(22 de febrero. 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- 63 cuerpos de los 65 que murieron en la mina de carbón 8, en Pasta de Conchos perteneciente a la empresa Grupo México, no han podido ser devueltos a sus familias.
Desde 2006 – año en que este terrible evento ocurrió- se supo de qué lado estaba el gobierno federal. Elvira Martínez Espinosa, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz, exigió la cancelación de la concesión a Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, y aunque se hizo el ‘compromiso’ “el gobierno de Vicente Fox, lejos de cumplirlo le otorgó a la empresa que preside el magnate Germán Larrea Mota-Velasco, cuatro concesiones mineras más en la región, entre junio y septiembre del mismo año, concediéndole la explotación de más de mil hectáreas de subsuelo”, recuerda una investigación de Apro.
La misma investigación señala que en ese año, cuando Felipe Calderón tomó el mando, a petición de Grupo México se presentó el peritaje llamado “Evaluación de las Operaciones de Recuperación en la Mina de Pasta de Conchos y Resultados de los Futuros Esfuerzos de Recuperación”, elaborado por el experto D.G. Wooton, hace unos días el medio Vanguardia ha difundió una copia.
En dicho informe se dice que “El nivel de agua cubre el área donde las víctimas estaban trabajando, resultando que el agua ha estado en contacto con los cuerpos en descomposición(…) No obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas, incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. Esta exposición puede suponer severos riesgos a la salud al personal de la mina, a sus familias o a la comunidad entera”. Este fue el argumento para no sacar los cuerpos de la mina.
Como lo informó Revolución TRESPUNTOCERO, ante ello, la directora de la organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach Benavides, señaló que en todas las minas hay sobrevivientes y “las explosiones de gas no rondan por la mina buscando mineros. Tienen su propia trayectoria y su propia lógica de acuerdo a la física, no a la voluntad de Grupo México”. Entonces, dijo, sí hubo sobrevivientes, “ellos los dejaron ahí y esa es su responsabilidad, esa es la razón por la que no quieren hacer el rescate”.
A diez años, la justicia no llega pero tampoco cesa su búsqueda: la organización Familia Pasta de Conchos ha documentado numerosos casos de accidentes laborales en la zona carbonífera de Coahuila. Desde lo ocurrido, se han vuelto una especie de observadores de las condiciones de las mineras en la zona. Como lo ha señalado Peace Brigades Interational (PBI), organización internacional registrada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y vigilante de derechos humanos, “por el trabajo que desempeñan, integrantes de la organización se han visto amenazados y hostigados en numerosas ocasiones. Cristina Auerbach, su directora, ya ha sido golpeada, amenazada, y difamada. Debido a su alto nivel de riesgo, le han sido otorgadas medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y fue recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una audiencia donde ilustró la situación de defensoras de derechos de las mujeres y del medio ambiente”.
Según una investigación de Apro, en Coahuila “siguen operando los ‘pocitos’ de forma ilegal; no tienen manifiesto de impacto ambiental, y algunos carecen también de autorización de uso de suelo”. Y se cita el caso ocurrido el 13 de marzo de 2015 una de las intervenciones de la Familia de Pasta de Conchos ocurrió en unas cuevas de dos pisos que resultaron ser de Antonio Nerio, escarbadas en las paredes de un tajo abandonado sobre la concesión Unificación 57 (título 235767) de Grupo México.
“El lugar era deplorable. Ni ademes ni vigas. Una cartulina escrita a mano recomendaba no encender cerillos ni fuego, junto a un extintor y una camilla armada con palos y un retazo de tela negra. Fue esa la primera intervención de las que ahora acompañan con una patrulla de la Policía Federal, para que atestigüe que no roban, pues los empresarios han acusado a los deudos.
Ayer, familiares de las víctimas se manifestaron a las afueras de la CNDH y aseguraron que que debido a intereses económicos por extraer carbón, diversas personas y empresas excavan nuevas minas, hoyos, horadaciones y tajos a 10 y 20 metros de las viviendas, lo que representa un peligro para las familias. De igual manera, le hicieron saber de agresiones violentas de grupos de provocadores, hombres y mujeres, que dicen ser enviados por quienes controlan las minas y que actúan con la connivencia de las autoridades.
Entre estas agresiones, sobresale el caso de un ex minero quien aseguró que su hijo fue detenido y golpeado por elementos policiales, lo que tuvo por resultado la pérdida de la vida; ante este hecho, denunció la inactividad de las autoridades para esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables.
Según un comunicado de la comisión, el Ombudsman nacional recogió los testimonios y planteamientos sobre las nuevas quejas presentadas y ofreció que serán estudiadas por la CNDH para darles el trámite que corresponda; asimismo, dada la situación que impera en diversas zonas de la entidad, se implementarán acciones de educación y difusión de los derechos humanos.
