(18 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Sin orden de aprehensión, con una detención arbitraria, víctima de violencia física y psicológica, el maestro Roberto Abel Jiménez García fue detenido por un grupo de hombres vestidos de civiles que no se identificaron y que lo amenazaron con armas largas. “No he podido ver a mi hijo desde hace poco más de tres meses, en donde hemos vivido un proceso jurídico defectuoso y por eso me pregunto ¿será que me va alcanzar la vida para poder ver a mi hijo libre? ¿Por qué fueron encarcelados y por qué siguen presos, pese a que no existen pruebas suficientes para que estén padeciendo esa circunstancia?, se cuestiona Juana García.
Ella casi cumple los ochenta años, está cansada físicamente, le duele el cuerpo y hace un par de semanas fue víctima de un coma diabético, sin embargo dejó la cama de inmediato para continuar su lucha y su “necesidad de justicia”.
“Soy una persona de edad avanzada, soy diabética y me he ido debilitando por los varios viajes que ya he realizado de Juchitán, Oaxaca a la Ciudad de México, siempre en busca de ayuda para poder devolverle la libertad a mi hijo. En mi camino me he dado cuenta de la gran cantidad de injusticias que están cometiendo en contra de los cuatro maestros oaxaqueños, levantados y encarcelados sin pruebas.
Como los otros tres maestros, mi hijo Roberto Abel no tenía orden de aprehensión y aún así se lo llevaron hasta el Cefereso de Toluca, violaron sus derechos humanos, cuando lo único que hizo fue ejercer su libertad de protestar, como miles de docentes lo han hecho”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO Juana García, madre de uno de los cuatro maestros, pertenecientes a la Sección 22, que desde octubre pasado se encuentran en el penal de máxima seguridad, el Altiplano.
El martes pasado se dio a conocer en medios de comunicación que los cuatro profesores de la sección 22, que hoy siguen recluidos en el penal federal de El Altiplano, serían trasladados a cárceles de Oaxaca, según información del secretario de Seguridad Pública estatal, Jorge Ruiz Martínez, quien también mencionó que los profesores Othón Nazariega y Efraín Picaso serían recluidos en Mengolí, mientras que Roberto Abel y Juan Carlos Orozco serían trasladados a alguno de los penales locales, sin que se conociera a cuáles exactamente.
Ante esto, los maestros integrantes de la Comisión Política de la Sección 22 de la CNTE dieron un plazo de 24 horas al gobierno de Gabino Cué para el traslado a los profesores, ya que no han percibido ningún tipo de proceso que indique y garantice dicha acción. Agregaron que actualmente los acuerdos los que tienen con las autoridades, ninguno ha tenido respuesta.
Sobre este punto, el investigador social, especialista en luchas magisteriales y reformas educativas en América Latina, Wenceslao Montes, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, “el que exista un traslado a su lugar de origen no es ningún logro, les da a las familias mayor posibilidad de movimiento y acción, pero también hay que recordar que se enfrentan a un gobernador represor, uno de los brazos violentos del PRI que puntualmente al gremio magisterial lo ha combatido en forma abierta y directa.
Hoy toca ante dicha decisión presionar a las dependencias y exhibir su comportamiento para con los maestros y su proceso jurídico, que la sociedad a través de medios libres conozca y confirme que los maestros son víctimas de la represión del Estado de la cual ningún mexicano, rico o pobre, se manifieste o no, está exento”.
Asegura que en los próximos días lo determinante será que se escuche la voz de todos los familiares y del gremio magisterial, que exista apertura para aceptar las pruebas contundentes que demuestran la manera ilegal en que fueron detenidos y la fabricación de delitos que no tienen sustento.
Montes agrega que, este grupo de maestros hoy merecen la solidaridad del pueblo, ya que representan las acciones a las que el Estado se encuentra dispuesto a llegar con tal de privatizar cualquier elemento que le beneficie a las clases desprotegidas, porque puede generar ingresos particulares para las altas cúpulas de poder de imponerles un alto costo. “Si ya ha sido declarado por una autoridad la ventaja está de lado de los maestros, quienes deben difundir cualquier anomalía en el traslado de sus compañeros y en su estancia, no dejar escondida ninguna violación a sus derechos humanos”, comenta el especialista.
En octubre de 2015 la versión oficial, transmitida a los medios de comunicación, versó en que la Procuraduría General de la República (PGR) “cumplió las órdenes de aprehensión en contra de Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”. La dependencia vinculó a los detenidos con delitos federales, entre otros, como vandalismo, toma de instalaciones y robo de “miles” de libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Sin embargo, los testimonios de las familias de los maestros dan cuenta de una realidad lejana a la expuesta por las autoridades, y cuyas palabras son respaldadas por decenas de testigos que además de presenciar los hechos, en los cuatros distintos escenarios, también padecieron la violencia de las detenciones en algunos casos.
