Por: Zazil Carreras
Twitter: @ZazCarreras3_0
En 1850 se descubren los fundos de carbón de El Hondo y Santa Rosa, en el norte de Coahuila. Su explotación inició hasta el año 1884, para suministro de carbón de ferrocarriles y la incipiente industria siderúrgica, con la apertura de la emblemática Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey (FUMOSA, 5 de mayo de 1900).
La tragedia de Pasta de Conchos no surgió de la nada: fue la consecuencia más visible de una serie de descuidos históricos efectuados por los gobiernos locales y federales, que dejaron en el abandono las garantías de seguridad y los derechos humanos de los mineros, a cambio de la explotación de carbón.
En 1934, el Gobierno Federal creó la Comisión para el Fomento Minero (COFOMI), articulada a Nacional Financiera (NAFINSA) y en el año de 1937 es creada la Comisión Federal de Electricidad, empresa dedicada a la producción de energía eléctrica para las empresas monopólicas canadienses hasta el año de 1949, cuando esta empresa se nacionaliza.
Antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, en 1944, se crea Altos Hornos de México (AHMSA) como parte del Modelo Económico de Sustitución de Importaciones, modelo adquirido por los países participantes en dicha guerra.
A partir de 1960, se inicia el período de nacionalización de sectores estratégicos, entre ellos la minería del carbón.
En 1970, bajo SIDERMEX, se consolidaron las empresas estatales del ramo siderúrgico: SICARTSA, FUMOSA y AHMSA. La COFOMI apoyó financieramente la construcción de “pocitos” como el modelo de producción de bajo costo para suministrar carbón a AHMSA.
Una década después, con la implementación del modelo neoliberal que dio origen a cierres y privatizaciones, desapareció SIDERMEX con la venta de AHMSA y el cierre de FUMOSA en el año de 1986. En este mismo año cesó la fundición de zinc en Industrial Minera México (IMMSA) en Nueva Rosita, Coahuila, situación que generó el desempleo de miles de mineros.
En 1987, la región carbonífera rompió el récord de producción anual de carbón, hecho que nunca antes había sucedido. El motivo es simple: en este año inició el Programa de Compra de Carbón a Pequeños Productores, que no es otra cosa más que la compra de carbón a propietarios de túneles precarios que se cavan para obtener carbón.
En estos túneles, denominados “pocitos” por su profundidad y diseño, los mineros extraen el carbón sostenidos solamente por una cuerda de vida, sin la posibilidad de llevar consigo oxígeno, o incluso sistemas de ubicación para que –en caso de un accidente- puedan ser ubicados, debido a la estrechez de los mismos túneles.
Esta política fue la solución que el estado implementó para contener el desempleo generado en la región carbonífera y es a partir de este momento en el que las vidas de los mineros y la seguridad social de ellos y sus familias se colocó muy por debajo de los intereses empresariales y económicos, tanto de particulares como del gobierno.
El último golpe de políticas mineras que se dio a esta región fue en el año de 1999, cuando el Gobierno del Estado de Coahuila firmó con la CFE el Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Región Carbonífera.
Este programa consiste en la compre del carbón metalúrgico de los pocitos para la carboeléctrica Carbón II. 43% de este carbón es adquirido a la empresa CIMSA-MICARE, mientras que el 47% se adquiere con pequeños y medianos productores (propietarios de pocitos), el 10% restante es carbón de importación que cumple la función de reducir ceniza y azufre e incrementar el poder calorífico para la producción de energía eléctrica.
Esto quiere decir que el 47% del carbón que se emplea para la generación de energía eléctrica en el país no es el carbón adecuado para este efecto, pues se emplea carbón metalúrgico para uso térmico.
CFE paga este carbón a los poceros por encima del precio internacional, lo que no significa mejores condiciones para los mineros mexicanos respecto a las condiciones laborales y sociales con las que este sector trabaja en otros países, pero sí supone un sobrecosto debido a que las calderas requieren un mayor mantenimiento debido al uso inadecuado del carbón, costo que pagan todos los mexicanos en el precio de la electricidad.
