Por: Natalia Antezana
Tw: @natalia3_0
La juventud en América Latina es el sector más vulnerado y afectado por la violencia, ya que, entre otros factores, al estar en una etapa de formación, es más factible que sean coptados por núcleos violentos. Por otro lado, es un sector en la población que está abandonado por las instituciones gubernamentales: el acceso a la educación pública es cada vez más restringido y el mercado laboral les cierra las puertas o les paga salarios míseros.
Las muertes de jóvenes son una problemática latente en el cotidiano mundial, y más aquellos que se producen de forma violenta, como es el caso de los homicidios. Según la organización AlertAmérica, se entiende por homicidio doloso al “acto de ocasionar deliberadamente la muerte de una persona”, y en México existe una tasa de 19.5 por cada 100000 jóvenes entre 15 y 24 años.
México ocupa el tercer lugar en asesinatos de jóvenes en América Latina. Se calcula que existe un promedio anual de 4,500 jóvenes asesinados en todo el país, al año 2008, según el Estudio “Violencia Juvenil en América Latina”. Esta cifra ha ido incrementando de la mano con los índices de violencia que se han suscitado en los años siguientes. Como ejemplo podemos ver que la tasa de asesinatos jóvenes en el 2005 era de 10.4 por cada 100 mil la cual incrementó casi un 50 por ciento al año 2011.
Cuando uno analiza las cifras a nivel mundial, se presenta un panorama alarmante cuando se comparan con la realidad mexicana. AlertAmérica afirma que la tasa de homicidios dolosos a nivel mundial es de 6.9 por cada 100,000 habitantes y en América es de 15.5 por cada 100,000 habitantes. Con estos datos podemos ver que los homicidios de gente joven en México rebasan por mucho.
También se puede observar que la línea que plasma los homicidios dolosos, va en ascendente desde el año 2007.
Otra problemática latente y lamentable, es el abuso de poder de las autoridades y las instituciones policiacas o de defensa, ya que es “evidente la permanencia de prácticas de tortura y abuso de poder por parte de los cuerpos policiacos”, se señala en el estudio ya citado.
Es es provocado en gran medida, por el abandono de las instituciones con respecto a la seguridad ciudadana en todos sus ámbitos, por lo tanto, se deja esta tarea únicamente a la policía, según José Vicente Tavares.
Según la investigadora Úrsula Alanis, los jóvenes “son víctimas de este fenómeno de violencia y no ven distinción entre la generada por la policía (o las fuerzas del orden) y la que se genera por los grupos de crimen organizado”.
México afronta la mayor crisis de violencia registrada en las últimas décadas, incluso, nos atreveríamos a decir, que por la coyuntura, es la mayor en los últimos 80 años.
El combate al crimen organizado, que se estableció como una política de legitimación, dio prioridad a la detención de narcotraficantes, en vez de generar una estrategia integral de recomposición social e institucional, lo cual generó miles de muertos, desaparecidos y desplazados.
Al no ser las fuerzas policiales los suficientemente capaces de combatir este problema, se desplegó al ejército como estrategia, y aunado a eso, México no cuenta con un aparato de justicia a la medida de las circunstancias, ni de éstas ni de ningunas. Es un sistema de justicia corruptible y que no tienen un “una estrategia de priorización de casos: los mismos recursos se utilizan para resolver un robo de celular que un secuestro”, se señala en un reporte del CIDAC.
Esta ola de violencia, entre otras cosas, provoca una gran cantidad de jóvenes desplazados, que, al sufrir esa condición, pueden enrolarse en grupos y fuerzas armadas más fácilmente, ya que “son abandonados a su suerte en entornos desconocidos”, según Sarah Maguire. Y esto lo único que genera es un círculo vicioso de violencia.
También existen casos de jóvenes que tuvieron que salir del país por ser perseguidos por el crimen organizado, en unos casos, y en otros, por las mismas fuerzas del orden.
Por lo tanto, es fundamental que las instituciones gubernamentales generen una estrategia integral dirigida a la población juvenil, diseñada en mayor medida para las y los jóvenes que se encuentran en peligro o son más vulnerables por la violencia.
