(15 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ante el clima de riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos humanos en Chihuahua, más de 20 organizaciones que trabajan en esta entidad del norte del país exigieron al gobierno federal activar una alerta temprana, en aras de prevenir posibles agresiones.
A través de un documento dirigido al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, las organizaciones detallaron que desde hace varios años las agresiones han sido un fenómeno latente en la entidad. Recordaron que tan sólo del 2009 al 2016 se han documentado 19 asesinatos de defensores en el estado.
Destacaron que debido a la violencia y las violaciones graves a los derechos humanos, se ha consolidado un movimiento social fuerte que ha hecho frente a la problemática. Sin embargo, dijeron, a la par se han enfrentado contra un contexto de persecución, agresiones, acoso y hostigamiento, lo que ha posicionado al Estado como uno de los más agresivos para defensores.
“La situación que se vive en Chihuahua es conocida tanto por autoridades como por diversas instancias internacionales de protección a los DDHH. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que ‘Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de los cinco entidades con el mayor número de reportes de agresiones en contra de defensoras y defensores.”
Las OSC manifestaron que la labor emprendida por los defensores representa un riesgo importante. Señalaron que el clima de persecución, además de asesinatos ha contemplado desapariciones y amenazas.
“Además de los 19 casos de defensores de DDHH asesinados, se suman las amenazas, las desapariciones, allanamientos de oficinas, agresiones, daños; varias familias completas relacionadas con defensores y periodistas se han visto obligadas a solicitar asilo político en otros países para salvar su vida y decenas de defensores y defensoras se encuentran desplazadas de sus comunidades por el riesgo en que se encuentra”, apuntaron.
Aunado a lo anterior enfatizaron que el estado de Chihuahua se ha convertido en el estado que cuenta con el mayor número de medidas de protección a favor de defensores. Precisaron que a la fecha más de 80 personas y colectivos cuentan con medidas de protección de instancias como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-CoIDH).
“De 2008 a la fecha la CIDH ha emitido 47 medidas cautelares, de las cuales 20 corresponden apara defensores de DDHH en México; de esta cifra el 30% son del estado de Chihuahua (…) junto con Guerrero, Chihuahua es el estado con más medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana para personas defensoras de derechos humanos en riesgo.”
Además del clima de agresiones, las organizaciones denunciaron que la impunidad en torno a los ataques en contra de defensores es una constante. Manifestaron que las autoridades no investigan las agresiones, por lo que los responsables no reciben castigo por los actos.
“La impunidad posibilita que estas agresiones se vuelvan a repetir sin que haya una consecuencia para las personas agresoras”, dijeron.
Las OSC subrayaron que el temor a nuevas agresiones se presenta debido a que diversas organizaciones se encuentran en batallas legales, lo que podría originar atentados. Además de que la presencia del crimen organizado y la violencia ha aumentado en el estado.
De manera particular explicaron que en los últimos meses se han registrado una serie de hechos en contra de defensores, los cuales han sido denunciados ante las autoridades. Dijeron que estos incidentes se relacionan con organizaciones u personas que se encuentran en litigios “contra personas o empresas poderosas”.
“En estos casos se encuentran Estela Ángela Mondragón y varios integrantes del Ejido Baqueachi; el equipo de la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC); del equipo de Alianza Sierra Madre; y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Es decir, la exigencia de justicia pone en mayor riesgo a las personas defensoras de derechos humanos así como las personas y colectivos que representa.”
Además de estos hechos, las OSC reportaron que se han presentado diversas agresiones en contra de defensores a pesar que cuentan con medidas de protección. Señalaron que entre los hechos se encuentra el asesinato del hijo del activista Julián Carrillo Martínez.
“Se han registrado serios incidentes que han puesto en riesgo la vida, integridad, y seguridad de las personas bajo protección especial, como lo demuestra el hecho que varias personas beneficiarias de medidas cautelares se han desplazado forzadamente por estar en peligro, como el caso de Ángela Ayala y la familia Sánchez; también se ha registrado el asesinato de Víctor Carrillo, hijo de Julián Carillo Martínez (beneficiario del Mecanismo de protección”, explicaron.
Las organizaciones señalaron que en este contexto de agresiones y hostigamiento, se insertan una serie de campañas de desprestigio orquestadas desde instancias oficiales.
“Vale recordar que, ante la falta de reacción por parte de las autoridades estatales, las personas defensoras de derechos humanos hemos tenido que acudir a instancias nacionales e internacionales de protección a derechos humanos. Esta presión es la que ha servido para visibilizar la responsabilidad de las autoridades de Chihuahua cuando atacan directamente o no protegen nuestra labor”, apuntaron.
Ante este escenario, las OSC exigieron la activación de medidas de prevención. La petición se fundamenta en los artículos 41 y 43 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Dado el contexto actual, estimamos fundamental que se adopten medidas preventivas que desincentiven futuras agresiones u obstaculizaciones a la labor informativa y de defensa de derechos humanos. (Por ello, exigimos) emita a la brevedad la alerta temprana prevista en la Ley de Protección para defensores.”
Cabe mencionar que algunas de las organizaciones firmantes de la solicitud son: la Alianza Sierra Madre, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, El Barzón Chihuahua, la Red por la Participación ciudadana, entre otros más.