La primera tragedia en minas de carbón en Coahuila se registró con la explosión en la mina El Hondo, en 1887, donde fallecieron más de 300 mineros, la mayoría de origen chino. Con el paso del tiempo, este se convertiría en el único siniestro en la historia de la región carbonífera de Coahuila en el que no se rescataron los cuerpos de los mineros, hasta el 19 de febrero de 2006, cuando una explosión derrumbó un tramo de socavón en la explotación carbonífera de Pasta de Conchos.
Esta explosión causó la muerte de 65 mineros que se encontraban en el interior. En los días siguientes Industrial Minera México (Grupo México), empresa propietaria de la mina, y el gobierno de Vicente Fox, ocultaron y distorsionaron la información sobre lo que ocurría bajo la superficie terrestre, obstaculizaron varios intentos de mineros nacionales y especialistas internacionales por rescatar a los mineros atrapados.
Desde entonces, el gobierno de Fox y el de su sucesor, Felipe Calderón, hicieron cuanto pudieron por encubrir lo que se ha ido revelando como un crimen industrial con complicidades en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Grupo México omitió en repetidas ocasiones la observancia de las medidas de seguridad prescritas por esa dependencia federal en cuanto al estado precario en el que se encontraba Pasta de Conchos, a esto se suma la negligencia por parte de la STPS al abstenerse de obligar a la empresa a establecer dichas medidas.
Por otra parte, una vez que fue evidente que las víctimas del accidente no podían estar con vida, ya sea porque murieran en la explosión, o porque quedaran atrapadas sin poder salir y sin que fueran rescatadas, Grupo México intentó acallar a los deudos ofreciéndoles indemnizaciones por cantidades miserables.
Muchos de los mineros no estaban dados de alta como trabajadores de la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y quienes estaban, aparecían con sueldos menores a los que recibían, por lo que de acuerdo con los tabuladores del instituto, tenían derecho a pensiones menores. En algunos de los casos, las viudas o dependientes de los mineros muertos reciben una cantidad mensual de 2 mil pesos, cuando las familias se componen en ocasiones por más de tres miembros.
A siete años de la tragedia, no se ha realizado una investigación seria para esclarecer y deslindar las responsabilidades en que incurrieron los directivos de la empresa y los funcionarios públicos que encubrieron las negligencias de la particular.
Los deudos de las víctimas siguen esperando justicia y, como cada año, el 19 de febrero viajaron a la Ciudad de México a exigir el rescate de los cuerpos y, además, hacer evidentes las prácticas de riesgo extremado e innecesario que siguen siendo comunes en la minería mexicana, impulsadas por la desmedida avaricia de los inversionistas y administradores y por la ineficacia y la falta de voluntad de las autoridades.
La situación de desamparo en la región carbonífera no ha cambiado desde ese entonces a la fecha.
En el año 2003 (3 años antes de la tragedia) se creó la Promotora para el Desarrollo Minero (PRODEMI), como un organismo descentralizado del Gobierno de Coahuila para la comercialización en CFE.
A diez años de la creación de PRODEMI, los estándares de vida en la región carbonífera van a la baja y existe una incontenible mortandad de mineros a causa de siniestros, en su mayoría en pocitos. Existe gran opacidad en el manejo de los recursos que deben ser reinvertidos para el desarrollo económico regional y han hecho de este organismo un lastre que impide precisamente que la minería del carbón sea un detonador de la economía local.
En el listado definitivo de empresas que tienen o tendrán contrato, dado a conocer en 2012, se asigna un total de 2,500,700 toneladas a 71 empresas, pero sin detallar cómo obtienen o en qué minas extraen las 799,300 toneladas restantes para cumplir con el contrato ante CFE por 3,300,000 toneladas.
Actualmente operan 48 empresas extractivas de carbón, como contratistas de las 71 empresas que ya tienen contratos; algunas de éstas 71, sirven también como contratistas, a su vez, de otras empresas que ya tienen contrato, generando un ciclo de corruptelas puesto que en los accidentes de los últimos años, los mineros siniestrados o sus deudos no tienen a quién solicitar los derechos correspondientes, puesto que no pueden comprobar qué empresa los había contratado.
