(22 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Robos, narcotráfico, secuestros, homicidios y casos de tortura tomaron por asalto desde octubre pasado a la ciudad de Tapachula, Chiapas, considerada la principal base económica de la entidad. En lo que va del trienio, los ciudadanos han asistido a una incontenible ola de violencia, en la que el presidente municipal Neftalí del Toro Guzmán, abanderado por el PVEM-PRI y quien llegó al cargo en medio de cuestionamientos sobre su ‘supuesto triunfo’, no se ha pronunciado y tampoco ha presentado un programa de políticas públicas que proteja a la sociedad civil, de delitos mortales, afirman distintas organizaciones civiles.
Los casos más sobresalientes de la entidad se relacionan con el secuestro, tortura y homicidio presentes en una misma víctima. En noviembre pasado, Sósimo Villalobos Cruz, maestro y exdirigente de la CNTE en Chiapas, fue secuestrado, para después ser torturado por sus plagiarios y enterrado en el patio de una casa, en la misma ciudad. La familia aseguró que pagó su rescate, pero ya no pudieron salvarlo y fue solamente “valiéndose de sus contactos”, que consiguieron que las autoridades (estatales) les prestaran atención al hecho, ya que en lo local no lograron ningún apoyo.
En lo que va de febrero, una joven profesora, de nombre Nancy Elizabeth Barrios, fue secuestrada mientras se dirigía a su centro de trabajo, aproximadamente a las dos de la tarde, aunque la familia se movilizó para pedir ayuda a las autoridades, la versión oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas fue que ella no estaba secuestrada y viajó “por propia voluntad” a Veracruz, sitio donde fue ubicada luego de una exhaustiva búsqueda de sus familiares.
“Es ilógico que ella se haya ido sin ropa, sin dinero. Una mujer no viaja así. En todo caso deberán probar en qué carro particular o línea de autobuses se fue. No se le ha escuchado en declaración”, dijo un familiar a los medios. “Además si la hallaron las autoridades chiapanecas en Veracruz por qué la entregaron allá y no en Chiapas, cuando fue aquí donde desapareció”, indicó el familiar.
“Resultado de las indagatorias, se logró ubicar a Barrios González en el estado de Veracruz, hasta donde viajó por su propia voluntad”, precisa el comunicado que añade que actualmente la joven se encuentra de vuelta con sus familiares, sana y a salvo. “Declaraciones cínicas como esta solamente dan cuesta del tipo de autoridades estatales y municipales que tenemos; estamos catalogados como una de las ciudades más inseguras del país, pero nadie lo ha mencionado de manera abierta, aunque eso no significa que lo vivamos a diario.
Las policías municipales en su mayoría se encuentran coludidas con las bandas delincuenciales, teniendo como principales fuentes de delitos en contra de la sociedad, el narcomenudeo, la trata de personas, los secuestros, los homicidios dolosos y los robos en vía pública donde menores de cinco años son los asaltantes.
Este último caso es un fenómeno que se desató en este 2016, sin que la presidencia municipal se pronuncie, si bien es cierto comenzaron a hacer rondines por las principales colonias catalogadas como focos rojos o posibles focos rojos, esto ni es suficiente, ni da tranquilidad, dicho programa fue implementado por el estado, Priista- ‘Ecologista’ Neftalí del Toro, sigue sin darle la cara a los tapachultecos, sigue sin pronunciarse”, asevera a este medio la politóloga Azáreth Noriega y analista de seguridad en la Frontera Sur y Norte.
Uno de los feminicidios más cruentos, que ha dejado en la sociedad civil de dicho municipio mayor temor y desconfianza en las autoridades, es el de una mujer de poco más de 30 años de edad, quien fue asesinada, luego que los culpables entraran a su domicilio y la torturaran. La víctima fue amarrada de pies y manos, golpeada, para después colocarle una bolsa de plástico en la cabeza, falleciendo a causa de la asfixia, según reportaron las autoridades, hasta el momento las investigaciones no han arrojado ninguna respuesta.
A estos hechos se suma el de los grupos delincuenciales integrados por menores de edad, con edad que van de los seis a los 17 años, quienes se dedican al robo a mano armada de transeúntes, vehículos y viviendas, así como extorsión y asesinatos, según explica el líder de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Soconusco (COCES), Francisco Aranda Tinajero.
“Este tipo de circunstancias alarmantes no solamente tienen relación con familias disfuncionales o desintegración, sino con la nula protección a niños migrantes quienes son usados para delinquir, y los menores ya establecidos en Tapachula que también realizan este tipo de delitos son en su mayoría, provenientes de familias centroamericanas que se establecieron en la ciudad bajo condiciones de pobreza y pobreza extrema, dejando a los menores expuestos a las drogas.
“Hoy Tapachula ha dejado de ser nada más un paso de drogas, para convertirse en una de las ciudades donde existe un alto consumo de distintas sustancias ilícitas. Las bandas de menores se caracterizan por tener entre 18 y 20 miembros, los cuales son regenteados por un adulto o un grupo de adultos, pero también por adolescentes, que se encargan de identificar las zonas y a las víctimas potenciales, según investigaciones de organizaciones, no del Ayuntamiento”, explica Noriega.
Los principales focos rojos son las colonias donde habitan los damnificados del huracán Stan y zonas donde la pobreza extrema obliga a vivir en sitios construidos de cartón y plástico, ahí es donde se encuentran los menores de edad que se sienten necesitados y por lo tanto atraídos por el dinero, así es como los recluta el crimen organizado.
En los asaltos, muchas víctimas han sido heridos de gravedad, derivado del nerviosismo de los menores de edad, que portan armas blancas, varillas o chimbas (arma de fuego de fabricación artesanal). Según COCES, “son pandillas que roban desde una cadena, un carro, se meten a las viviendas o los negocios y a su paso también han violado a mujeres” y agregan que las autoridades locales no solamente maquillan las cifras que genera la inseguridad, sino que ocultan que ahora incluso menores conforman a la delincuencia de la ciudad fronteriza.
La COCES también ha denunciado que en el Centro Tutelar no hay menores siendo rehabilitados, ya que ese lugar estaba siendo utilizado como cárcel para mujeres, bajo la explicación que las instalaciones de ellas se había inundado. Según cifras, en la Frontera Sur, 4 de cada 10 niños ya se inició en el consumo de algún tipo de droga y derivado de esto participa en delitos.
“La COCES también ha denunciado aparatos de fabricación casera. Uno es el put-away (quitar y poner), con el que se pueden destapar botellas de cervezas o licores, con el propósito de adulterarlos y aun cuando se destapen las botellas frente a los clientes ya de nada sirve. Recientemente se dio a conocer que los menores de dichas bandas también los usan, para inhalar crack.
“Con esto pueden estar inmiscuidos adultos que tengan acceso a las bebidas, los menores esperan afuera de los antros y fiestas a las víctimas a quienes ante el mareo o desmayo pueden ser asaltadas o abusadas sexualmente. El hoy presidente municipal de Tapachula, cuando estuvo en campaña gastó más en propaganda para que los ciudadanos nos encontráramos
Lo cierto es, y muchos analistas políticos locales y especialistas en seguridad reconocen que a la llegada de este político del PRI-PVEM, aumentó la delincuencia, pero lo más lamentable es que la permisibilidad por parte del Ayuntamiento se percibe abiertamente”, comenta Noriega.
