La intención del perredista de acallar las voces críticas desde la ley ni siquiera es original; la última vez que la ciudadanía se enfrentó a un problema similar fue apenas en octubre pasado, cuando el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Fayad –hoy flamante candidato de unidad del tricolor a la gubernatura de Hidalgo- presentó la propuesta para expedir la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, popularmente conocida como “Ley Fayad”.
Entonces, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que esta iniciativa pretendía criminalizar la libertad de expresión, además de sancionar las expresiones y críticas que los ciudadanos realizan utilizando las tecnologías y aplicaciones digitales.
La Red en Defensa de los Derecho Digitales (R3D) la consideró “la peor iniciativa de la historia” y señaló que su redacción era tan deficiente que prácticamente criminalizaba el uso de cualquier tecnología y ponía en riesgo la libertad de expresión pues de haberse aprobado, los creadores de los memes dedicados al Ejecutivo serían sancionados.
Por ejemplo, el artículo 21 de la iniciativa de Fayad planteaba sanciones físicas –es decir, encarcelamiento- a quien “a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente”.
Después de varios días de presión, duras críticas desde la sociedad civil y de que el legislador priista intentó justificar su propuesta -consensuada previamente con la Policía Federal, pues luego se hizo público que funcionarios de esta dependencia colaboraron en la redacción de la misma- el aspirante a la gubernatura de Hidalgo retiró su iniciativa.
En 2012, durante la discusión de la ley secundaria en materia de la reforma en telecomunicaciones, también se registraron numerosas protestas sociales ante la posibilidad de que la normatividad fomentara la censura, transgrediera el derecho a la privacidad de los usuarios y pusiera en duda la neutralidad de la red.
Entre las organizaciones que se movilizaron y exigieron cambios a la redacción de las leyes secundaria estuvo el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social.