En cuanto a la aprehensión del maestro Juan Carlos Orozco Matus, se dio pasada la media noche, cuando dormía. “Un grupo de hombres armados, vestidos de civiles y no identificados, llegaron a la colonia intimidando a los vecinos, al mismo tiempo que observaban el perímetro y a quienes viven a lado de la casa de mi hermano. A ellos les advirtieron que no intentaran hacer algo, porque había llegado por una persona en específico. Estos hombres saltaron la barda para poder entrar en el domicilio de mi hermano. Siendo su esposa, Yadira Sánchez, quien los descubriera.
Cuando la vieron, los hombres le dijeron que habían llegado por Juan Carlos, quien salió en ese momento y les pidió que se identificaran y explicaran por qué habían entrado de esa manera tan violenta su domicilio y encañonado a los vecinos. No le dieron explicación alguna, en ningún momento le mostraron ninguna orden de aprehensión y lo detuvieron en forma violenta, cuando Yadira quien tenía en ese momento cinco meses de embarazo, hizo un intento porque soltaran a mi hermano, le pusieron un arma en un costado de su vientre, todo esto frente a sus hijas de seis y cuatro años. Por lo que mi hermano prefirió que se lo llevaran detenido, pidió le permitieran cambiarse de ropa, pero no lo hicieron y con violencia lo sacaron del lugar, sin decir a dónde lo llevarían, así lo desaparecieron durante varias horas”, narra a Revolución TRESPUNTOCERO José Luis Orozco Matus, hermano del maestro, quien hoy continúa en el Altiplano.
Los familiares de Juan Carlos Orozco Matus se movilizaron a la PGR de Salina Cruz, Oaxaca, esperando encontrarlo ahí, en tanto solicitaron un amparo de no traslado a otro estado. De los cuatro maestros sus familias no supieron nada, hasta que los vieron en televisión al día siguiente, “el gobierno los exhibió en los medios de comunicación diciendo que los había detenido por varios delitos. En el caso de mi hermano lo inculparon de haber bloqueado la refinería de Salina Cruz y por el bloqueo al INE de Tehuantepec”, comenta José Luis.
Una de las inconsistencias que no logran explicarse, es por qué precisamente ellos fueron detenidos, cuando en dichos bloqueos hubo una concentración de miles de maestros, quienes se manifestaron contra la calificada reforma educativa. Los familiares tampoco consideran justo que se encuentren en un penal de máxima seguridad del Estado de México, “cuando deberían estar en un penal cercano a su hogar, pero los siguen manteniendo lejos, negando su traslado porque aun cuando ya se giró orden para que vuelvan a Oaxaca, el gobierno del estado había dado el falso argumento que no hay espacios en las cárceles”, explica José Luis.
Sobre la problemática, el Maestro Noé García Ortiz, Asesor de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, “el hecho que no hayan permanecido o trasladados de inmediato a un penal cercano a sus hogares y a sus familias, son muestras de medidas burocráticas que atentan contra la libertad de los profesores; las autoridades mientras son cuidadosas del debido proceso en el caso de El Chapo Guzmán, montando todo un escenario mediático y evitan afectar sus derechos humanos, además que se le permite tener una serie de bufetes de abogados a su disposición, pagados con dinero del narcotráfico, a los maestros no se les permite una defensa digna, a ellos sí se les aplica todo el rigor de la ley, en tanto que no cuentan con esos recursos para una defensa adecuada.
Así es como producto de subterfugios y chicanadas lo siguen manteniendo presos, aunque sea evidente que es una arbitrariedad, que al mismo tiempo funge como un escarmiento para la sociedad. Los maestros no son ningunos delincuentes, no han cometido ningún delito, pero han sido usados como advertencia que el gobierno no permitirá ninguna incidencia en ese sentido, ni al magisterio, ni a la sociedad”.
García Ortiz agrega que los cuatro maestros convertidos en presos políticos, han sido víctimas de la arbitrariedad de un secretario de educación que desea imponer a sangre y fuego evaluaciones punitivas que por ninguna razón benefician a la educación.
“Al hacerlos presos de conciencia envían un mensaje intimidatorio al estilo de un grupo mafioso para que nadie que se oponga a la actual política educativa y tampoco emita un comentario desfavorable; se trata de sojuzgar y acallar cualquier inconformidad, se da a entender que cualquier opinión contraria será reprimida y remitida a los penales”, afirma García Ortiz.