Algunas empresas con contratos entregan carbón extraído en los pocitos de otras empresas mineras y cuando muere un minero en ellos, denuncian post mortem que su lote había sido invadido, pero no denuncian a las empresas que continúan extrayendo su carbón como es el caso de Industrial Minera México, de Grupo México, responsable de lo ocurrido en Pasta de Conchos.
En 13 años de historia, jamás se ha transparentado el destino de los recursos obtenidos. PRODEMI registrará anualmente por ventas del carbón a CFE, aproximadamente, 3,135 millones de pesos, de los cuales, se desconoce para qué o en qué se invierten cuando menos, de 475 mdp derivados de la retención por tonelada comprada a los productores; o de la extracción y venta de su propio carbón.
De las 71 empresas que están sujetas a una posible renovación de contrato, 9 no tienen registro patronal, 23 no tienen trabajadores registrados en el IMSS y 18 tienen menos de 15 trabajadores (número mínimo para operar un pocito).
En resumen, 38 de 65 muestran cuando menos una irregularidad legal grave, y sin embargo, el Gobierno del Estado les pretende renovar y/o asignar contratos.
De las 39 restantes, 37 empresas fueron sancionadas por violaciones a las Normas de Seguridad e Higiene, de Capacitación y Adiestramiento y/o de Condiciones Generales de Trabajo.
En otras palabras, 69 de las 71 empresas incumplen con sus obligaciones patronales para salvaguardar la vida, la integridad física y la salud de sus trabajadores, y aun así, suministran carbón a PRODEMI.
Desde lo sucedido en Pasta de Conchos han muerto 94 mineros en diferentes siniestros, mientras que muchos más presentan secuelas permanentes causadas por siniestros graves, que les impiden volver a trabajar. Durante el año 2012, la Dirección General de Minas, por la presión derivada de los siniestros, canceló por primera vez en la historia de la región y del país dos concesiones mineras y aplicó 40 suspensiones para obras en lotes mineros por no cumplir con las normas de seguridad e higiene.
A pesar de estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila jamás ha dictado una sentencia condenatoria por la muerte de los mineros en la historia de la minería del carbón; y en la mayoría de los casos, ni siquiera se abren las averiguaciones previas.
En la región carbonífera continúa sin sancionarse de forma eficaz el trabajo infantil; cuando menos 10 empresas con contratos, utilizan mano de obra proveída por niños o jóvenes menores de edad. Ni siquiera en los casos de dominio público como el de BINSA (2011) y el de Minera Díaz (2012), las empresas han sido sancionadas.
Alfonso Navarrete Prida, nuevo titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sostuvo un diálogo con representantes de Familia Pasta de Conchos el día 7 de febrero. Se comprometió a solicitar a la PGR un nuevo peritaje y la búsqueda de una mayor certeza sobre la factibilidad de ingresar a Pasta de Conchos y rescatar los restos para mayor consuelo de las familias, sin que hasta el día de hoy, a un mes de dicha reunión, se tenga una fecha cierta para la realización de tal peritaje.
Padres, esposas, hijos, hermanos y amigos de los mineros caídos viajaron a la Ciudad de México el día 18 de febrero, y Ricardo García Cervantes, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, recibió de ellos el oficio OS/057/13, dirigido al Procurador General de la República, en el cual solicitaron la realización del peritaje para el rescate de cuerpos y la solución integral al problema que aqueja a la región carbonífera, a los mineros y a sus familias.
El rescate de los cuerpos atrapados en la mina ya no es suficiente, existe una necesidad más apremiante: evitar más muertes de mineros en Coahuila, generar mejores condiciones laborales para ellos y que se respeten los derechos humanos de ellos y sus familias.
Rescatar a los vivos, para honrar a los muertos no es sólo la nueva consigna de Familia Pasta de Conchos: es la reivindicación de una de las regiones más productivas del país que vive en el desamparo producido por las autoridades e incluso por la sociedad que muchas veces olvida a quienes trabajan con mínimas garantías, poniendo en riesgo su vida, en el centro de la tierra.
