(13 de marzo, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- La mañana del domingo 6 de marzo, Gustavo Castro Soto -activista y defensor de derechos humanos mexicano- fue interceptado por autoridades hondureñas en el puente migratorio del Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa, Honduras mientras intentaba abordar el avión que lo regresaría a México.
Gustavo fue testigo del asesinato de la también activista guatemalteca Berta Cáceres, quien fue ultimada la madrugada del pasado 3 de marzo. El crimen ocurrió en su casa ubicada en La Esperanza Intibucá, Honduras. Los asesinos de la ecologista, atacaron también a Castro Soto (quien se encontraba en el inmueble) y fue dado por muerto por los agresores.
Luego de estos hechos, defensores de derechos humanos y organizaciones como Otros Mundos Chiapas, Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero (M4), protestaron contra el crimen de Cáceres y exigieron medidas de seguridad y protección para el activista Gustavo Castro, quien se encontraba impartiendo talleres en Honduras.
Luego que se denunció el impedimento de salir del país, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, emitió un comunicado donde ‘explicó’cuáles eran las razones para retener a Castro:
“A las 8:30 de la noche del sábado 5 de marzo de 2016, el Juzgado Primero de Letras de Intibucá emitió una medida de permanencia en el país, para efectos de brindar declaración ante las autoridades competentes.
La Embajada de México en Honduras, fue informada de esta medida a las 9:19 p.m. horas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, para hacer del conocimiento al ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto.
El Instituto Nacional de Migración de Honduras, registró en su sistema a las 10:59 p.m. horas del sábado 5 de marzo, la medida de permanencia en el país al señor Gustavo Castro Soto, por lo que la misma fue establecida por los agentes migratorios en la mañana del domingo 6 de marzo cuando el ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto, iniciaría el retorno a su país de origen por el Aeropuerto Internacional de Toncontín, quien alrededor de las 5:00 a.m. horas, fue notificado oficialmente sobre los alcances de la medida de permanencia por el Ministerio Público, en presencia de la Embajadora y el Cónsul General de México”.
La organización Otros mundos no ha cesado de exigir protección al activista. Luego que hace un par de días, la jueza Victorina Flores del Juzgado Primero de Letras de resolviera no revocar la Alerta Migratoria que obliga a Gustavo Castro a permanecer en Honduras 30 días más y que incluso suspendió en sus funciones a la abogada de Gustavo Castro por 15 días, emitió un comunicado exigiendo al Gobierno mexicano que el defensor permanezca en la Embajada de México en Honduras bajo protección todo el tiempo que sea obligado a permanecer en el país. También que eleve las acciones necesarias para que Gustavo Castro salga lo antes posible del país.
Han denunciado las irregularidades, entre ellas, que a la fecha, Gustavo Castro no cuenta con el acta de decisión judicial que le especifique esta decisión.
“La medida (estar retenido en Honduras) es innecesaria, porque Gustavo Castro ha hecho todo el proceso judicial solicitado y porque aún en caso de requerir más declaraciones es completamente legal y viable que lo realice desde suelo mexicano”, denuncian.
Y agregan que la jueza se ha negado a entregar las declaratorias y diligencias donde Gustavo Castro ha participado, así como las solicitudes por escrito de sus requerimientos y tampoco el documento de suspensión de la abogada.
Estas irregularidades, sotienen, persisten a pesar de que múltiples instancias internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) se han pronunciado sobre el riesgo que corre la vida de Gustavo Castro mientras permanezca en Honduras y han señalado y exigido su inmediata salida a México, la justicia de Honduras ha decidido no atender el llamado de los organismos internacionales con los que Honduras tiene Convenios y es parte.
“El proceso judicial ha estado caracterizado por la violación de los derechos humanos y garantías procesales de Gustavo Castro y su familia como: largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a sus fotocopias de todas las diligencias, la falta de asistencia médica y psicológica como víctima de un delito grave, la retención de sus pertenencias y sobre todo la prohibición de salir del país, medida que vale mencionar, la propia jueza del caso reconoce en su resolución como no prevista para testigos.
La organización acusa que la jueza ‘carece de la adecuada motivación y confunde los hechos’, pues “indica que éste incumplió una citación que Gustavo nunca tuvo por recibida cuando se suscitó el incidente del aeropuerto, ya que en dicho hecho las autoridades policiales y fiscales se limitaron a impedir su salida sin hacerle entrega alguna de citación. Aduce que incurrió en el delito de desobediencia y que podría haber librado una orden de captura”, señalan.
Por su parte, el día de hoy, Dolores Jiménez, embajadora de México en Honduras, calificó como un “hecho objetivo” el riesgo que el activista corre permaneciendo en el país sudamericano y aseguró que la cancillería “ha puesto empeño en lograr que el ambientalista pueda regresar al país lo más pronto posible”. A pesar que el gobierno hondureño no ha dado una respuesta por escrito, se espera que el activista regrese a México antes de que expire el plazo de 30 días que le fue fijada.