La maestra argentina Clarisa Fernández, perteneciente a la Corriente Nacional 9 de Abril, quienes en 2013 se pronunciaron por medio de un video externando su apoyo a los docentes mexicanos en su rechazo a la llamada Reforma educativa, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que “la represión es la carta con la que ha jugado siempre el gobierno mexicano. De lado de los maestros siempre han estado los ideales y la lucha social que no decae, que sigue y se mantiene, aunque intenten acallarlos por medio del miedo. Es por esto que mientras exista un gobierno oligárquico cercano a los intereses privatizadores de empresarios, la indignación debe recorrer las escuelas, a los alumnos, a los padres y docentes, encargados de no dejar pasar las políticas capitalistas que buscan el beneficio para una pequeña clase burguesa, mientras intentan convertir a una niñez de escasos recursos en obreros mal pagados por medio de la extinción de la educación pública”.
Asegura que los maestros presos son producto del cinismo de políticos que sin la menor vergüenza, aumentan sus haberes hasta cinco veces más que los docentes y a ellos los meten presos por pedir mejoras en el nivel de programas educativos, salarios e infraestructura. “Los políticos que presionan para imponer la incorrecta reforma, no se ruborizan al criticar a los maestros, cuando son ellos quienes no invierten en educación, no les da pena llamar delincuentes a los maestros, cuando son ellos quienes fabrican los delitos y usan la ley para afectar a quien lucha por mejorar la docencia en un país hostigado por la derecha”.
En tanto, el maestro Rosalino Orozco, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que “el culpable del retroceso del educación es el mismo gobierno, porque nosotros como maestros cumplimos con planes y programas que éste ordena crear. La SEP es la que los elabora, sin realizar cambios que realmente aporten beneficios al alumno. Nosotros hemos tratado como magisterio de mejorar la calidad de la educación, sin recibir colaboración del gobierno.
Pero seguiremos manteniendo este movimiento que lleva más de 30 años en la lucha, y como resultado se nos seguirá viendo como un peligro para la privatización de la educación, lo cual al mismo tiempo demuestra que peligroso es el gobierno, que no tiene la capacidad para implementar una reforma educativa real, que incluya a los actores principales que son los docentes, ya que eso solamente afectaría sus intereses; hoy Peña Nieto busca tener el dominio del sindicato para poder despedir a todos aquellos que estén en contra de su mandato y de su reforma”.
Con lo anterior coincide la maestra, Liz Antonia Montaño, esposa del Maestro Othón Nazariega
Del vehículo se bajó grupo de hombres vestidos con ropa de civil, sin ningún tipo de placa patearon el portón, cuando pudieron entrar amagaron con armas largas y cortas a las personas que viven en esa casa, los maestros que estaban esperando también fueron amenazados. Othón salió del sanitario y al verlo, los hombres armados lo golpearon, aunque él les pedía se identificaran”.
Al maestro Othón le respondieron que no tenían porque hacerlo y “la orden era llevárselo”, le advirtieron que de poner resistencia, a las personas que estaban en ese domicilio les podía suceder “algo”. Mientras era trasladado uno de los maestros preguntó a dónde sería trasladado, la respuesta vino de uno de los agresores, quien cortó cartucho y con palabras obscenas le dijo que valía más que siguiera arrodillado porque podía padecer las consecuencias.
Montaño asegura que a su esposo le suspendieron el salario que percibía como docente y a ella, aunque sigue dando clases, desde noviembre pasado dejó de recibirlo, sin que exista una explicación por parte de la SEP. La pensión alimenticia para sus hijos también fue suspendida y denuncia que ha padecido hostigamiento, hechos que en conjunto han afectado su estado emocional y salud física, así como la de sus hijos, principalmente el mayor de 14 años, quien tuvo una recaída derivado de la afectación oftalmológica que padece.
“Yo le exigiría al gobierno federal justicia; tienen que dejarlos libres porque son defensores de la educación, de los menores y de todos los trabajadores de la enseñanza; y respeto, porque si podemos pensar y expresar lo que sentimos merecemos que se nos deje libres de hacerlo”, afirma Montaño.
En el caso del maestro Othon su familia pagó una fianza de 32 mil pesos por el supuesto delito de daño a una zona militar, sin embargo el Ministerio Público Federal apeló ya que argumenta “no merece esa caución porque lo han calificado como una persona de alta peligrosidad, que no merecen ningún tipo de fianza porque le hace daño a la sociedad”, comentó Montaño.
