(19 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Aquel 2014, Romeo esperaba afuera del Hospital de la Mujer, ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, estuvo nervioso durante varias horas, porque cada vez más, se acercaba el nacimiento de su hija.
Las horas pasaban, nadie le daba ningún tipo de informe y tampoco sabía en qué momento podría ver a su esposa e hija. Dos días después, le entregaron el cadáver de Susana, su pareja, y a una bebé sin limpiar.
No le dieron explicaciones. Omitieron decirle que la habían atendido sin la premura que requería el caso, que la dejaron desnuda en una camilla expuesta a la vista del personal y de los pacientes, que le sacaron la vesícula sin su consentimiento.
Al siguiente año, en marzo de 2015, Patricia se preparaba para tener a su primer hija de dos que habían planeado ya con su pareja Rodrigo. El parto sería natural y aseguró a Revolución TRESPUNTOCERO que su embarazo fue saludable por lo que creía que no habría problema alguno.
“Entré al IMSS por la madrugada, no me atendieron amablemente, porque siempre ha existido en esas instituciones un dejo de machismo por parte del personal médico, parece que las embarazadas en algunos casos damos asco, pero tampoco hubo algún tipo de confrontación.
Después del parto salí del hospital feliz con mi hija y mi esposo, poco después, algunos meses después, fui a una revisión por un malestar, lo hice con un médico particular, quien me envió a realizar estudios, una cosa llevó a la otra y así fue como me enteré que me habían hecho un procedimiento para no poder volver a tener hijos”, comentó Patricia, quien al recordar los hechos ha vuelto a llorar.
Ella asegura que no planea interponer ningún tipo de denuncia, pues afirma que podría ser víctima de represalias tanto por parte del IMSS, como de la empresa donde trabaja, ya que “estoy segura que presionarían a mis jefes para que me detengan en cualquier acción y ellos me amenazarían con correrme, lo cual sería otro problema, lo que me hicieron fue un hecho inhumano, pero no puedo hacer mucho”.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), ha dado a conocer a este medio, que en México, cuando las mujeres embarazadas llegan a los hospitales están en alto riesgo de ser maltratadas verbal o físicamente. Que debe ser reconocida como violencia obstétrica, la cual también se manifiesta como negación de tratamiento, indiferencia ante solicitudes o reclamos, regaños, burlas, ironías, decisiones médicas sobre el parto que se toman sin su consentimiento, hasta esterilizaciones forzadas.
Tal es el caso de Mildren, quien no podía salir del hospital si no se ponía un dispositivo intrauterino, el único anticonceptivo disponible, aún cuando tenía pocas horas de haber tenido a su bebé y su cuerpo no se había recuperado.
En el caso de Rosa, después de haber perdido el embarazo de 15 semanas le dijeron que “ya estaba muy vieja para tener hijos”, pero cuando pidió orientación para usar un método anticonceptivo, le respondieron en forma obscena. En el Estado de México, a Verónica, por exigir sus derechos durante el parto, los médicos y enfermeras le retrasaron la atención y se burlaron de ella, a tal grado, que perdió a su bebé.
“A esa violencia se exponen más de 6 mil 800 mexicanas al día, pues México registra alrededor de 2 millones 500 mil nacimientos anuales”, da a conocer GIRE. “No se trata solamente de crear leyes y encarcelar, si es que se llega a un juicio sin irregularidades que demuestre la culpabilidad de un médico o enfermera, sino de crear políticas públicas obligatorias que prevengan este tipo de actos inhumanos, que muchas veces matan a las familias, las separan, sin que les importe.
Se deben crear programas donde se inculque que de manera espontánea siempre se lleven a cabo los partos humanizados, asistencia médica adecuada durante el proceso, evitar el recurso excesivo a las operaciones cesáreas y respetar la decisión de la mujer así como sus necesidades específicas y preferencias culturales.
Bajo la idea que ‘le hice un bien, no podrá mantener hijos’, que generalmente lo aplican en las indígenas, se ha devastado a las mujeres, porque muchas veces es un acto malintencionado y no una manera de ‘ayudar’ (por demás sádica). Si se busca hablar de una procreación planeada, entonces hablemos de políticas y programas de salud, hablemos de concientizar, crear la cultura de la planificación, invertir en ello ideas, recursos económicos y proyectos, pero jamás dañando a un ser humano”, afirmó a este medio la socióloga Brenda Collado, especialista en casos de violación obstétrica.
GIRE, explicó que “el camino de la criminalización también exime a las instituciones de salud de su obligación de contar con la infraestructura y el material necesario para atender adecuadamente a las mujeres, así como de la capacitación y sensibilización que deben promover entre todo el personal.
El desabasto de anticonceptivos, la sobresaturación de los hospitales y el alto número de cesáreas son asuntos que debe resolver el Estado como parte de un problema integral en la atención de salud”.
Y aseguró que la violencia obstétrica es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. “La violencia obstétrica no debe verse como normal, hecho que en México sucede constantemente, incluso por parte de las mismas víctimas que por miedo, el cual es razonable debido al enfoque generalmente machista de las autoridades, lo mantienen en secreto.
Pero el omitir estas acciones consideradas violaciones a derechos humanos, negará la posibilidad de evitar que las enfermeras o personal médico griten, ridiculicen o ignoren a los pacientes y evadan las opiniones de la mujeres que está a punto de dar a luz. Un elemento más que se puede considerarse como violencia obstétrica se da cuando se altera el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas que aceleren el nacimiento sin el consentimiento de la madre, el parto vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural y la inadecuada atención a emergencias obstétricas”, detalló Collado.
En México no existe aún ningún tipo de procedimiento que asegure que las víctimas de violencia obstétrica tengan reparación integral del daño, “cuando esto sucede es porque la familia o la agredida, se atreve a seguir un proceso, generalmente de la mano de una organización no gubernamental, por lo contrario difícilmente logrará que exista respuesta”, declaró la socióloga.
En cuanto a los datos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no brinda información sobre el número de quejas presentadas ante su contraloría interna; el ISSSTE recibió 60 quejas por malos tratos y negligencia médica contra mujeres en el marco de la atención al parto y 33 por violencia obstétrica (93 en total).
Según información recabada, la Secretaría de Salud locales, recibió un total de 216 quejas por negligencia y 266 por violencia obstétrica. Las entidades que registran más denuncias son Guerrero (174), Morelos (108) y Distrito Federal (36). Estados como Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Chiapas no tienen información sobre el número de denuncias presentadas ante sus respectivas controlarías internas.
