(11 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Baja California mantiene una cifra negra de impunidad del 90.3%; de los 43 mil 930 inculpados en averiguaciones previas, sólo 16mil 358 son procesados en las causas penales en primera instancia y 943 son sentenciados, en su mayoría condenados. Esto pone en clara evidencia la incapacidad institucional para en la impartición de justicia”, da a conocer el Índice Global de Impunidad 2015.
“Baja California se convirtió en una de las entidades más peligrosas del país, donde el narcotráfico y las Fuerzas Armadas fueron los principales factores de la creciente violencia que impera. Desapariciones forzadas, homicidios dolosos, levantones y tortura, se han perpetrado por ambos grupos, el gobierno federal y estatal nada tienen que reclamar a los delincuentes, porque sus elementos de seguridad son peor, porque se supone deben cuidar a la ciudadanía.
Por otra parte, la impunidad es consecuencia de la corrupción, son las mismas autoridades las que negocian con el cártel que más ganancias les otorgue, esto no necesita ser investigado a fondo, salta a la vista. Sin embargo todos callan porque estamos en la mira de ambos bandos dispuestos a matar a quien denuncie o alce la voz, por ello aun siendo una de las entidades más violentas, los posicionamientos o exigencias contra la violencia no tienen cabida por miedo”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO Eduardo Romero, académico y analista político.
Uno de los principales problemas que ha derivado del contubernio autoridades-cárteles, son los narcotúneles, aceptado ya por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quien ha evidenciado que en los últimos nueve años, en la entidad se han localizado 38, los cuales se continuarán construyendo, derivado del alza del dólar, puesto que las estructuras financieras de estos grupos ilegales se acrecientan, así, no solamente costean con mayor facilidad las construcciones, sino la compra de autoridades, una inversión necesaria porque facilita el trasiego de droga al país del norte.
Tijuana es el municipio que ocupa el primer lugar en la entidad, donde se construyen con mayor frecuencia los narcotúneles debido a su posición geográfica, ya que cuenta con 28, seguido por Mexicali que tiene ocho, y Tecate con dos. Pese a que Sedena ha identificado dichas construcciones hasta el momento no se sabe si han podido ser clausurados en su totalidad.
“Hoy el narcotráfico es parte de la geografía del estado, debido a esa permisibilidad de las autoridades, lo que provoca que libremente puedan levantar a sociedad civil, incluso a la luz del día y en plazas públicas, sin que esto cause mayor resguardo para la poblaciones, quienes en su mayoría jóvenes, son capturados para ser llevados como esclavos de los cárteles.
Así son reclutados por la fuerza para cultivar las plantaciones, si soy ingenieros para construir los túneles por donde pasan la droga, o como sicarios y finalmente si no les sirven de mucho son entregados a la policía para hacerlos pasar como delincuentes, asi o los desaparecen o los presentan como narcotraficantes”, explica Romero.
Otros casos más han sido solamente engañados y después incluso se les “ha perdonado la vida”, tal es el caso del menor de edad Fernando Campos, de 17 años, quien declaró ante la PGR que el día que fue a pedir trabajo a una pizzería, encontró un hombre que le prometió trabajo de limpieza en oficinas, con un “buen salario y seguro social”.
El menor aceptó de inmediato, sin embargo, narró a la PGR que al momento de llegar a las supuestas oficinas lo llevaron a una bodega, lo cual se le hizo raro pero no pudo volver, ya que no se lo iban a permitir. En el lugar no habían otras personas más que quien lo reclutó, ahí identificó un hoyo profundo, bolsas y costales de tierra.
Fue cuando se le informó que participaría en la construcción de un túnel y que si no quería lo matarían inmediatamente. Por lo que se quedó tres meses, sin poder volver a su hogar durante todo ese tiempo. Cuando llegaban a pagarle, declaró, solamente eran mil pesos semanales, no intentó escapar por que lo amenazaron con matar a su familia.
En tan sólo tres años, en Baja California la violencia se ha intensificado más que una década antes, explica a Revolución TRESPUNTOCERO el especialista en seguridad Rodolfo Avendaño, “durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la entidad se ha sumido en la impunidad y la violación a los derechos humanos, el retroceso ha sido inminente el cual ha estado plagado de muerte.
Si hablamos de ejecuciones, durante los años que lleva el gobierno de Peña Nieto, la cifra se incrementó considerablemente. De 2 mil 114 en el primer trienio del sexenio pasado, aumentó en este a 2 mil 547, con 433 muertes más y solamente las reconocidas por autoridades, pero eso nada tiene que ver con las familias que aseguran perdieron un familiar de esta manera, la cifra negra es aún más escandalosa”.
Como homicidios reconocidos, 2015 tuvo un total de 908 víctimas incluidas en 830 expedientes. Ahora 2016 en los primeros 20 días de enero hubieron 48 asesinatos, tan sólo en Tijuana. “El PRI que es quien ocupa ahora la silla de gobernador, llegó a la entidad a abrirle las puertas al crimen, la violencia se ha intensificado mientras que se ha disminuido los elementos de seguridad y la inversión en dicho rubro, sin que exista un porqué alguno”, afirma Avendaño.
Por su parte, Romero comenta que los cárteles de la droga que se han asentado en los últimos tres años en la entidad son CAF, el de Los Arellano, el de Sinaloa, Familia michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo homicida del Cártel de Sinaloa, más conocido como “Los Ántrax”.
“Todos estos grupos delincuenciales tienen a más de algún miembro en la cárcel, pero la corrupción es tan abierta que con gran facilidad se les ha permitido obtener amparos que los favorecen de una u otra manera, además de gozar de privilegios dentro de prisión y ser condenados por delitos que tienen penas cortas o libertad bajo fianza.
A esto se suman las varias denuncias en contra de policías municipales, estatales y Ejército, por tortura o desaparición forzada, al mismo tiempo por delitos como trasiego de droga, fungiendo como protectores de los operadores. Pese a los informes de organismos nacionales, como internacionales que hablan de un Baja California que mantiene un fuerte grado de violencia ya incontrolable a Peña Nieto no le ha interesado, ha hecho caso omiso y la sociedad civil sigue muriendo violentamente”, comenta Romero.
Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (OSAC), las tasas de criminalidad y homicidios se mantuvo prácticamente sin cambios en Ensenada y Mexicali. Mientras que en Rosarito y Tecate, registraron aumentos sustanciales y cada año las cifras van en aumento.
Incluso, han calificado a la entidad como de fácil acceso al terrorismo, atribuyéndolo a “los controles de inmigración laxos, la facilidad con que se pueden obtener documentos de viaje falsos y su ubicación geográfica dentro del país, ya que es un punto de tránsito atractivo para potenciales terroristas transnacionales”.