Por su parte Beatriz Picaso Pérez, hermana del maestro Efrén Picaso Flores, declara a Revolución TRESPUNTOCERO que “como familiares tenemos la necesidad de atender y de intervenir en el proceso de liberación de los nuestros, por ello debemos evidenciar todas las injusticias y las violaciones a sus derechos humanos y a la debida defensa; tenemos que caminar exigiendo la intervención de los diferentes organismos tanto locales, como federales y por supuesto al saber que existen entes internacionales que nos pueden apoyar haremos uso de esta posibilidad” en referencia a su reciente visita a la ONU, donde solicitaron apoyo para la liberación de los cuatro maestros, aunque hasta el momento han preferido mantener en forma privada las conclusiones de dicha reunión.
La maestra Beatriz, asegura que “desde el momento en que supimos de la detención de mi hermano, y la forma en que sucedió nos devastó como familia. Efrén iba acompañado de otro familiar, ellos estaban siendo perseguidos en un vehículo el cual después de unos minutos se cruzó y bloqueó su camino, de esa camioneta bajaron personas altas y robustas; a mi hermano y a mi otro familiar les impactó la manera violenta en que se acercaron hacia ellos y les apuntan con amas largas, para después comenzar a golpearlos y empujarlos hacia la camioneta.
Durante el traslado sufrieron agresiones físicas y psicológicas. Estas últimas eran frases donde les hacían saber que ‘ya les había llegado su hora’, ‘ya no iban a vivir para contarlo’, que ‘iban a pagar todo lo que habían hecho por estar de revoltosos’, todo esto con palabras altisonantes. Pero no nos enteramos de algo más porque a mi otro familiar lo bajaron en un lugar desolado y oscuro donde prácticamente no había nada, pasada ya la media noche”.
Como en los otros tres casos, la familia del maestro Efrén supo de su ubicación cuando los medios de comunicación transmitieron las imágenes de su traslado al penal del Altiplano. “A él le han prefabricado delitos del fuero común y del fuero federal. Por cometer acciones que han sido decisiones de todo un gremio magisterial, políticas que se acuerdan y se construyen en espacios propios de movimiento. Efrén desempeña un cargo dentro de la estructura política como auxiliar de organización. A él le correspondía brindar la información, coordinar y organizar a una parte de la base trabajadora, pero bajo el mandato de la asamblea estatal, él no fue el único que se movilizó, él no fue único que realizó las actividades, pero justamente a él lo seleccionaron para ser detenido y encarcelado en esa forma”, explica Beatriz.
Al maestro Efrén, lo acusaron de robar libros de texto gratuito y por considerarse un delito federal lo enviaron a un penal de máxima seguridad. “Cuando la realidad es que el propósito de la sección fue recuperar ese material que estaban resguardados y en manos de la sección 59, un sindicato para nosotros nos reconocido, que además tenían los textos en una casa particular que utilizaban como bodega, cuando en las escuelas se necesitaban los libros para el proceso educativo de los alumnos”, da a conocer Beatriz, hecho que liberaría de dicho cargo al docente, pero que las autoridades se niegan a investigar.
“Nosotros constatamos que el propósito fue la recuperación de esos libros, jamás el robo. Porque en ningún momento se fueron a recuperar para venderlos. Nosotros como garantes de la educación sabemos que los libros son un material de trabajo tanto para el alumno, como para el maestro, el objetivo era que se entregarán a los niños de Oaxaca.
Ante los hechos, éste ha sido un proceso complejo, las emociones nos invaden pensando a diario en qué condiciones se encuentran nuestros familiares, nos angustia, nos preocupa, nos duele y nos indigna que profesores preparados, todos ellos con dos licenciaturas, maestrías y más de 20 años de servicio dedicado completamente a la educación, por defender la educación, los derechos laborales y sindicales, ante la implementación de una reforma no educativa, tengan el perfil para estar privados de su libertad”, declara Beatriz. Quien también afirma que pese a la presión laboral, Oaxaca se sigue movilizando; “yo pregunto ¿Acaso ellos eran el movimiento? ¿Acaso ellos son el enemigo de los gobiernos? Aunque ellos están injustamente presos seguimos viendo como camina esta lucha”.
García Ortiz, señala que en los actos arbitrarios cometidos en contra de los maestros, los dirigentes del SNTE no se pronuncian a favor de ellos, porque “han sido domesticados y subordinados por el gobierno federal, ellos saben que de no ser anuentes con toda la política educativa su camino sería el mismo que el de Elba Esther: la cárcel. El papel que juegan es el de la complicidad para que se les garantice la impunidad en el manejo de las cuotas sindicales, y de los recursos extra legales que les hace llegar la SEP, además también tiene otra serie de ingresos que fueron construyendo a lo largo del cacicazgo de Elba Esther, es por ello que guardan silencio ante la arbitrariedad de la autoridad educativa”.
