(06 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Según ha dado a conocer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas A.C., el Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con “grave preocupación” informaciones, sobre malos tratos, tortura e incomunicación en contra del señor Marlín Manuel López Lizcano, quien se encuentraba recluido en el Centro de Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 15 en San Cristóbal de Las Casas (CERSS No. 5), Chiapas, hasta su liberación mediante amparo por falta de pruebas en su contra el pasado 1 de marzo.
De acuerdo con las información del Frayba, el 14 de febrero de 2016, López Lizcano había recibido la visita de su pareja, en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 17 (CERSS No. 17), en el municipio de Catazajá, Chiapas, cuando agentes policiales con uniforme de color gris y que portaban insignias que los identificaban como el grupo táctico “Lobos” de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ingresaron a la habitación, sometieron y golpearon a Lizcano enfrente de su pareja y se lo llevaron del lugar.
Después de los hechos, en las siguientes horas, los familiares solicitaron información al director del Cereso No. 17 sobre la situación de salud y el paradero de Lizcano, pero las autoridades les negaron la información. Ante esta situación, los familiares presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por lo que personal del organismo acudió a las instalaciones del CERSS No. 17, pero tampoco ellos pudieron obtener información sobre la situación de López Lizcano ni haberlo podido ver.
López Lizcano estuvo incomunicado hasta el 17 de febrero de 2016. En ese tiempo, según las informaciones recibidas, fue trasladado, junto con otros cuatro internos, al Centro Estatal Preventivo Número Uno “El Canelo”, ubicado en Chiapa de Corzo, Chiapas. Durante el traslado, los “Lobos”, le pusieron una pistola de toques cerca del rostro, mientras otros custodios le dispararon, le golpearon la cabeza, lo insultaron y amenazaron. Ya en el Centro Preventivo, López Lizcano fue sometido a un interrogatorio durante el cual nuevamente fue golpeado y amenazado, incluyendo golpes en la espalda y tentativas de asfixia con una sábana, con el fin de obtener una declaración autoinculpatoria acerca de su participación en el movimiento de drogas dentro de los centros penitenciarios.
Posteriormente, el 15 de febrero, él y los otros cuatro reclusos fueron trasladados al CERSS No. 5 en San Cristóbal de Las Casas, donde los dejaron en una celda sin luz y con aproximadamente dos centrímetros de agua en el suelo. López Lizcano fue diagnosticado “policontundido y con posible fractura del 10 arco costal derecho” por un doctor independiente que accedió al CERSS No. 5 con integrantes del Frayba el 17 de febrero de 2016.
Ante los hechos, el Secretariado Internacional de la OMCT manifestó su seria preocupación por las denuncias de tortura y malos tratos realizados en contra de Marlín Manuel López Lizcano durante el periodo de incomunicación, y recuerda que la práctica de la detención en secreto facilita la ocurrencia de dichos delitos.
Asimismo, la OMCT urge a las autoridades mexicanas competentes a que investiguen de forma inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial los actos de tortura y las otras violaciones a las garantías procesales de las personas privadas de libertad descritas con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.
En un documento dirigido al Estado mexicano, la OMCT pidió a las autoridades que con urgencia garanticen la seguridad y la integridad física y psicológica de Marlín Manuel López Lizcano; lleven a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los actos denunciados y que el resultado de la investigación se haga público con el fin que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.
Hasta el momento López no ha tenido algún indicio de justicia, ya que la autoridades siguen manteniéndose reacias a desarrollar una investigación en torno a los hechos y seguir el procedimiento que la OMCT pide.
