(24 de Marzo, 2016).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que concrete la visita del relator especial de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michael Forst.
La CNDH ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de que México esté abierto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos.
La visita ya había sido pospuesta en 2015 y el mismo relator especial solicitó desde octubre pasado que la invitación se concretara entre el 18 y 29 de abril de 2016. No obstante, el gobierno mexicano ha cancelado estas fechas sin fijar todavía alguna otra.
Forst señaló que visitaría estados como Chihuahua y Puebla, además de que abordaría el tema de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) también tiene previsto presentar el informe final de su segundo mandato como coadyuvante en las investigaciones del caso Iguala. El periodo del GIEI concluye el 30 de abril.
Funcionarios de la CNDH señalaron que los organismos internacionales deben ser vistos como instancias complementarias, subsidiarias de las instituciones nacionales, nunca sustitutivas. Incluso, destacaron que una tarea prioritaria de la actual presidencia de la CNDH ha sido precisamente intensificar su relación y colaboración con dichos organismos.
Organismos como Amnistía Internacional solicitaron al Estado mexicano la necesidad de concretar la visita al país.
De acuerdo con el diario La Jornada, para estas organizaciones es de trascendental importancia, debido al clima de violencia y criminalización que viven las y los defensores de derechos humanos en México, y que durante varios años han documentado incidentes de agresión y criminalización en contra de este grupo de personas.
La CNDH reportó que de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015 se han registrado 25 homicidios contra defensoras y defensores de derechos humanos y tres desapariciones desde 2009 a la fecha. Chihuahua, Guerrero y Oaxaca son las entidades con mayor número de agravios cometidos en contra de activistas, incluyendo los homicidios.