Añade que “en lo que resta del sexenio vamos a asistir a dos tipos de comportamiento: por un lado Nuño quiere ser el candidato a la presidencia de la República y por eso quiso generar o construirse una imagen de un secretario enérgico, al que no le tiembla la mano para llevar a cabo las reformas que los grupos oligárquicos solicitan y por ello está aplicando este tipo de medidas represivas, pero no puede construir una candidatura sobre la base de la intransigencia y la represión y entonces vemos el otro comportamiento, donde empieza a suavizar las medidas.
Que se visualizan al posponer la aplicación de las evaluaciones a los alumnos mediante la prueba enlace y al desempeño docente, ambas programadas para los meses de febrero a mayo y postergándolas hasta el mes de noviembre, esperando no modifique su decisión ya que se enfrentaría a procesos de concentración cada vez más violentos”.
García Ortiz reitera que Nuño usará dos caminos, uno conlleva a la represión y violencia contra grupos muy focalizados, particularmente en la disidencia y otro a dar marcha atrás en algunos puntos de la reforma, “será una política doble a la cual nos enfrentaremos, la simulación y modificación. Esto es lo que nos hace ver que no tenemos un secretario de educación idóneo, no es apto para la función educativa y en realidad si aplicáramos los mismos parámetros resultaría con un desempeño deficiente en la función que hoy dice desempeñar”.
Hoy los familiares de los cuatro maestros siguen pronunciándose por medio de manifestaciones y la vía legal, bajo el argumento que se están violentando los derechos del debido proceso de la defensa y específicamente lo evidencian con el desacato a las órdenes de traslado emitidas por un juez federal, documentos que se emitieron desde diciembre pasado y el más reciente en enero de este año, pero siguen sin cumplir las autoridades estatales de Oaxaca, ya que el pronunciamiento que “serán” trasladados, no se ha visto reflejado en una acción inmediata.
“Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, desde el momento de su detención, hasta su traslado al Altiplano, han padecido distintas violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo han preferido callar aunque las evidencias marcadas en sus cuerpos no han podido ser escondidas, incluso puede que ellos sigan siendo hostigados, esa es una de las maneras en que la presidencia descarga su odio contra un gremio que por décadas ha decidido enfrentar al mismo verdugo, un PRIANISMO enfermo de poder y dinero, que es capaz de seguir vendiendo y privatizando hasta la última micra de país, sin que le importe la vida de millones de mexicanos”, sentencia el Doctor en derecho Allan Lara.
Quien a su vez asegura que por el simple hecho de haber sido detenidos arbitrariamente, con violencia y daños a terceros, quienes deberían estar siendo juzgados son los hombres que los agredieron al momento de levantarlos. “Porque en una democracia, este tipo de argumentos que han dado las autoridades en su contra, son simplemente infundados, por lo tanto no habría delito que perseguir, ellos deberían estar demandando a la PGR por mentir y dañarlos física, emocional y moralmente, con pruebas desde su indigna detención, exhibirlos en los medios de comunicación y poner en entredicho su honorabilidad.
Pero estamos en México, un país donde un corrupto es presidente y un obrero, un maestro y un estudiante son los enemigos públicos que merecen ir a penales de máxima seguridad, con daños por tortura física y psicológica”, afirma Lara.
Juana García, continúa cuestionándose “por qué le tienen tanto miedo y odio a los maestros, si ellos nada más defienden los derechos humanos y laborales. El gobierno habla de derechos y defensa del pueblo, pero eso es mentira, en este país cualquier delincuente con millones puedes ser libre rápidamente, pero nosotros no tenemos dinero, somos pobres, los estudios que hicieron nuestros hijos, fueron con mucho sacrificio, ellos estudiaron mientras trabajaban, así se prepararon para enseñar, no para que ahora los tengan encerrados.
Yo quisiera que se sepa que si algo le llega pasar a mi hijo o a mí, los responsables son los gobiernos, tanto federal como estatal, los culpo porque están actuando erróneamente y en nuestra contra, a ellos los están incriminando porque son pobres, porque no tenemos el dinero para poder defenderlos. Este no es mi primer viaje ya lo he hecho en varias ocasiones y físicamente me afecta en gran manera, pero seguiré luchando por la libertad de los maestros”.
