(16 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Así es”, respondió contundente el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, cuando se le cuestionó si todos los fallecidos en el penal de Topo Chico eran Zetas. El calificado hombre que “se enfrentó” a los Zetas, es hoy el responsable de la muerte de 49 reos, a quienes, a decir por las familias, aún sin una investigación profunda, convirtió en miembros de este cártel del narcotráfico con su respuesta.
“Mi familiar no era narcotraficante. No pertenecía a los Zetas y el delito por el que se encontraba ahí, formaba parte de una serie de inconsistencias en su caso, que incluía tortura pero que él prefirió callar siempre, sabía que no teníamos dinero para pagar una cuota de más de mil pesos, con tal que no fuera violentado.
A muchos de los reos que no estaban vinculados con los narcos, los usaban como esclavos, los obligaban a atacar al bando contrario, nadie se salvaba, pero no, no todos eran zetas, muchos eran víctimas, cometieron o no delitos, eran víctimas de grupos de narcotraficantes que se disputaban abiertamente la plaza del penal, sin que autoridades pusieran ningún tipo de orden, por miedo o por corrupción, era un problema difícil de esconder, pero no, no hicieron nada, El Bronco estaba enterado porque si habló de privatizar penales, había visto cómo eran las cosas y no le importaron las vidas, como buen empresario veía solo dinero”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO, Guadalupe, familiar de uno de los reos que tenía una sentencia por secuestro, sin embargo, ella insiste que su abogado había encontrado distintas inconsistencias que jamás fueron tomadas en cuenta.
Por su parte el abogado penalista e investigador centrado en la temática del sistema penitenciario, Amílcar Coss, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, que “las muertes de los 49 reos es solamente una de las distintas evidencias que dan cuenta de un desgobierno dentro y fuera de los penales, en este caso independientemente que sean o no culpables de los delitos por los que se les condenó, Rodríguez Calderón viola derechos humanos al asegurar y catalogar a los fallecidos sin tener pruebas contundentes, esto no quiere decir que no las hay, pero antes de hablar debió pensar en las familias a quienes se les perjudicó. Antes y después de los hechos, porque la CNDH había hablado explícitamente del penal y ahora este sujeto se escuda patéticamente diciendo que ‘solamente lleva 100 días de gobierno'”.
El penal del Topo Chico es uno de los más antiguos de Nuevo León, la prisión tiene una capacidad para 3 mil 635 internos, sin embargo albergó, hasta antes de 2015, a 3 mil 979 reos, de los cuales 3 mil 498 son hombres y 481 mujeres, cuando esta última zona tiene una capacidad para 391 personas. Rodríguez Calderón ya había aceptado en los medios de comunicación que la sobrepoblación en el penal era casi del 100%.
“Después de una tragedia que es imposible no viera venir Rodríguez Calderón, sigue perjudicando, porque además que estigmatiza a los fallecidos, en lugar de hacerse cargo de sus problemas, de afrontarlos, no presumiendo estúpidamente que ya todo está desmantelado y todo es nuevo; Rodríguez hizo un video con dinero de nuestros impuestos y exhibió de inmediato el ‘nuevo’ rostro del penal, como si esa es la respuesta que presenta a las muertes, a los heridos, a las drogas, a los carteles, y por si fuera poco utiliza al estado que tanto criticó hace meses, como su basurero personal.
Así de inmediato reos del Topo Chico, cuyo falso control lo tiene Nuevo León, fueron trasladados a penales de máxima seguridad, incluido uno en el otro extremo del país, en Villa Comaltitlán, Chiapas, al que se opusieron empresarios y ciudadanos y los acalló su gobernador asegurando que solamente era una cárcel para reos de baja y mediana seguridad, mentira que hoy se cae”.
En efecto, el fin de semana pasado por la noche, arribó a Tapachula, Chiapas un avión con poco más de 60 reos, según informes que la policía local aportó a este medio, aseverando que en un operativo que acompañó personal del centro penitenciario, Policía Federal Preventiva, Ejército y Marina. Dichos reclusos, que habrían participado en los hechos de violencia en Topo Chico, fueron trasladados al Cefereso número 15.
Un penal, que tal como lo informó Revolución TRESPUNTOCERO, causó indignación por parte de grupos empresariales y ciudadanía, quienes exigieron a Velasco Coello detuviera su construcción, ya que aun cuando se aseveraba que era de mediana y baja seguridad, tenían pruebas que solamente se encubría a una cárcel de máxima seguridad, donde se encontrarían narcotraficantes y homicidas, tal como sucedió el fin de semana.
Los reos fueron subidos a dos autobuses y de inmediato en un convoy se enfilaron hacia el Centro Federal de Readaptación Social número 15 para ser internados. El encargado de traslados del Cefereso, Leonardo Serra Bautista, encabezó el operativo de transferencia de los mismos, que se efectuó “en tranquilidad”, según un reporte de las autoridades.
Datos aportados a Revolución TRESPUNTOCERO señalan que la mayoría de los reos purgan condenas por delitos del fuero federal, entre ellos tráfico de drogas, portación de armas, homicidios, secuestros y extorsión, considerados como de alta peligrosidad.
El abogado y analista político Gonzalo Egremy, explica que “el sistema carcelario aparte de estar caduco, está descompuesto por la permisible corrupción desde los más altos mandos encargados de esa área. Las consecuencias de lo anterior han sido sangrientos motines con saldo, en los últimos diez años, de cientos de internos muertos.
Para las autoridades de las entidades en donde se han registrado los hechos de sangre en las cárceles, el argumento que exponen es que ‘todo se originó por disputa entre dos bandos rivales’. La ciudadanía de nuestra región Soconusco, afortunadamente, no ha experimentado un hecho tan sangriento como en las prisiones de otros Estados, sin embargo, desde la apertura del Cefereso número 15 en Villa Comaltitlán, han surgido voces que advierten que, si la Secretaría de Gobernación continúa desatendiendo la problemática en esa prisión, en cualquier momento podría generarse alguna acción de fatales resultados.
Hoy las posibilidades de un hecho cruento, asegura Egremy, puede acrecentarlas que dicho Cefereso, construido para reos de mínima y mediana seguridad, “ha sido tomado por la Secretaría de Gobernación para meter ahí a los peores criminales del país trasladados desde cárceles de máxima seguridad.
El Centro Federal en mención, es uno de cinco negocios similares (en otros Estados) de la empresa “Makobil” manejadas por un grupo de chilenos. Los sudamericanos obtienen, afirman fuentes internas del Cefereso, ¡noventa millones de pesos cada mes! por el manejo de esa prisión. Pero al igual que en el resto del sistema carcelario en México, impera la corrupción entre directivos y custodios en el otorgamiento de beneficios para reos que pueden pagar los privilegios”.
Es por ello, que, comenta el abogado, “no es secreto que en las cárceles del país mandan, en su interior, capos de la droga o los criminales más peligrosos que imponen su ley por la fuerza y los autogobiernos que cobran diariamente por todo al interior. El sistema carcelario en México no está hecho para reeducar al sentenciado y reinsertarlo a la sociedad como persona buena, sino como una universidad del crimen en donde acuden a graduarse o morir”.
Hoy la ciudadanía habitante de los alrededores de dicho Cefereso, confirman su mayor temor, que grupos delincuenciales se trasladen a dichas tierras para estar más cerca de sus reos, lo que aseguran, derivará en un alza de violencia, homicidios y secuestros, de llegar a tomar la plaza e inundar abiertamente de crímenes dicho territorio.
